Seguridad publica

Golpe de Estado en la Secretaría de Seguridad Pública
Alfonso Ponce de León Salgado/Intolerancia

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, reza un refrán popular que a cada instante debe de repetirse el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón, sobre todo cuando fue él quien “enquistó la piedra en su zapato” y que se ha convertido en su principal dolor y lo ha dejado al borde de la renuncia.
Todavía debe de estar fresco el recuerdo del “espaldarazo” que le dio a su subdirector, el general Ricardo Koller Martínez Escobar, a quien tomó del brazo y en confianza le dijo que si por alguna razón tuviera que renunciar lo iba a recomendar para que se quedara en su cargo; esa frase de aliento es el principal móvil que ha provocado los movimientos de protesta de los elementos de la Policía Preventiva Estatal (PPE).
El general Koller se aprovechó de los problemas internos que enfrenta la corporación y los utilizó para su beneficio propio, él fue quien con el apoyo de otros quince generales, todos desempacados del área de Caballería del Ejército Mexicano, que le eran leales a Mario Ayón y después cambiaron de bando llevados por la ambición, orquestaron y dirigieron el paro policiaco que estuvo a punto de paralizar al estado; de hecho, este mismo conflicto que aún persiste tiene el apoyo del grupo conocido como “Los Generales”.
Mario Ayón, al ingresar a la silla principal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, no olvidó a sus compañeros de la milicia y sin más se trajo a todos los que creyó eran de su total confianza, formando así un grupo de militares retirados que fue anexado a la nómina oficial; sin que ninguno de éstos tuviera alguna responsabilidad relacionada con la seguridad del estado, los que pudieron encontrar acomodo fueron llevados a cuidar caballos, otros simplemente se dedican a leer el periódico, y a intrigar a su mismo jefe y amigo.
Para justificar la presencia de “Los Generales” fue creado la Oficina Para la Obtención de Información (OPOI), que se encarga del seguimiento de las actividades del gobierno del estado con el único fin de poner a los militares retirados a caminar y a presentar informes; algo así como que uno hace un hoyo y el otro viene y lo tapa.
Todos estos militares de los que no existe justificación para su permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública, son los orquestadores del movimiento de protesta de la PPE, no dudamos que existan problemas en las filas de la uniformada, pero quienes tratan de resolverlos en realidad sólo los utilizan, buscan que Koller llegue a la titularidad de la secretaría para seguir justificando sus altos salarios sin mover un solo dedo.
La Dirección Administrativa de la SSPE, la otra piedra Otro de los problemas que enfrenta la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) se encuentra en el área de la Dirección Administrativa, donde el ¿también general? Mauricio Arriaga se ha dado vuelo aprovechándose de los beneficios que otorgan el manejo de los vales de gasolina, de las plazas y de todo lo que tiene que ver con recursos humanos.
Él y no otra persona ha sido quien ha puesto obstáculos para que las bases de operación de la uniformada del estado no tengan el apoyo necesario para su funcionamiento, desde el mobiliario hasta el parque vehicular, y de algunos beneficios de los uniformados que ha negado, bajo el argumento de una escasez de recursos. Esta otra “piedra en el zapato” debería ser objeto de una minuciosa auditoria, es el momento de iniciar una “limpieza a conciencia”.
La narcoleche, escándalo en la PGR
En la entrega pasada le comenté lo siguiente: “Un fuerte rumor recorre los pasillos de los juzgados de distrito, alguien de ‘muy mala leche’ está cambiando ‘grapas’ de cocaína por ‘grapas’ de leche en polvo, con un solo motivo, el de enfrentar a dos instituciones de procuración de justicia. ”Resulta que ya van dos veces que se reporta que el contenido en bolsitas aseguradas por la PJE es leche en polvo y no cocaína, lo que deja como resultado que el detenido sea puesto en libertad. ”
Lo anterior provoca distintas opiniones; la primera es que los agentes que realizan estas ‘bromitas’ lo hacen con otra intención, la de decir: ‘ya ven, nosotros los detenemos y ellos los liberan’. ”La segunda opinión es que cuando llega la droga a las instalaciones de la PGR alguien cambia o altera las pruebas para beneficiar al detenido. ”¿A quién le cree usted?”.
La consecuencia de este reporte afectó directamente a la delegación estatal Puebla de la PGR, para ser precisos a la Mesa Especializada en Atención de Delitos Contra la Salud, también conocida como Primera Mesa; donde su titular, Naim Said, fue relevado del cargo y en su lugar llegó Juan Manuel Martínez Rivera, un personaje ampliamente conocido en territorio poblano, le prometo más detalles.
¿Atentado o broma macabra al candidato del PRI, en Amozoc?
La madrugada del martes, para ser precisos a las 6:00 horas, la camioneta del candidato por el PRI a la Presidencia Municipal de Amozoc, Alfredo Bretón Sánchez, fue baleada con proyectiles .9 y de rifle AK47, cuando se encontraba estacionada frente al domicilio de éste en la esquina de la 2 Poniente y la privada Francisco I. Madero, de la ciudad de Amozoc.
Quienes perpetraron los daños no pretendieron lesionar al candidato, éste aún se encontraba en su domicilio durmiendo, sólo trataron de dejarle un mensaje o al final fue una broma de mal gusto, en una zona donde el actual alcalde es de filiación panista.
Ayer por la tarde elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE) acudieron al lugar de los hechos para iniciar las primeras investigaciones; en tanto que Bretón Sánchez acudió ante las autoridades ministeriales para presentar la denuncia correspondiente, que en este caso sería por daño en propiedad ajena.
Margarita y sus recomendaciones dejan grises resultados
El 11 de septiembre pasado la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a través de su Departamento de Prensa, dio a conocer las rotaciones y cambios que desde el escritorio principal de la institución se autorizaron; al día siguiente, a través de este espacio, le comenté lo siguiente: “Para nadie es desconocido que la mujer más poderosa en la PJE —así le dicen a la comandante Margarita—, jefa de la Ayudantía General de la PJE, sea la autora intelectual de los 23 enroques y cambios realizados y ordenados por la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez; ella y nadie más fue la que recomendó cada uno de los movimientos, principalmente el de José Luis Muztre Araoz, quien lleva enquistado nueve años en la Novena Comandancia de la PJE, la que investiga los robos de vehículos y quien ahora es el nuevo comandante.
”‘Doña Margarita’ es una de las servidores públicos más cercanos a la procuradora, es quien además conoce a cada uno de los principales miembros de la corporación que para ella trabaja, es quien tiene fuerza en su palabra, fuerza tal que provocó movimientos en la PJE que podrían servir para que se restablezca o se pierda la confianza, el tiempo lo dirá y vamos a estar muy pendientes”.
Hoy le puedo comentar que las actividades de la PJE han sido las más pobres de los últimos años, aún no se sabe si es por la protesta silenciosa de agentes, jefes de grupo y comandantes, por los cambios o simplemente porque quienes quedaron al frente de todas las comandancias no reúnen la experiencia y el perfil que se necesita para la persecución de delitos; que conste que no estoy hablando de prevención del delito, sino de investigación de denuncias.
Una de las vitrinas donde se aprecia el desempeño de la corporación de investigadores es el Departamento de Prensa de la PGJ, es en este lugar donde se encuentra un medidor de trabajo, donde se elaboran reportes de las detenciones importantes y donde desde ese 11 de septiembre el trabajo les disminuyó en forma considerable, actualmente sus principales boletines son giras de trabajo, inauguraciones, presentaciones, que si bien forman parte del trabajo de una institución de justicia en aras de la prevención del delito a través de la cultura también son muestra de que sólo un área de la dependencia está trabajando.
De no ser por los indocumentados o por una banda de asaltantes detenidos tras los “chivatazos” que ha recibido el comandante José Luis Mustre Araoz, a cargo de la Novena Comandancia, ésta brillaría por su ausencia; lo mismo pasa en la especializada en la investigación de robos y asaltos, en la de personas desaparecidas, en las subdirecciones.
Al respecto, ¿qué le gustaría pensar?, que las recomendaciones de la comandante Margarita no fueron las adecuadas, que sus amigos le quedaron mal o bien que existe una silenciosa huella por parte de la corporación de investigadores que no tarda en convertirse en ministerial.
Que la comandante Margarita no tiene vocación de servicio
No me lo va a creer pero en su escritorio o en alguno de sus archiveros la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, tiene varias recomendaciones efectuadas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, relacionadas con los exámenes psicométricos y de aptitud que han sido practicados tanto a elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE), como personal administrativo y de confianza de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), recomendaciones que si bien no tienen que ser acatadas en su totalidad sí forman parte del informe sobre el perfil del personal que procura justicia y persigue delitos.
Dentro de estos reportes figuran los exámenes que le fueron practicados a la jefe de la Ayundantía de la PJE, la comandante Margarita Huerta Alonso, donde palabras más o menos indica que ella no es apta para el servicio que realiza, por muchas razones; una de las más importantes es que, según el informe, no tiene aptitud, ni física ni mental para pertenecer a una corporación policiaca, mucho menos para ostentar un cargo de tal magnitud, además de que su situación física le indica problemas de trigloseridos, de diabetes, de colesterol e incluso de hipertensión arterial; en otras palabras, necesita someterse no sólo a un riguroso tratamiento médico, sino que además a entender que el servicio público no es una moda o un capricho, su actitud contraviene el artículo 64 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que indica que los elementos que integran los cuerpos de seguridad dejaran de pertenecer a éstos por cuatro causa, la que aquí nos ocupa es “por incapacidad permanente, física o mental que le impida el desempeño del servicio”; ¿quién está engañando a quién?
Además de todo esto, existe aún el problema de que la servidor público, para su propio beneficio, está dilapidando recursos del gobierno del estado al utilizar un vehículo Neón, de modelo reciente, que sólo usa para pasear con sus amistades o para tenerlo estacionado todo el día, ya sea en el área de la PJE o frente a su domicilio, mientras que existen áreas de la misma corporación donde sería más imprescindible ese vehículo, sobre todo si partimos de la idea de que los automóviles entregados a la PJE y la PGJ son para el desempeño de sus funciones.
Permítame checar lo que al respecto dice la Fiscalía Anticorrupción o la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) y luego le comento; de entrada le digo que este tipo de actitudes violenta el artículo 68, fracción séptima de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que habla de utilizar los vehículos oficiales dentro del horario de servicio para uso personal; además de otro artículo que habla sobre aquello de obligar al subalterno a que le entregue dinero, por aquello de los 100 pesitos por permiso para extraerse de los servicios de la guardia.
Lo cierto es que no sólo la comandante Margarita utiliza en forma irregular recursos del gobierno del estado, como lo es su parque vehicular, también existen elementos que utilizan los vehículos oficiales para trasladar a familiares, amigos, compañeros de equipo de fútbol, para realizar mudanzas, sin que exista un control para el manejo de estas unidades y se antoja lógico que exista contubernio entre funcionarios administrativos, tanto de la PGJ como de la PJE para permitir el desgaste vehicular, ya que mientras quienes tienen a cargo las unidades no pidan gasolina, ellos tampoco les piden cuentas, se lo dejo a su opinión.
Maratón de juicios sumarios
A partir del viernes pasado, el Poder Judicial de Puebla trabaja a marchas forzadas para darle un inmediato y legal trámite a cientos de procesos penales que dormían “el sueño de los justos” en los anaqueles de los nueve juzgados penales en la Angelópolis, a través de los juicios sumarios.
Y le tocó al Juzgado Tercero de lo Penal, a cargo de Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, abrir boca con cuatro juicios sumarios al hilo, que iniciaron a partir de las 9:00 horas y que terminaron a las 16:00, con las consabidas molestias de quienes defienden sus horarios burocráticos, con decirle que la joven que está a cargo de recibir identificaciones para permitir el paso a quienes acuden a las nuevas instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, prefirió irse a comer y dejar identificaciones oficiales y de la institución al abandono que demostrar un poco de espíritu de servicio.
Lo importante del asunto es que ese número de juicios van a continuar con la intención de darle un inmediato trámite a casos que duraban para su solución hasta dos años y que ahora sólo circulan por los tribunales durante no más de cuatro meses, “justicia expedita”, el sueño de unos cuantos.
El viernes un hombre que cometió un delito imprudencial fue sentenciando a más de dos años de prisión, otro que participó en un atraco recibió uno y medio, otro más que manoseó a una menor de cinco años y que se quería hacer pasar como enfermo mental fue informado que deberá permanecer 18 meses en prisión, mientras que otro que golpeó a su pareja sentimental alcanzó la absolución total, todo esto durante seis horas de juicios donde el Ministerio Público adscrito y los abogados defensores de los procesados decidieron que sus historias no fueran publicadas; otra de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no la conocerían si no es por este tipo de suicidios donde el juez pregunta si están de acuerdo que el juicio sea video gravado o simplemente grabado y en todos los casos dijeron que “no”.
Los juicios van a continuar, de éstos van a salir a relucir historias del lado oscuro del corazón humano, pero también pruebas reales de una administración de justicia legal a toda prueba, porque las “mordidas” y las “componendas” no pueden hacerse a la vista del público.