Un gringo, un exagente de la PJE, tres tamaulipecos y tres coahuilenses componían el grupo armado que a punto estuvo de ser linchado por campesinos de Tlapanalá
Alfonso Ponce de León Salgado
Foto Andrea Barro
Tres horas después de que se concretó el traslado de los ocho integrantes del crimen organizado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, el procurador general de Justicia, Rodolfo Igor Archundia, rompió el silencio y reconoció que por lo menos en la zona de Izúcar de Matamoros operó una red nacional de delincuencia organizada que perpetró tres secuestros y que en el último fueron detenidos, no por personal a su mando sino por los mismo habitantes de la comunidad de Tlapanalá; quienes, para darles un escarmiento, a siete les mutilaron las orejas y algunos dedos.
Acompañado del subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Víctor Pérez Dorantes (blanco de un atentado armado, que sólo afectó a dos hombres de su personal de confianza), el procurador también reconoció que entre los ocho detenidos, acusados por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y tentativa de homicidio, se encuentra un exagente de la Policía Judicial del Estado (PJE), Aurelio Xolo Gozcón, alias “Javier Ríos Ponciano”, “El Congo” o “El Ríos”, quien en 1998 causó baja por pérdida de confianza.
Los otros detenidos, que a partir del jueves forman parte de la población del Cereso de San Miguel son Mario Antonio Martínez Tovar, quien también dice llamarse Isaac Méndez, “El Munrra”; Miguel Domínguez Álvarez, alias “Juan José Escalante”, “El Tacón”, “El Halcón” o “El Guardián”; José Gregorio Loera Rodríguez, alias “Gerardo González Ramírez” o “El Gordo”; éstos son originarios del estado de Coahuila.
Rodolfo Espinosa, alias “Ernesto González Hernández”, “El Popo”, originario de Ladero estado de Texas.
Juan Martínez Salazar Molina, alias “Juan Salazar Martínez, “Gerardo Sánchez Martínez, “El Llorón” o “El Juanillo Llorón”; Juan José Olivares Torres, alias “Juan Carlos Garza Martínez”, “El Tizoc”, “El Papá”, “El Comandante” o “Juanillo”; y Martín Palma Meneses, alias “El Sonrisas”; éstos originarios del estado de Tamaulipas.
El procurador Rodolfo Igor Archundia informó que estos sujetos, además presuntos responsables de delitos federales, como la portación de armas de uso exclusivo del Ejercito mexicano y las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud y delincuencia organizada, entre otros, serán presentados a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se realicen las investigaciones correspondientes.
Dentro de esta consignación efectuada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a través de la Dirección de Investigaciones en Delincuencia Organizada(DIEDO), dijo el funcionario que van a ser remitidas al Ministerio Público federal seis armas, tres largas (AK47) y tres cortas; además 56 “grapas” de cocaína que les fueron encontradas al momento de su detención. Negó que los sospechosos de delincuencia organizada tuvieran al momento de ser detenidos una “maleta” con 25 millones de pesos.
El procurador no calificó con ningún nombre a los integrantes del grupo armado detenido, sólo dijo que éstos forman parte de una organización que a nivel nacional opera y que cuenta con un organigrama que define a cada uno de los jefes y sus responsabilidades, con esto respondió no saber quién es el jefe de los ocho ahora internos del Cereso; además también dijo no saber si esta organización tiene alguna otra célula que esté operando en territorio poblano.
Entre líneas, el procurador reconoció que se cumplió con el convenio con habitantes de Tlapanalá, al no iniciar expedientes en su contra por el maltrato a los integrantes del grupo armado; además de que a través del Consejo Estatal de Seguridad les entregaron dos patrullas para reforzar su seguridad en la población y aclaró no estar enterado que el presidente municipal de ese lugar sea blanco de alguna investigación.
El procurador reconoció que recibieron llamadas amenazantes de que iban a rescatar a los delincuentes, por lo que fue necesario que del Hospital General, donde fueron atendidos de sus lesiones, los trasladaran a las instalaciones de la DIEDO y luego a las de la Academia Estatal de Policía.
Una probada de fuerza y armas de los cuerpos policiacos
El reducido grupo de agentes de la Subprocuraduría Investigadora Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que estuvieron presentes para dar fe del traslado de los sospechosos de delincuencia organizada, secuestro y tentativa de homicidio, fueron testigos del estado de fuerza de las corporaciones policiacas preventivas.
A partir de las 18:30 horas del jueves en toda la ciudad de Puebla se desplegó un operativo policiaco nunca antes visto —el único que se asemejó fue a principios de los ochenta en el traslado de internos de la penitenciaria de Puebla y de la cárcel preventiva de San Juan de Dios al Cereso de San Miguel—, donde la municipal, del estado y metropolitana, apoyadas por la Dirección Municipal de Tránsito, dieron muestra de coordinación y facilidad de movimiento en unidades con armas, salvo algunas excepciones.
El traslado de los detenidos fue con la misma sincronía que el simulacro de que la Secretaría de Seguridad Pública del estado y municipal realizaron a partir de las 11:00 horas, la camioneta van, sin placas, cerrada y con los vidrios polarizados, salió por la puerta de la 12 Poniente de la Academia Estatal de Policía y dio vuelta a la 11 Norte, en sentido contrario, para luego meterse por la 8 Poniente, llegar al bulevar 5 de Mayo y luego seguir hasta circuito interior y llegar, en 9 minutos, a las instalaciones del Cereso, donde otro grupo armado aguardaba.
Durante el trayecto los elementos de Tránsito municipal, a pie, en moto y en vehículos, interrumpieron la circulación para dar paso a la van y a la escolta policiaca de más de 400 elementos que, portando armas largas, venían escoltando a los detenidos.
La misma camioneta van ingresó al Cereso de San Miguel y en el área de aduanas bajaron a los detenidos para luego ser trasladados a un área especial a fin de que, ayer mismo, rindieran declaración ante el juez Cuarto de lo Penal, donde fueron consignados por los delitos del orden común.
