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Se oponen al aumento en copias fotostáticas de expedientes

Ante aumentos de hasta 400 por ciento en las copias simples y certificadas, así como nuevos cobros por expedientes electrónicos y más trámites burocráticos para acceder a  documentos, que entraron en vigor este año en el Poder Judicial del Estado de Puebla, los abogados poblanos recurrieron al amparo.

Se trata de un recurso interpuesto el pasado 28 de marzo desde el Ilustre Colegio Nacional de Abogados Constitucionalistas (ICNAC) A. C., que busca  echar abajo las disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2019.

En el pasado, recordó el presidente de la organización Raymundo Reyes Escobar, ya lograron que en Ciudad Judicial no operaran los parquímetros que afectaban su actividad laboral y ahora buscan que se realicen cobros con tarifas comerciales y con menos burocracia, pues esas medidas afectan el acceso a la justicia.

El año pasado, explicó, el precio de los dos tipos de copias era máximo de un peso, dependiendo de si se sacaban en la capital o el interior del estado; si el material de juicios orales se entregaba electrónicamente sólo había que llevar un disco.

Sin embargo, con lo previsto en la ley de ingresos de este año, las copias simples cuestan dos pesos; las certificadas, cuatro, y en el caso de los archivos digitales les cobran 50 pesos por disco con información.

A eso, agrega, se suma que, mientras en 2018 el pago y la entrega de copias era casi inmediato, ahora deben justificar fichas de pago ante ventanillas de la Secretaría de Finanzas y Administración, situación todavía más complicada al interior del estado pues implica regresar al día siguiente.

"Todos se ven afectados: denuncias penales, familiares, mercantiles; de todas las áreas acá en Ciudad Judicial tenemos la afectación,  en todos  los municipios.

"Porque también en los municipios, si quieres sacar una copia tienes que regresar dos veces, cuando antes la sacabas en un día, y ahora tienes que dar doble vuelta, hacer doble gasto y eso se lo cobras a tu cliente", explicó.

Por poner ejemplos de lo que un abogado puede llegar a gastar en copias, Reyes Escobar explicó que los expedientes pueden ir de las 100 a las 5 mil hojas y que la media ronda en expedientes de 600, pero con información por los dos lados.

Si bien están dispuestos a pagar, agregó, consideran que los precios deben ser similares a los que se hacen en las papelerías y que van de los 25 a los 50 centavos con todo y ganancia considerada para el proveedor.

Asimismo consideran importante que exista transparencia sobre el monto y el destino de los recursos que ingresan al Poder Judicial del Estado de Puebla con esos cobros.

Al comparar la situación que ahora se vive en Puebla frente a otros estados, abogados del ICNAC de estados como Zacatecas, Tlaxcala y Quintana Roo les han hecho ver que los costos en sus entidades son mucho más elevados y que en su momento debieron buscar poner freno como ahora se intenta hacer en Puebla.

"A los abogados y a toda la gente nos han acostumbrado a que  te aumentan un peso, dos pesos, 10 pesos y siempre nos quedamos callados.

"Pero nosotros decimos: no podemos quedarnos ni callados, ni ciegos, ni obedientes en estos momentos en los que lo que ganas no alcanza lo suficiente y está afectando a tu bolsillo, al de los clientes", dijo Reyes Escobar.

Además del tema del amparo por los costos excesivos en copias, otro proyecto que tienen en Puebla es la presentación de una propuesta para coadyuvar con autoridades municipales para municipalizar el servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad.

Poder Judicial


Relacionan a funcionario del Poder Judicial con explotación sexual de menores 

2013-09-08 | Un funcionario del Poder Judicial figura entre los clientes que se encontraban dentro del "hotel" de la 12 Poniente número 110 del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, que fue cateado la noche del viernes por personal de la Procuraduría General de la República (PGR), ante la denuncia de explotación y trata de personas, rescatándose a 17 mujeres, entre ellas 3 menores de edad; reveló Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unid@s vs Trata A. C. a través de su cuenta oficial de twitter: ?@rosiorozco.

Este medio adelantó que en dicho operativo, realizado al filo de las 20 horas empleando 30 elementos de la Policía Ministerial Federal y agentes del Ministerio Público de la Federación, habían sido detenidas 4 personas, entre ellas 3 hombres y una mujer, que eran los encargados de este negocio disfrazado de compra-venta de chatarra, pero que en realidad adentro era un hotel de paso donde se explotaba sexualmente a mujeres, entre las que se localizaron 3 menores de edad de las 17 que había "trabajando".

Sin embargo, el cateo duró toda la noche y parte del día sábado, saltando al aire la noticia que difundió a las 17:30 horas la ex legisladora federal a través de su cuenta de twitter, donde reveló lo siguiente:

(SIC) "Acaban de rescatar a 17 víctimas en Puebla c FEVIMTRA. Un funcionario del Poder Judicial infraganti de cliente, CON RAZÓN FALTAN SENTENCIAS".

Seguido de este mensaje envió otro con su característico sello cuando anuncia una buena noticia: (SIC) "OH HAPPY DAY x 17 valiosas vidas rescatadas INDIGNACIÓN x funcionario del Poder Judicial q estaba en ese momento como Cliente: EXPLOTADOR".

La activista de esta forma reveló que había en el momento del operativo un funcionario del Poder Judicial, como cliente al que calificó de "explotador".

Además dejó entrever que la acción de la justicia federal obedeció a investigaciones de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) dependencia de la PGR que arribó directamente desde la ciudad de México.

La activista ha expuesto que existe el número 01800 5533 0000, para presentar denuncias sobre explotación o trata de personas, para lo cual se tiene en esa línea telefónica disponible a cerca de 40 psicólogos sensibles, 24 horas al día respondiendo los llamados.


Lleva a cabo PGJ jornada cultural y plática sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal en la sierra norte de Puebla
2013-09-01 | La Procuraduría General de Justicia (PGJ) a través de la Fiscalía General Jurídica de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, llevó a cabo una jornada cultural en la sierra norte del estado de Puebla, ello como parte de las actividades organizadas en el marco del mes de la Interculturalidad, en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebró el pasado 9 de agosto.


Como tercera sede de actividades, la Procuraduría de Justicia visitó el municipio de Naupan, población de origen Náhuatl, cuya lengua y tradiciones son las de mayor arraigo en la entidad poblana al representar un 60% de la población indígena en el estado.

En representación de Víctor Antonio Carrancá Bourget, procurador General de Justicia, Manuel Bautista Ramírez, Director General de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, exhortó a presidentes auxiliares, autoridades municipales, jueces de paz y elementos de las distintas corporaciones policiales, a respetar los derechos humanos de los pobladores. Por otra parte, invitó a los ciudadanos a que en caso de ser necesario, acudan a las distintas instancias que conforman la Procuraduría General de Justicia para hacer valer sus derechos.

Durante la Jornada Cultural, habitantes del municipio referido realizaron una exposición de artesanías y música, con la finalidad de compartir con los asistentes al evento, parte de las tradiciones y costumbres de la región.

Asimismo, se impartieron pláticas de prevención del delito e introducción al nuevo sistema de justicia penal que próximamente entrará en vigor en esa la zona, por lo que se resaltó la importancia de la presunción de inocencia de toda persona, asÍ como el derecho a llevar un proceso justo.



Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia mantiene su compromiso de brindar atención a todos los ciudadanos, acercando a ellos los elementos necesarios para acceder a la justicia.

Poder Judicial

Diligenciaria se ampara por no aceptar cambio de adscripción
2013-03-05 | Una diligenciaria del juzgado Penal de Tepeaca solicitó el amparo y protección de la justicia federal tras ordenarse su cambio de adscripción por parte del pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En el amparo registrado bajo el número 280/2013, del juzgado Primero de Distrito, Gabriela Roche Cote
argumenta que, de manera ilegal, incluso vía telefónica por parte de quien dijo ser secretaria del presidente del Tribunal, se le informó que con fecha 17 de enero de 2013 su nuevo espacio de trabajo sería el juzgado de Zacatlán o Acatlán.

La abogada, con domicilio en la ciudad de Puebla, manifiesta que en febrero de 2005 fue nombrada diligenciaria del juzgado Penal de Cholula, donde adquirió la categoría de trabajador de base. Posteriormente la cambiaron al juzgado Segundo de lo Familiar, en la ciudad de Puebla y, en 2011, a Tepeaca.

Describe que el pasado 18 de enero del presente recibió una llamada telefónica de quien dijo ser secretaria del presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien le informó que por acuerdo del 17 de enero, es decir un día antes, su lugar de trabajo había cambiado.

La agraviada consideró que esto atenta contra sus derechos fundamentales, por lo que decidió interponer un  amparo en contra de los actos de sus superiores, encabezados en esa fecha por David López Muñoz.

La audiencia constitucional sobre el particular será desahogada el próximo 19 de marzo.

Poder Judicial


Trasladan archivo del Poder Judicial a Cholula
2013-02-06 | San Pedro Cholula | El Tribunal Superior de Justicia trasladó su archivo histórico, compuesto por 58 mil expedientes generados en los últimos 25 años, al Palacio de Justicia de este municipio.

Jueces


Otorgan amparo a homicida extraditado de los EEUU
2013-01-27 | Puebla, Pue.- Como resultado de la sentencia de amparo, el cual le fue otorgado por el Juez Décimo Primero con residencia en San Andrés Cholula bajo el número 610/2012, Rigoberto Gervacio Martínez de 39 años de edad,
quien fue extraditado de los Estados Unidos a México y, remitido a un CERESO de Puebla, por su probable responsabilidad en el homicidio cometido en contra de Rogelio López García el 19 de Mayo de 2001, obtuvo su libertad el pasado 22 de enero de 2013, que le concedió el juez Penal del Distrito de Acatlán, en acatamiento al fallo del tribunal federal, Felipe de Jesús Ventura Hernández.

Ante ese hecho familiares de la víctima, solicitaron a través de este medio que las autoridades estatales intervengan y se haga justicia, pues no conciben que tras 11 años de haber eludido la justicia refugiándose en la Unión Americana, y tras ser extraditado por autoridades de ese país, las cuales lo aseguraron durante una redada en Henderson, Nevada el 31 de enero de 2012 por una orden de aprehensión girada en su contra por el Juzgado Penal del Distrito de Acatlán, ahora sean las mismas instancias que lo dejen libre, tras echar abajo todas las evidencias que incriminaron a esta persona en la muerte de un hombre 49 años de edad. 


Temor a la existencia de Jueces Patito
2011-05-07 | Puebla, Pue. Abogados del Barzón Fiscal Mexicano y Foro Ciudadano, encabezados por el abogado Enrique Verde, manifestaron su temor de que en el Poder Judicial del Estado sean encontrados servidores públicos con cédulas profesionales apócrifas, tal y como sucedió en la Procuraduría General de Justicia, que durante la gestión de Blanca Laura Hernández Villeda como titular de la dependencia, un estudiante de leyes, Juan Alberto Cruz Simón, se hizo cargo de una oficina, como Agente del Ministerio Público, mientras que su novia, la abogada Roció Montero Serrano, se desempeñó como directora de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, y le turnó asuntos delicados y al menos consignó a más de 500 personas que ahora podrían ampararse y algunos de ellos recobrar su libertad.

Ernesto Villanueva Villanueva, Investigador de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Coordinador del Área del Derecho de la Información, explicó que, con base en el directorio del Tribunal Superior de Justicia se cotejaron los nombres de los servidores públicos con el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP y se detectó una serie de inconsistencias, entre ellas, que los funcionarios no están incluidos o existen homónimos con otras carreras. El análisis se refiere a los nombres de servidores que laboran en el Poder Judicial como jueces, oficiales de parte, jueces foráneos y personal administrativo con una antigüedad mínima de más de cuatro años. Las cédulas profesionales de al menos una veintena de jueces y personal administrativo del Poder Judicial del Estado, no están inscritas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, lo que podría presumir que no cuentan con este documento para desempeñar sus funciones. 

Investigación realizada por Foro Ciudadano encontró los siguientes datos:
Solo como un ejemplo se analizaron los primeros 25 cargos de funcionarios públicos que aparecen en el directorio. 


Resultado de la muestra:
De quienes se dice son abogados, en diez casos, no se encontró el registro de su título en la base de datos del Tribunal Superior de Justicia.


01.- María del Rocío García Morales.
02.- María Lorena Zuradelli Ruano.
03.- Álvaro Bernardo Villar Osorio
04.- Lucía Alejandra Álvarez García.
05.- Octaviano Escandón Báez.
06.- María de Lourdes Zavala Leal.
07.- Cecilia Andrea Yánez Gómez.
08.- Bertha Angélica Santiago Muñoz.
09.- Rosario Zamora Analco.
10.- María del Carmen Vargas Cardona.

Ocho servidores públicos de la muestra analizada no tienen la obligación de registrar su título, en virtud de que no son abogados ni se ostentan como tales.

Siete servidores públicos tienen registrado su título, dos de ellos son magistrados.

Búsqueda de registro de títulos de los jueces y secretarios:
En cuanto a los jueces, secretarios de acuerdo y oficialía no se encontró el registro de su título de los siguientes presuntos abogados:
01.- Hugo Isaac Arzola Muñoz.
02.- Jorge Luis Crespo Hernández.
03.- Alicia Hernández Rojas.
04.- Javier Vázquez Fernández.
05.- Rosa Celia Pérez González.
06.- Heliodoro Juárez Hernández.
07.- José Ramón Morales Díaz.
08.- Fernando Martínez Espinosa.
09.- Alba María Román Hernández.
10.- Alejandro León Flores.
11.- Alberto Bagatela Bermúdez.
12.- Blanca Laura Oliver Palacios.
13.- Rodolfo Arana Santiesteban
14.- Carlos Ramírez Nava.
15.- Miguel Ángel Hernández Jiménez.
16.- Amadeo Fuentes Añorve.
17.- Alejandro Pérez Álvarez.
18.- Felipe Ipanixtlahua Calihua.
19.- Manuel Aquino Juárez.
20.- Alvaro Claudio Cabanzo Alva.
21.- Ofelio Reyes Garrido.
22.- Marcos Valdivia Cubas.
23.- Mario Gachupin Velazquez.
24.- Edmundo Tlacomulco Cuatzil.
25.- Maricela Villareal Gregorio.


Debe suponerse que los 25 presuntos abogados que se listaron tienen título profesional y la cédula correspondiente, pero por alguna circunstancia no han registrado su título ante el órgano al que pertenecen. Otros 52 abogados que ocupan cargos en los juzgados que aparecen en el directorio, si fueron encontrados en la base de datos referida. Identificando 7 errores ortográficos en alguna letra del nombre o incompletos en el directorio.

Por su parte el Barzón Fiscal Mexicano inició el trámite de solicitud de información de los números de cédula profesional de los funcionarios públicos que por ley, deben ser abogados, en virtud de que existe el temor de que dichos funcionarios no tuvieran el documento respectivo.

Archivo judicial estará en Cholula


El Poder Judicial del Estado de Puebla edificará un Archivo en Ciudad Judicial Siglo XX1 de San Pedro Cholula, para tal efecto se hizo pública la Licitación.

Las fechas estimadas para el inicio y terminación de los trabajos se contemplan para el 20 de diciembre del presente año, y 25 de abril del dos mil doce, respectivamente.

De acuerdo al informe de la Licenciada María de Lourdes Zavala Leal, Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Poder Judicial del Estado.

Vale destacar que la obra de referencia cumplirá con otro de los objetivos que se ha trazado el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que es el de contar con espacios propios donde los archivos judiciales estén al alcance de quienes los requieran, tal es el caso de abogados, así como del personal del Tribunal .

Con este motivo se han dado a conocer las bases de licitación que se encuentran disponibles para su consulta en la página del Poder Judicial (www.htsjpuebla.gob.mx), así como en las oficinas del Comité de Adquisiciones, citas en avenida 5 Oriente número 9, colonia Centro de esta ciudad de Puebla, en días y horas hábiles.

La construcción del Archivo Judicial en San Pedro Cholula, Puebla, será en calle 14 poniente número 1318, esquina con 15 norte.

Acusan al Juez segundo de lo Civil de Cholula de extorsión

Fuente: Alfonso Ponce de León / Intolerancia

La Procuraduría General de Justicia (PGJ), a través de la Delegación Centro del Ministerio Público, abrió investigaciones en contra del juez Segundo de lo Civil, del Distrito Judicial de Cholula, Jared Albino Soriano Hernández y contra su secretario particular, Raúl Pérez Zacatzontle, tras haber sido denunciados por delitos de extorsión, abuso de autoridad y otros.

Los dos servidores públicos fueron señalados por el despacho jurídico Aragón & Abogados, de haberles solicitado la suma de 100 mil pesos para “ayudarlos” en la demanda contra la empresa Ditex de México, donde ellos son la parte emplazada y como no les entregaron la suma comenzaron a poner todos los obstáculos para su defensa, además de que les sentenciaron: “aténganse a las consecuencias”.

La denuncia fue radicada con el expediente CH/3303/Centro, donde uno de los afectados, Tomás Miranda Maca, quien además de ser representante legal de la empresa Ditex, forma parte del despacho Aragón & Abogados, narró como ocurrió “la sugerencia” de que le entregaran al juez Soriano Hernández la suma de dinero y cual sería la consecuencia de no entregarlo, dejando en claro que al negarse a dar el efectivo entonces comenzaron los efectos negativos.

En el escrito presentado por el despacho jurídico se narra que el 10 de agosto del 2009, cerca de las 10:00 horas, Iván Filio Mijangos, se encontraba en las instalaciones del juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, acompañado de Alejandro Blanco Morón y André Pagnoulle de la Rosa, para realizar diversas consultas de los expedientes 678 y 680/2008, donde Ditex es parte demandada, cuando Raúl Pérez Zacatzontle, quien sabía que el licenciado Filio Mijangos también representa a la empresa, le dijo que el juez quería hablar con ellos del expediente 1010/2009, del mismo caso, por lo que fue a su oficina con sus dos acompañantes.

En la oficina el juez le confió que tenía la forma de controlar el asunto, la demanda contra Ditex, y que por la cantidad de 100 mil pesos les garantizaría un resultado favorable, incluso para que no tuvieran desconfianza —como prueba— el servidor público les dijo que iba a diferir la audiencia que tenían señalada para las 11:00 horas del 18 de agosto y la desahogaría el 30 de noviembre, esto también para darles tiempo de que pudieran reunir el dinero pactado.

Una de las “muestras” que ofreció el juez al decir que podría “controlar” el asunto, fue la del 18 de agosto del 2009l cuando el juzgado Segundo de lo Civil de Cholula les envió un requerimiento donde indicaba se encontraba incorrecto el domicilio de la empresa Ditex, por lo que, en tanto se aclaraba, se aplazaba la audiencia del 18 de agosto para el 30 de noviembre, aun así el despacho Mijangos no aceptó la oferta.

El 27 de noviembre el abogado Iván Filio se encontraba en el mismo juzgado, acompañado de Alejandro Blanco y de André Pannoulle, cuando el secretario particular Raúl Pérez Zacazontle les dijo que ellos habían cumplido, que les habían dado cuatro meses, recibiendo como respuesta que desde un principio no habían aceptado realizar ese tipo de negocios por lo que les dijo que entonces “se atuvieran a las consecuencias”.

El lunes 30 de noviembre el juez Jared Albino Soriano cumplió con su amenaza, de manera sorpresiva desechó la prueba testimonial del juicio 1010/2009 que, de acuerdo a los afectados era de vital importancia, por lo que de nuevo Iván Filio Mijangos, junto con Alejandro Blanco y André Pagnoulle, solicitaron una audiencia con el juez y éste les dijo que las cosas estaban pasando tal y como se lo habían advertido, que desecharía sus pruebas y que se atuviera a las consecuencias e incluso lo amenazó que si no se salía de su oficina en ese momento lo sacaría con la fuerza pública, bajo el argumento de que Filio Mijangos le había alzado la voz, hecho que aseguran los afectados no ocurrió, por lo que decidieron presentar la denuncia en su contra.

La amenaza
Raúl Pérez Zacazontle le manifestó que lo esperaban el día lunes 30 de noviembre de 2009 a las 9:00 horas en el “autozone” que se encuentra al final de la recta a Cholula para que les entregaran el dinero que habían solicitado, y que en caso contrario nos atuviéramos a las consecuencias, que ellos serían capaces de que en la diligencia que se había señalado para ese día 30 de noviembre nos dejarían sin pruebas, desahogarían todo el juicio y que lo dejarían listo para que se resolviera la sentencia e incluso también desahogarían el incidente de lanzamiento y en el cual se decretarían medidas en las cuales se embargaran y extrajeran bienes de mi representada y que antes del 15 de diciembre de este año lanzarían a mi representada.”

Con estos amigos…
“El año de dos mil tres los integrantes del despacho jurídico en el cual me desempeño es decir el despacho jurídico denominado ARAGÓN & ABOGADOS S.C. conocimos al C. JARED ALBINO SORIANO HERNANDEZ quien en ese entonces se desempeñaba como Juez Quinto de lo Civil en esta ciudad de Puebla, asi como también a su secretario particular el señor RAUL PEREZ ZACATZONTLE, personas a quien conocimos a través de la Licenciada ANGELICA MARIA MALDONADO NAUDE, quien también era miembro del despacho de abogados antes citado.

JARED ALBINO SORIANO HERNANDEZ y RAUL PEREZ ZACATZONTLE sufrieron un enorme enamoramiento hacia la licenciada ANGELICA MARIA MALDONADO NAUDE, motivo el cual nos permitió como despacho jurídico tener relaciones con ellos, es decir con C. JARED ALBINO SORIANO HERNANDEZ y RAUL PEREZ ZACATZONTLE, muestra de el gran amor que tanto el C. JARED ALBINO SORIANO HERNANDEZ y RAUL PEREZ ZACATZONTLE tenían hacia la licenciada ANGELICA MARIA MALDONADO NAUDE era por lo que en diversos asuntos legales en los cuales se encontraba como abogada la licenciada ANGELICA MARIA MALDONADO NAUDE, los señores C. JARED ALBINO SORIANO HERNANDEZ y RAUL PEREZ ZACATZONTLE modificaban los formatos de sentencias esto con la finalidad de hacerlas mas “bellas” y dignas para su enamorada y que pesé a sus galanterías jamás fueron correspondidos por parte de la licenciada ANGELICA MARIA MALDONADO NAUDE.”

(Extracto del escrito-denuncia)

Ordena Dumit cambio de jueces incómodos



  • Aprueba el pleno del TSJ la rotación de adscripción de 25 jueces

  • Destaca la rotación de Elmo Mayoral Bello, Rosa Celia González Pérez, Carlos Guillermo

  • Ramírez Rodríguez y Enrique Romero Razo. A este último lo convirtieron en juez civil

25 jueces del Tribunal Superior de Justicia fueron cambiados ayer de adscripción por decisión del magistrado presidente León Dumit Espinal. Entre ellos resaltan los cambios a jueces como Elmo Mayoral Bello, Rosa Celia González Pérez, Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez y Enrique Romero Razo.
La decisión se llevó a cabo en sesión de pleno y es parte de una medida que contempla que algunos jueces civiles serán ahora penales y viceversa, o serán simplemente cambiados de juzgado pero se mantendrán en la misma materia.
La sesión del pleno se tornó acalorada según comentaron a Cambio algunos de los magistrados que estuvieron presentes. Los magistrados intentaron proteger a sus jueces consentidos, pero el magistrado presidente aseguró que la rotación no estaba a consulta. Sin embargo ayer a las nueve de la noche la oficina de prensa dio a conocer vía boletín los 25 cambios.
El juez Elmo Mayoral Bello, protegido y yerno del magistrado Alfredo Mendoza García y presidente del Colegio de Jueces, dejará la capital de Puebla y el Juzgado Octavo de lo Civil en Ciudad Judicial, para atender ahora el Juzgado Mixto de Tecamachalco.
Otro de los cambios que causó revuelo entre los magistrados fue el del juez penal de Cholula, Enrique Romero Razo, quien dejará la materia penal que desempeñaba desde hace más de diez años para ser encargado ahora del Juzgado Noveno de lo Civil en Ciudad Judicial.
El lugar que tenía Romero Razo lo tomará Idalia Arciniega Arias, quien hasta estos días laboraba como titular del Juzgado Segundo de lo Penal de Tehuacán y ahora tendrá que ver por el Juzgado Penal de Cholula, uno de los tribunales con mayor trabajo en el estado.
Un cambio parecido enfrenta el juez recordado por llevar el caso del padre pederasta Nicolás Aguilar, Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, quien deja el Juzgado Tercero de lo Penal en Puebla y será enviado al Juzgado Segundo Familiar.
La jueza que dictó auto de formal prisión a Lydia Cacho también es parte de la rotación propuesta por León Dumit. Rosa Celia Pérez González deja el Juzgado Quinto de lo Penal y será rotada al Segundo de lo Penal.
Cercana a Rosa Celia Pérez, la jueza segunda de lo Penal, Blanca Laura Olivier, ahora será enviada al Juzgado Octavo de lo Penal.
Otro cambio más ordenado por Dumit es la llegada de Elier Martínez Ayuso al área penal. El juez dejará el Juzgado Segundo de lo Civil y ahora será el encargado del Juzgado Tercero de lo Penal.
La juez María Alicia Ortiz Márquez pasa del Juzgado Noveno Civil al Juzgado Primero de lo Civil de Cholula.
El juez Luis Sánchez Vázquez quien trabajaba como titular del Juzgado Primero de lo Civil de Cholula ahora laborará en el Juzgado Segundo Familiar de Puebla.
Juventino Hernández Flores se ocupará ahora del Juzgado Civil de Huejotzingo y abandona el Juzgado Segundo Familiar de Puebla.
La licenciada María Rosalba Pantoja Vázquez deja el Juzgado Civil de Huejotzingo y será enviada al Juzgado Octavo Civil de Puebla.
Horacio Bravo Negrete, quien era el titular del Juzgado Mixto de Tecamachalco ahora se encargará del Juzgado Quinto Civil de Puebla.
Alberto Zenteno Reyes deja el Juzgado Quinto Civil de Puebla y ahora se encargará del Juzgado Primero de lo Familiar de Puebla.
El juez Carlos Ramírez Nava fue cambiado del Juzgado Primero de lo Familiar de Puebla al Juzgado Segundo Civil de Tehuacán, mientras que quien ocupaba ese puesto, Juan Marcelino Romero de Jesús, ahora pasa al Juzgado Penal de Tepeaca.
Olga Margot Cortés León deja el Juzgado Penal de Tepeaca y ahora se encargará del Juzgado Quinto Penal de Puebla capital, que pertenecía a Rosa Celia Pérez González.
Mientras tanto, el juez Miguel Ángel Hernández Jiménez deja el Juzgado Octavo Penal de Puebla para ser asignado ahora al Juzgado Segundo Penal de Tehuacán.
El juez Julio Vargas Domínguez es enviado al Juzgado Mixto de Tetela de Ocampo y abandona el Juzgado Sexto Civil de Puebla. El anterior titular de Tetela de Ocampo, Joel Sánchez Roldán llega al Juzgado Sexto Civil de Puebla.
Isauro Limón Melchor, juez primero de lo Penal ahora será el juez primero de lo Penal pero en Tehuacán.
Javier Vázquez Fernández abandona el Juzgado Primero Penal de Tehuacán y se integra como titular del Juzgado Primero Penal de Puebla.
Venustiano Islas López deja su cargo como juez mixto en Zacatlán para convertirse ahora en el juez mixto de Acatlán de Osorio. Mientras que Víctor Hugo Espinoza deja Acatlán de Osorio para ser enviado a Zacatlán.
Desde su llegada, León Dumit comenzó con cambios al interior del Tribunal Superior de Justicia. A mediados de marzo llevó a cabo un primer cambio de adscripción a la mayoría de los magistrados, hecho inédito en los últimos años del Poder Judicial en Puebla.

El motivo de los cambios es evitar las viejas mafias que existían entre jueces y magistrados, mismas que nacieron en tiempos de Guillermo Pacheco Pulido y que evitaban que realmente existiera la correcta supervisión de los togados para evitar cualquier tipo de corrupción sobre los jueces.