El Tribunal investigará a Sergio Tosscani Ávila
Para revocar el convenio que tiene con la CIEDH
Edmundo Velázquez/Cambio Foto :Tere Murillo
Una comisión integrada por los magistrados Álvaro David López Rubí, Saúl Acosta y Enrique Flores Ramos, indagará sobre datos que revelen si es conveniente mantener nexos con el defraudador, propietario del Canal 32
Para deslindarse de las irregularidades en torno al Canal 32 y la Comisión Interamericana para el Estudio y el Análisis de los Derechos Humanos (CIEDH), el Tribunal Superior de Justicia iniciará una investigación en contra de Sergio Tosscani Ávila y/o Sergio de Alba Ávila-Córdova, debido a las versiones que señalaron un mafia gracias a la mancuerna entre el defraudador y Guillermo Pacheco Pulido, magistrado presidente del Poder Judicial en Puebla.
Para revocar el convenio que tiene con la CIEDH
Edmundo Velázquez/Cambio Foto :Tere Murillo
Una comisión integrada por los magistrados Álvaro David López Rubí, Saúl Acosta y Enrique Flores Ramos, indagará sobre datos que revelen si es conveniente mantener nexos con el defraudador, propietario del Canal 32
Para deslindarse de las irregularidades en torno al Canal 32 y la Comisión Interamericana para el Estudio y el Análisis de los Derechos Humanos (CIEDH), el Tribunal Superior de Justicia iniciará una investigación en contra de Sergio Tosscani Ávila y/o Sergio de Alba Ávila-Córdova, debido a las versiones que señalaron un mafia gracias a la mancuerna entre el defraudador y Guillermo Pacheco Pulido, magistrado presidente del Poder Judicial en Puebla.
Al respecto, José Muñoz Victoria, responsable de la oficina de Transparencia del Tribunal, admitió la existencia de un convenio con la CIEDH, organización no gubernamental del defraudador Sergio Tosscani Ávila.
El funcionario del Tribunal mostró a Cambio copia del convenio y aseguró que debido a las irregularidades el pleno decidió crear la comisión investigadora que será integrada por los magistrados Álvaro David López Rubí, Saúl Acosta y Enrique Flores Ramos.
Los togados investigarán el caso de Sergio de Alba Ávila-Córdova —nombre con el que el defraudador se presentó ante las autoridades judiciales— y las irregularidades que suman sus negocios en la empresa Grupo de Operaciones Globales, Canal 32 y una procesadora de alimentos.
Sobre el convenio, José Muñoz Victoria detalló que el objetivo del convenio entre el Tribunal y la CIEDH era colaborar a favor del estado de derecho.
“El siguiente convenio tiene por objetivo unir esfuerzos para la observancia del estado de derecho consagrado en la Constitución General de la República y que permita mejorar la administración de justicia.
Así como obtener la certeza y la solución de las controversias, privilegiando la observancia que norma la moral procesal y la visita en los cuerpos normativos correspondientes apegados en la declaración universal de los derechos humanos”, citó a la letra José Muñoz Victoria.
Así como obtener la certeza y la solución de las controversias, privilegiando la observancia que norma la moral procesal y la visita en los cuerpos normativos correspondientes apegados en la declaración universal de los derechos humanos”, citó a la letra José Muñoz Victoria.
Muñoz Victoria agregó que los integrantes de la CIEDH tomaron muy en serio una cláusula donde se menciona que “el Tribunal brindará espacios específicos para que el personal pueda dar asesoría”.
“Al parecer, estas personas, sin tomar la percepción del pleno, que es la máxima autoridad del Tribunal, en una manera graciosa poseyeron un bien en el área de Ciudad Judicial de Cholula, sin autorización”, comentó Muñoz Victoria sobre el hecho de que la CIEDH construyó oficinas dentro de predios del Poder Judicial.
Pero otros motivos del convenio, como el llevar a cabo seminarios y congresos sobre derechos humanos, simplemente no se han cumplido.
“El magistrado presidente vio con simpatía esta situación, máxime cuando en el juzgado de Huehuetla, juzgado indígena, en el mismo edificio donde está el juzgado indígena está una Comisión de Derechos Humanos (sic), pero esa pertenece a la estatal, es la oficial y la reconocida.
Y ha tenido éxito porque la función jurisdiccional se ha llevado a cabo de manera adecuada, la resolución de conflictos en las que no necesariamente interviene un juez, sino que con las modalidades que establece el artículo 2º Constitucional. Motivados porque haya transparencia y cercanía a la ciudadanía, me imagino que por eso se hizo la firma, por buena fe y buena disposición”, justificó Muñoz.
