En Aguascalientes, la transparencia es una farsa.

 

En Aguascalientes, la transparencia es una farsa.

Cuando la ley se convierte en trámite humillante y nadie dice nada.

Rodolfo Herrera Charolet

¡Es un escándalo que clama al cielo! El gobierno municipal de Aguascalientes, encabezado por Leonardo Montañez, ha convertido la transparencia pública en una burla cínica. Oculta sistemáticamente los montos de 46 de los 63 contratos del segundo trimestre de 2025: un 73 por ciento. No parece un simple descuido. Configura, a juicio de quien esto escribe, una violación flagrante a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, vigente desde 2015 y reforzada en 2021 precisamente para que esa información esté al alcance de un clic.

En lugar de cumplir, el Ayuntamiento obliga a los ciudadanos a presentar solicitudes formales ante el Área Jurídica solo para obtener copias digitales de documentos que por ley deberían ser públicos. Esa barrera no se explica solo por burocracia torpe. Los documentos disponibles permiten concluir que opera como un obstáculo deliberado. El portal, actualizado de manera deficiente hasta el 4 de julio de 2025, reserva datos esenciales bajo pretextos endebles.

 La norma federal exige formatos abiertos, PDF o XLS, sin costo extra ni ventanilla. Aquí se impone el trámite presencial que dilata, cansa y disuade.

El Ayuntamiento podrá responder que la información se entrega a quien la pide y que los contratos se celebraron con empresas legalmente constituidas. Eso no basta. La ley no exige que el ciudadano haga fila para conocer montos que debieron publicarse de oficio. Expedientes como el GMA-016-2025 ofrecen descripciones vagas e incompletas. Así no se fiscaliza. Así se dificulta cualquier escrutinio serio.

Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta institucional. Queda pendiente el derecho de réplica.

Adjudicaciones millonarias a una empresa de tres mil pesos

En abril de 2025 el Ayuntamiento adjudicó 32 millones 725 mil 850 pesos a Unicornio Industria de Alimentos S. de R.L. de C.V. (RFC UIA220504T42) para despensas destinadas a 50 mil beneficiarios de Desarrollo Social. Una empresa constituida en 2022 con capital social de apenas 3 mil pesos y sin historial comparable en licitaciones de esa escala. El domicilio que reporta —calle Olivo 300, Manzana 5 Lote 10, Parque Industrial Tecate, Baja California— corresponde en realidad a otra razón social, GEODESECO S.A. de C.V. Pura coincidencia, dirán algunos.

El 3 de junio le otorgaron otro contrato, el GMA-14-2025, por un millón 949 mil 948 pesos en papel higiénico, más despensas y leche. Curiosamente, el número consecutivo de este contrato posterior es anterior al otorgado en abril, lo que sugiere un desorden documental o una posible manipulación de folios. Irregularidad administrativa menor, si uno es generoso. Insulto a la inteligencia ciudadana, si uno es honesto.

La simulación más grotesca

Unicornio fue absorbida en marzo de 2025 por el conglomerado Grupo Cimarrón Holding. El 99 por ciento de las acciones se vendió por 2 mil 970 pesos. El 1 por ciento restante —una sola acción— por 30 pesos a Proyectos Grupo Cimarrón. Ni el costo del papel del protocolo notarial. Ninguna de las compradoras aparece con claridad en consultas oficiales de la Secretaría de Economía.

La empresa se constituyó el 4 de mayo de 2022 en Ensenada, Baja California, con objeto social tan amplio que puede facturar casi cualquier cosa. Capital fijo: 3 mil pesos. Los protocolos posteriores, protocolizados en Chihuahua, autorizan la cesión total de partes sociales. Los accionistas originales —Teodoro Octavio Martínez Ruiz y su padre Teodoro Martínez Ramos— aparecen ligados a Grupo Cimarrón TMR. Los papeles muestran una operación societaria de valor simbólico para una empresa que, meses después, recibe decenas de millones del erario. Eso no prueba por sí solo un delito. Sí obliga a preguntar cómo se acreditó solvencia real.

Leonardo Montañez llegó en 2021 prometiendo transparencia total. Su administración acumula observaciones de la Auditoría Superior del Estado precisamente en contrataciones. El Ayuntamiento sigue anunciando “actualizaciones” sin plazos. A la luz de los documentos públicos, la opacidad persiste.

Los ciudadanos de Aguascalientes merecen auditorías externas independientes al programa de despensas y revisión forense de los protocolos notariales. ¿Transparencia en el municipio? Una promesa que los documentos no sostienen. ¿Licitaciones justas con empresas de capital mínimo? Los números, por ahora, no convencen.

¿O no lo cree usted?