Con una misa, los habitantes de San Francisco Ocotlán celebraron el primer aniversario del movimiento por la defensa del agua de esta junta auxiliar de Coronango.
Javier Puga Martínez/La Jornada de Oriente
Javier Puga Martínez/La Jornada de Oriente
El movimiento se transformó en una resistencia civil pacífica que alcanzó niveles regionales y llegó a poner en jaque al entonces secretario de Gobernación, Javier López Zavala; además, frustró los planes del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) de perforar seis pozos profundos, presuntamente para poder llevar agua a las colonias pobres de la capital.
La profesora Bertha Espinosa Luciano, integrante del Comité por la Defensa del Agua, indicó que desde marzo pasado, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se negó a dar permisos al gobierno del estado para iniciar las perforaciones, Ocotlán se ha mantenido en calma y cesó el hostigamiento contra los integrantes del Comité una vez que López Zavala dejó el cargo para buscar ser diputado local.
La profesora Bertha Espinosa Luciano, integrante del Comité por la Defensa del Agua, indicó que desde marzo pasado, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se negó a dar permisos al gobierno del estado para iniciar las perforaciones, Ocotlán se ha mantenido en calma y cesó el hostigamiento contra los integrantes del Comité una vez que López Zavala dejó el cargo para buscar ser diputado local.
Dijo que si bien en esa localidad no conocen al actual encargado de la política interna del estado, Mario Montero Serrano, tampoco es necesario, pues el pueblo está trabajando en paz y calma; sin embargo, subrayó que el Movimiento por la Defensa del Agua continúa, y las manifestaciones y movilizaciones pueden surgir en cualquier momento.“Es muy importante que la gente sepa que no está sola, que sepa que el movimiento sigue existiendo, y por eso en cada comunidad, donde el gobierno o los particulares quieran extraer el agua, ahí vamos a estar nosotros”, afirmó en entrevista con La Jornada de Oriente.
Dos funcionarios de tercer nivel originaron el conflicto
Fue el 3 de enero de 2007 cuando el gobierno del estado de Puebla inició el año con una manifestación de más de 400 habitantes de San Francisco Ocotlán frente a Casa Aguayo, los cuales se opusieron a la perforación de seis pozos de agua, trabajos que habían iniciado un día antes.En esa ocasión, el incumplimiento de un acuerdo y la inexperiencia de funcionarios de tercer nivel de la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado provocaron que una manifestación pacífica realizada en Casa Aguayo terminara más tarde en un enfrentamiento entre granaderos de la Policía Estatal y los quejosos.
El resultado, más de 20 golpeados por agentes estatales y una decena más de gaseados con lacrimógeno. Aunque no se reportaron heridos de gravedad, la agresión provocó que los manifestantes que minutos antes habían cerrado el acceso de la autopista México–Puebla hacia el Periférico Ecológico, en dirección a Cholula, decidieran replegarse a su comunidad.
Ese día, los habitantes de Ocotlán se habían reunido en la plaza pública de esa localidad, ubicada a un costado de la planta armadora VW para discutir las nuevas acciones a realizar ante la negativa del gobierno del estado de retirar la maquinaria que excavaría seis pozos de agua potable que, según los quejosos, será para surtir a la ciudad de Puebla y para el saneamiento de Valsequillo.
En aquella ocasión, el director de Operación Hidráulica del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (Soapap), Tomás Hernández, señaló que Ocotlán cuenta con agua potable suficiente, y que con la excavación de pozos no se afectan los mantos freáticos ni el abasto a los pobladores.
Incluso agregó que estaba dispuesto a hacer un recorrido por el lugar acompañado de los medios de comunicación para que éstos verifiquen que sus dichos son ciertos, y sostuvo que la manifestación fue producto de “algún líder que pretende sacar provecho de la situación. A lo mejor sí son campesinos, pero no los de la región”.
Lo cierto es que los manifestantes se negaron rotundamente a entablar diálogo con Hernández Leal, pues en diversas ocasiones se entrevistaron con él las instalaciones del Soapap, donde aseguraron, sólo les mintió y burocratizó la solución a su demanda. Los manifestantes exigían dialogar directamente con Mario Marín o con el secretario de Gobernación, Javier López Zavala.
Con nadie más hablarían, amagaron, ya que de lo contrario serían engañados, “como hicieron con los de Xoxtla”; sin embargo, ninguno de los dos funcionarios más importantes de la administración estatal estaba en la sede de gobierno.
De López Zavala se supo que estaba “en una reunión importante en la ciudad”; de Marín Torres, se desconoció su paradero.Para atender a los quejosos salió un funcionario de cuarto nivel llamado Gerardo Mejía, hoy regidor electo en el ayuntamiento de Puebla, que encabezará Blanca Alcalá en febrero próximo, quien con su prepotencia característica se presentó como el director de Participación de la Segob; estaba acompañado de otro empleado más, de nombre Francisco Lezama. Incapaces, y a diferencia de sus jefes, éstos no pudieron llegar a un acuerdo con los quejosos, por lo que la protesta se extendió por más de cuatro horas con bloqueos a la calle 14 Oriente y el bulevar 5 de Mayo.
En medios de gritos, burlas e insultos hacia Marín Torres, López Zavala y los empleados de la Segob, los manifestantes se retiraron con la promesa de que sería retirada la maquinaria que pretende perforar seis pozos, acción a la que se niegan los campesinos porque arguyeron que desde hace 10 años el gobierno estatal perforó otros cinco pozos con la promesa de que serían los primeros beneficiados con el vital líquido, situación que nunca ocurrió. “Nosotros pagamos nuestra propia red de agua y ahora no tenemos ni gota, pagamos nuestras propias pipas”, señaló uno de los manifestantes.
Pasadas las 4 de la tarde, esa promesa estatal no fue cumplida, por lo que los habitantes decidieron cerrar el acceso de la autopista México–Puebla al Periférico. Tres horas después llegaron más de 200 policías estatales para repeler a la gente de Ocotlán a golpes y con gas lacrimógeno.Los manifestantes alcanzaron a incendiar algunos pastizales, pero decidieron retirarse ante la agresión de la fuerza policiaca, evitando un enfrenamiento mayor.
Se espera que este día más de 3 mil pobladores de San Francisco Ocotlán se manifiesten nuevamente frente a Casa Aguayo y cierren algunas vialidades en señal de protesta hasta que se cumplan sus dos demandas: que el gobierno del estado retire toda la maquinaria perforadora de pozos y se les prometa jamás extraer agua de esa demarcación.
La Comisión Nacional del Agua cancela los pozos
Durante los tres primeros meses del año, el Comité por la Defensa del Agua y los pobladores de Ocotlán padecieron la represión del gobierno del estado, concretamente de la Secretaría de Gobernación, y soportaron las amenazas y presiones de Javier López Zavala, recordó la maestra Bertha Espinosa Luciano.
Finalmente, fue el 8 de marzo de 2007 cuando el conflicto se decidió a favor de los pobladores, pues la Conagua declaró ese día que el gobierno del estado no sólo se quedó sin permisos de dependencia federal para perforar pozos en Ocotlán, sino que además la dependencia exigió al gobierno de Mario Marín Torres la devolución de 20 millones de pesos que serían utilizados en la extracción de agua.
El dinero fue depositado días despúes.La Conagua determinó en esa ocasión que la administración marinista se hizo acreedora a una sanción económica por parte de la Federación, ya que excavó un pozo ilegalmente y tendió un tramo de línea de transportación del líquido sin la autorización correspondiente.
La Conagua estudia el monto de la multa de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales.Dicha información la proporcionaron Víctor Manuel Collado, subdirector de Administración, y Átalo Ortiz Ramírez, subdirector de Infraestructura Técnica y Operativa de la Conagua, a los integrantes de la Comisión por la Defensa del Agua que, apoyados por más de 2 mil vecinos de San Francisco Ocotlán, realizaron ese día una manifestación en las oficinas de la dependencia para exigir un castigo al SOAPAP por instalar maquinaria hidráulica y perforar un pozo.
Espinosa Luciano aseguró ese día que la notificación de la Conagua representó un primer triunfo para el movimiento de Ocotlán, y pidió que el gobierno del estado también aceptara su responsabilidad: “Ellos saben perfectamente que cayeron en irregularidades y no tienen cara para enfrentar a la población. Queremos que se hagan responsables por violar las leyes y cometer este atropello”.
Durante la explicación que ofreció al Comité por la Defensa del Agua, Átalo Ortiz reconoció que el movimiento de la población de Ocotlán sí influyó para que la Conagua exigiera al gobierno de Mario Marín la devolución de 20 millones 729 mil 800 pesos, provenientes del programa federal “Agua Potable y Alcantarillado para Zonas Urbanas”, dinero con el que se pretendía perforar cinco pozos.
El recibo mostrado por los funcionarios federales indica que el 2 de marzo pasado el gobierno del estado depositó esa cantidad en el banco Santander a nombre de la Tesorería de la Federación.
“Dada la problemática social que se planteó, nosotros tuvimos un acercamiento con la Secretaría de Gobernación y nuestro director, Manuel Beristáin. Ahí les pedimos que devolvieran los recursos federales para estas obras. Tengo la ficha de depósito del gobierno, los recursos están devueltos y para nosotros esas obras no tienen ninguna validez, dado que no otorgamos ningún permiso para la perforación de pozos”, manifestó Ramírez.Víctor Manuel Collado señaló que existía un amparo por parte del gobierno del estado para extraer agua de Ocotlán, mismo que finalmente fue desechado por los tribunales federales.
Abundó que la administración estatal no tenía recursos para realizar esas obras, por lo que consideró que será difícil que se lleven a cabo. El gobierno del estado, dijo, debió haber aportado una cantidad igual, por lo que se estima que los pozos habrían costado 40 millones de pesos.
“Nosotros, como Conagua, no emitimos ningún permiso, ahora será responsabilidad de quien perforó sin permisos”, apuntó Collado en referencia al SOAPAP.Sobre ese particular, el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Joe Hernández Corona, dijo entonces que el gobierno del estado iba a ser respetuoso de la decisión de la Conagua, y la maquinaria iba a ser retirada días más tarde.
Agregó que los trabajos están suspendidos temporalmente, pero “el gobierno del estado no adopta una actitud de capricho, sino que tiene que seguir buscando poder solventar las necesidades de agua de la región”.
