Chihuahua
Niegan a niña derecho al aborto
Por: Carlos Coria / Corresponsal / Excelsior
CHIHUAHUA, Chih.— Autoridades judiciales del estado han impedido que una niña de 13 años, que quedó embarazada tras ser víctima de dos violaciones, se practique un aborto de manera legal, tal como lo permite la legislación en la entidad.
El artículo 146 del Código Penal estatal establece que la interrupción del embarazo se permite cuando éste "sea resultado de una violacion, siempre que se practique dentro de los primeros noventa días de gestación (...)".
Sin embargo, Luz Esthela Castro, asesora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer AC, advierte que hasta el momento ni la Procuraduría General de Justicia del estado ni el Poder Judicial local han aceptado el caso para autorizar la realización del aborto, a pesar de que el vocero de la primera dependencia, René Medrano, ha confirmado que el abuso sexual se cometió e incluso se tiene ya a un detenido como probable responsable.
El pasado 5 de agosto, en la comunidad rural de Meoqui (localizada a 100 kilómetros al sur de la capital), la menor fue atacada sexualmente por un desconocido que rondaba su casa. El hecho se repitió al día siguiente, perpetrado por el mismo sujeto, lo que llevó a la niña a denunciar lo ocurrido, que por temor y vergüenza había decidido callar el primer día.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades locales, la familia de la menor ha pensado viajar al Distrito Federal, en donde recientemente se ha despenalizado la interrupción del embarazo.
Sin embargo, para poder hacerlo se enfrentan al problema de tener que vender sus propiedades para financiar el viaje. Otra opción que evaluaron, pero que ya descartaron por carecer de recursos y visa, es cruzar la frontera y dirigirse a El Paso, Texas, a donde comúnmente acuden jóvenes chihuahuenses a realizarse un legrado.
Una historia que se repite
De acuerdo con la familia de la menor, el sufrimiento de la pequeña se agudizó el día en que se presentó a denunciar lo ocurrido.
En primer lugar, recuerdan, la agente del Ministerio Público que la atendió la amenazó con enviarla a la cárcel en caso de mentir. Luego, el médico legista Moisés Silva asentó en el reporte de la auscultación a la niña que ésta tenía 21 años.
"En primer lugar, es muy difícil que una víctima se atreva a denunciar una violación, porque ha dejado de creer en el sistema de justicia, y las pocas que se atreven a hacerlo están topándose con investigadoras totalmente insensibles y con jueces misóginos que no tienen una perspectiva de género", acusa Castro.
No obstante, esta negativa a practicarle un aborto a una mujer que ha sido víctima de violación no es la primera que ocurre en el estado. José Chávez Aragón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, reconoce que como juez le ha tocado saber de varias situaciones parecidas.
"Urge legislar sobre esto, porque ya se presentó este caso (el de la niña de Meoqui) y no crea que es el primero. Yo, como juez, varias veces vi (situaciones similares), nomás que ya no se volvió a ver a la víctima de este delito, porque a lo mejor se fue a otra parte a abortar, se fue a El Paso."
Luz Esthela Castro comenta, por su parte, que Rosario Ruiz, regidora del municipio de Meoqui, ha reportado más casos de jóvenes estudiantes de secundaria víctimas de abuso sexual.
Chávez Aragón asegura que no le corresponde al Poder Judicial otorgar el permiso para la interrupción del embarazo, sino al Ministerio Público. E intentó explicar:
"(Saber) quién debe girar la instrucción para que la mujer que no desea de ninguna manera el producto de la concepción porque le fue impuesto por la violación, es un problema que todavía la doctrina se pregunta si es mandato judicial o es mandato del Ministerio Público.
"Mandato judicial no es porque no hay en el Código de Procedimientos Penales, hasta ahorita, la reglamentación para establecer cómo se va a actualizar esa excusa obligatoria. A quien le incumbe la persecución de los delitos es al Ministerio Público y es él quien debería, pero tampoco tiene la normatividad, autorizar el aborto, porque el aborto es un delito."
Para el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua una posible salida al caso de la menor de 13 años es que la Subprocuraduría estatal de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, dependiente de la Procuraduría local, apoye a la niña a trasladarse a la Ciudad de México para que se le practique el legrado.
Sin embargo, el titular de esa subprocuraduría, Arturo Licón Baeza, rechaza tajante esta opción: "No podemos decir que vamos a mandarla a abortar; no está permitido eso, eso de entrada no tiene fundamento ni en materia de atención a víctimas ni en materia de procedimientos (penales)".
Al igual que Chávez Aragón, indica que existen lagunas en cuanto a quién debe autorizar la interrupción del embarazo, pero insiste en que de ningún modo apoyarán la propuesta del titular del Poder Judicial estatal.
Legislación en el mundo
La interrupción del embarazo a partir de la sola petición de la mujer está permitida en por lo menos 54 países, los cuales representan 40.5% de la población mundial. La liberalización de las leyes en la materia se inició en los años 50 y se intensificó en 1994, tras la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, realizada en El Cairo, Egipto.
La interrupción del embarazo con el fin de salvar la vida de la mujer está permitida en países como República Dominicana, Haití, Honduras, Paraguay y Venezuela.
En Brasil se permite en caso de violación; en Nicaragua se requiere la autorización del esposo o de los padres, en tanto que en Panamá también es posible interrumpir un embarazo en caso de que el feto presenta malformaciones.
El aborto por salud física es legal en Bahamas, Costa Rica, Perú, Uruguay, Argentina (donde sólo se permite en caso de violaciones a mujeres con problemas mentales) y Bolivia (en caso de violación o incesto).
El aborto por razones socieconómicas está despenalizado en Barbados, Belice, Finlandia, Gran Bretaña, Luxemburgo e Islandia.
La interrupción del embarazo sin restricciones es posible en Canadá (donde no hay límite en el tiempo de gestación); así como en Cuba, Estados Unidos, Dinamarca, Grecia, Hungría, Noruega, Rusia y Suiza, en la que se exige un tiempo máximo de gestación de 12 semanas.
En Alemania, Austria y Francia es posible realizar un legrado a una mujer con un embarazo de hasta 14 semanas.
Singapur es el país que permite los abortos con el mayor tiempo de gestación, es decir, la interrupción del embarazo puede realizarse incluso en la semana 24.
Otras naciones que han despenalizado esta práctica en algunos casos son: España, Portugal, Irlanda del Norte. Bélgica, Bulgaria, Croacia, Italia, Países Bajos, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania, Sudáfrica, China, Corea del Norte, Israel, Hong Kong, Camerún, Kuwait y Arabia Saudita.
El artículo 146 del Código Penal estatal establece que la interrupción del embarazo se permite cuando éste "sea resultado de una violacion, siempre que se practique dentro de los primeros noventa días de gestación (...)".
Sin embargo, Luz Esthela Castro, asesora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer AC, advierte que hasta el momento ni la Procuraduría General de Justicia del estado ni el Poder Judicial local han aceptado el caso para autorizar la realización del aborto, a pesar de que el vocero de la primera dependencia, René Medrano, ha confirmado que el abuso sexual se cometió e incluso se tiene ya a un detenido como probable responsable.
El pasado 5 de agosto, en la comunidad rural de Meoqui (localizada a 100 kilómetros al sur de la capital), la menor fue atacada sexualmente por un desconocido que rondaba su casa. El hecho se repitió al día siguiente, perpetrado por el mismo sujeto, lo que llevó a la niña a denunciar lo ocurrido, que por temor y vergüenza había decidido callar el primer día.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades locales, la familia de la menor ha pensado viajar al Distrito Federal, en donde recientemente se ha despenalizado la interrupción del embarazo.
Sin embargo, para poder hacerlo se enfrentan al problema de tener que vender sus propiedades para financiar el viaje. Otra opción que evaluaron, pero que ya descartaron por carecer de recursos y visa, es cruzar la frontera y dirigirse a El Paso, Texas, a donde comúnmente acuden jóvenes chihuahuenses a realizarse un legrado.
Una historia que se repite
De acuerdo con la familia de la menor, el sufrimiento de la pequeña se agudizó el día en que se presentó a denunciar lo ocurrido.
En primer lugar, recuerdan, la agente del Ministerio Público que la atendió la amenazó con enviarla a la cárcel en caso de mentir. Luego, el médico legista Moisés Silva asentó en el reporte de la auscultación a la niña que ésta tenía 21 años.
"En primer lugar, es muy difícil que una víctima se atreva a denunciar una violación, porque ha dejado de creer en el sistema de justicia, y las pocas que se atreven a hacerlo están topándose con investigadoras totalmente insensibles y con jueces misóginos que no tienen una perspectiva de género", acusa Castro.
No obstante, esta negativa a practicarle un aborto a una mujer que ha sido víctima de violación no es la primera que ocurre en el estado. José Chávez Aragón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, reconoce que como juez le ha tocado saber de varias situaciones parecidas.
"Urge legislar sobre esto, porque ya se presentó este caso (el de la niña de Meoqui) y no crea que es el primero. Yo, como juez, varias veces vi (situaciones similares), nomás que ya no se volvió a ver a la víctima de este delito, porque a lo mejor se fue a otra parte a abortar, se fue a El Paso."
Luz Esthela Castro comenta, por su parte, que Rosario Ruiz, regidora del municipio de Meoqui, ha reportado más casos de jóvenes estudiantes de secundaria víctimas de abuso sexual.
Chávez Aragón asegura que no le corresponde al Poder Judicial otorgar el permiso para la interrupción del embarazo, sino al Ministerio Público. E intentó explicar:
"(Saber) quién debe girar la instrucción para que la mujer que no desea de ninguna manera el producto de la concepción porque le fue impuesto por la violación, es un problema que todavía la doctrina se pregunta si es mandato judicial o es mandato del Ministerio Público.
"Mandato judicial no es porque no hay en el Código de Procedimientos Penales, hasta ahorita, la reglamentación para establecer cómo se va a actualizar esa excusa obligatoria. A quien le incumbe la persecución de los delitos es al Ministerio Público y es él quien debería, pero tampoco tiene la normatividad, autorizar el aborto, porque el aborto es un delito."
Para el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua una posible salida al caso de la menor de 13 años es que la Subprocuraduría estatal de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, dependiente de la Procuraduría local, apoye a la niña a trasladarse a la Ciudad de México para que se le practique el legrado.
Sin embargo, el titular de esa subprocuraduría, Arturo Licón Baeza, rechaza tajante esta opción: "No podemos decir que vamos a mandarla a abortar; no está permitido eso, eso de entrada no tiene fundamento ni en materia de atención a víctimas ni en materia de procedimientos (penales)".
Al igual que Chávez Aragón, indica que existen lagunas en cuanto a quién debe autorizar la interrupción del embarazo, pero insiste en que de ningún modo apoyarán la propuesta del titular del Poder Judicial estatal.
Legislación en el mundo
La interrupción del embarazo a partir de la sola petición de la mujer está permitida en por lo menos 54 países, los cuales representan 40.5% de la población mundial. La liberalización de las leyes en la materia se inició en los años 50 y se intensificó en 1994, tras la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, realizada en El Cairo, Egipto.
La interrupción del embarazo con el fin de salvar la vida de la mujer está permitida en países como República Dominicana, Haití, Honduras, Paraguay y Venezuela.
En Brasil se permite en caso de violación; en Nicaragua se requiere la autorización del esposo o de los padres, en tanto que en Panamá también es posible interrumpir un embarazo en caso de que el feto presenta malformaciones.
El aborto por salud física es legal en Bahamas, Costa Rica, Perú, Uruguay, Argentina (donde sólo se permite en caso de violaciones a mujeres con problemas mentales) y Bolivia (en caso de violación o incesto).
El aborto por razones socieconómicas está despenalizado en Barbados, Belice, Finlandia, Gran Bretaña, Luxemburgo e Islandia.
La interrupción del embarazo sin restricciones es posible en Canadá (donde no hay límite en el tiempo de gestación); así como en Cuba, Estados Unidos, Dinamarca, Grecia, Hungría, Noruega, Rusia y Suiza, en la que se exige un tiempo máximo de gestación de 12 semanas.
En Alemania, Austria y Francia es posible realizar un legrado a una mujer con un embarazo de hasta 14 semanas.
Singapur es el país que permite los abortos con el mayor tiempo de gestación, es decir, la interrupción del embarazo puede realizarse incluso en la semana 24.
Otras naciones que han despenalizado esta práctica en algunos casos son: España, Portugal, Irlanda del Norte. Bélgica, Bulgaria, Croacia, Italia, Países Bajos, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania, Sudáfrica, China, Corea del Norte, Israel, Hong Kong, Camerún, Kuwait y Arabia Saudita.
