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Investigan uso de recursos en campaña en Tlatlauquitepec

 El TEPJF ordenó al Instituto Electoral del Estado (IEE) investigar otra vez si el alcalde reelecto de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar (de Morena), incurrió en propaganda personalizada y uso indebido de recursos públicos.


En sesión pública, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó este jueves que debe aclararse si la propaganda incidió en los comicios o si incluso rompió con la equidad de la contienda.

Por ello ordenó también al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que, tras la investigación, determine si el edil amerita una sanción.

La revisión del caso se ordenó tras concluir que no hay elementos suficientes para confirmar si el munícipe incurrió o no en dichas infracciones.

En mayo el TEEP declaró responsable al alcalde y ordenó al Congreso local sancionarlo y dio vista a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El acusado impugnó la resolución en el TEPJF y este día la Sala Regional le dio parcialmente la razón, al confirmar que las pruebas en su contra eran insuficientes para sancionarlo.

Loeza Aguilar acusó al TEEP de realizar un análisis indebido de las supuestas pruebas en su contra y demandó reconsiderar el caso.

La sentencia en su contra se derivó de una serie de publicaciones en redes sociales en las que se informó de la inauguración de algunas obras, pero el tribunal consideró que esto representó promoción personal y una sobrexposición de su imagen debido a que se realizaron en medio del proceso electoral en el que buscaba la reelección.

Como las obras se realizaron con recursos públicos se arribó a la conclusión de que el alcalde pretendía sacar ventaja sobre sus rivales utilizando su cargo para posicionarse.

Con la nueva resolución del TEPJF el caso tendrá que analizarse de nuevo con base en las pruebas existentes, así que podría confirmarse la infracción del alcalde o podría ser declarado inocente.


Según diputado el presidente de Tlatluquitepec usurpa funciones

2012-09-25 | Tlatlauquitepc, Puebla.- El presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña, se deslindó de las omisiones cometidas por el Congreso del Estado en la notificación de destitución del cargo de presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loaeza Aguilar. Aseveró que sigue vigente la revocación del mandato por lo que enfatizó que el edil está incurriendo en el delito de usurpación de funciones.


En entrevista el diputado panista dijo que la Comisión Inspectora y el pleno del Congreso realizaron completamente el procedimiento para destituir al alcalde de Tlatlauquitepec luego de que este sujeto de revisión no comprobó el uso de 13 millones de pesos. 

Subrayó que tras este hecho se notificó al edil de la decisión del legislativo, sin embargo, este servidor público presentó un recurso de suspensión del proceso el cual le fue rechazado. Por tanto aseveró que aun cuando este último no le fuera notificado el primer documento enviado tiene la validez para destituir al alcalde. 

“El acto de autoridad está firme en virtud de que la resolución previa de la Comisión Inspectora y del pleno mismo que con toda certeza les puedo asegurar se notificó determinó negarle el acto de suspensión del recurso de revocación por lo que la sanción sigue firme y si no ha causado estado es una pregunta que habrá que hacerle al cabildo (...) Este hecho podría generar más sanciones para el propio sujeto de revisión en virtud de que ha ejercido recursos públicos se podría incurrir en un delito de usurpación de funciones”, dijo.

Riestra Piña en su calidad de coordinador de los diputados del PAN comentó que solicitará a la Junta de Gobierno y Coordinación Política que el tema de la notificación y destitución del edil de Tlatlauquitepec sea revisado para tener conocimiento de las causas que retrasaron la aplicación de la sanción a este servidor público.

Inician procedimiento de determinación de responsabilidades


  • Dictaminan Diputados 9 Cuentas Públicas Y 2 Procedimientos De Determinación De Responsabilidades

  • Diputados de la Junta Inspectora en reunión de trabajo.

Tras la instalación conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior que Preside el Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (PAN), se aprobó por unanimidad el Dictamen de 11 Cuentas Públicas de las cuales, 9 fueron informes de resultados y 2 inicios de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades del ejercicio fiscal 2010.

Por lo anterior, los Diputados José Luis Márquez Martínez (PRI), Edgar Jesús Salomón Escorza (PRI), Javier Filiberto Guevara González (PRI), Edgar Antonio Vázquez Hernández (PAN) y José Antonio Gali López (PRD), acordaron por unanimidad iniciar el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por el periodo 1 de Enero al 31 de diciembre de 2010 de los Municipios: General Felipe Ángeles por un monto de 50 millones 476 mil pesos, y Pantepec por un monto de 110 millones 295 mil pesos, debido a que se detectaron diversas anomalías y será necesaria una revisión minuciosa.

Por otro lado, los legisladores aprobaron los dictámenes de los Municipios de: Acateno, Atempan, Chignautla, Epatlán, Ixcamilpa de Guerrero, San Salvador El Verde, Teopantlan, y en los sujetos de revisión como: Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan y Soapa San Martín Texmelucan.

Asimismo, los representantes populares acordaron resolver la admisión del recurso de revocación interpuesto por el C. Porfirio Loeza Aguilar, contra actos del Congreso del Estado de Puebla, iniciando de esta manera formalmente el estudio de dicho caso, mismo que se estará resolviendo la próxima semana.