Fauna Política
La industria del secuestro
Por Rodolfo Herrera Charolet
En la madrugada del viernes 1° de agosto de 2008, en la cajuela de un auto Chevrolet Corsa fue encontrado el cuerpo sin vida del niño Fernando Martí Haik, de 14 años de edad,: El menor había sido secuestrado en los primeros días del mes de junio, tras asesinar a su chofer y escolta, según lo declararon las autoridades ministeriales. A pesar de haberse pagado el rescate del menor para su liberación, los asesinos lo ultimaron asfixiándolo por sofocación. En las indagatorias resultaron implicados, entre otros, Lorena González Hernández con cargo de policía judicial federal, quien fue reconocida por el escolta Christian Salmones, a través de la cámara de Gessel de la Fiscalía de Homicidios, quien había sido declarado muerto.
Ante este hecho lamentable y la gran difusión que se le dio en los medios de comunicación, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, aprovechó la ocasión para recordar a la ciudadanía que en el mes de marzo del año pasado había enviado una iniciativa de ley. Esta iniciativa pretende la cadena perpetua por diversos delitos graves, entre los que se destaca el secuestro de personas. El discurso tiene su origen en sus promesas de campaña, cuando afirmó en su conferencia de prensa el 16 de febrero de 2006; “Estoy en contra de la pena de muerte”. En donde una alternativa de pena ejemplar equivalente a la pena de muerte es precisamente la cadena perpetua.
Derivado de los numerosos escándalos de corrupción y complicidad de servidores públicos, con un clima social enrarecido y en un ambiente de violencia exacerbada, con desproporcionada cobertura que los medios de comunicación hacen de la nota roja, los hechos violentos han promovido la catarsis social, en la que los medios de comunicación subordinan la integridad física de una persona al impacto mediático que obtienen mediante una nota informativa., con hechos tales como:
El 12 de junio de 2008 una joven de 23 años de edad, sobrina del Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Jalapa, fue secuestrada. El 15 de junio, Karina Reyes Luna, estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), fue encontrada muerta dentro de una bolsa de plástico a orillas de la carretera Orizaba-Puebla.
Hace 10 años el 26 de abril de 1998, Patricia Gómez Osorno, estudiante de administración de empresas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), fue plagiada y asesinada a manos de su compañero Carlos Solana y otros.
El 12 de enero de 2001, la joven estudiante de odontología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) Marisol Catalán Zamora, fue secuestrada por compañeros de su universidad. Fue asesinada y abandonado su cuerpo en el interior de la cajuela de su vehículo.
Sebastián y Vicente Gutiérrez Moreno, hijos de una familia dedicada al negocio de la venta de autos y miembros de la comunidad española, fueron secuestrados en el 17 de mayo de 2004 por un operativo de delincuentes vestidos de policías. No obstante que la familia pagó el rescate exigido de varios cientos de miles de dólares, siete días después fueron asesinados con un tiro en la nuca y tirados sus cuerpos en un basurero de Chalco, Estado de México. Este hecho motivo la primera gran marcha en contra de la inseguridad, realizada el 30 de agosto de 2004. No existe rastro de los criminales.
El 9 de noviembre de 1999, Braulio Suárez Peredo, un niño de apenas ocho meses de edad, secuestrado en Tlalnepantla murió asfixiado dentro de una maleta, en donde fue introducido por el cómplice del secuestrador. El autor de tal infamia resulto ser el enfermero de su abuelo. En aquella ocasión los delincuentes exigieron un rescate de 200 mil pesos. Al percatarse de la muerte del pequeño, abandonaron su cuerpo en un lote baldío y lo quemaron para tratar de borrar las huellas de su responsabilidad. En su momento, la sociedad se conmocionó al grado de que las autoridades aseguraron que se tomarían las medidas necesarias para combatir el secuestro. Los responsables fueron capturados.
Dos años antes, el joven comerciante Raúl Nava Ricaño, fue secuestrado por Daniel Arizmendi en 1997 y asesinado ante la incapacidad de la familia de pagar el rescate de tres millones de dólares que se exigió para su liberación. La noticia conmovió a la sociedad, las autoridades ofrecieron tomar medidas a fondo para combatir el secuestro Pero el recuerdo de Raúl Nava se ha borrado también de la memoria colectiva. Una década después el dinero y las propiedades incautadas, producto del sufrimiento de las innumerables víctimas, siguen en los tribunales.
El recuerdo de Fernando Martí está fresco en la memoria de los mexicanos, nuevamente la Pena de Muerte o la Cadena Perpetúa a los delincuentes, desvirtúa la atención ciudadana. De hecho, los mismos responsables de la seguridad pública que afirmaban tener el control, ahora anunciar que se requieren una serie de “ideas” brillantes para enfrentar esta modalidad del crimen. Planes y reuniones, que producen kilos de papel de buenas intenciones, pero que en los hechos, se reduce a la ineficiencia pública.
En el secuestro y asesinato de Fernando Martí el Presidente Calderón, encontró el momento para la protagonismo, afirmando ante miles de mexicanos que "Es necesario detener a aquellos cuya crueldad no conoce límites", reiterando su petición para que los gobiernos estatales y municipales modernicen y depuren sus cuerpos policíacos y para que se mejore la coordinación con la autoridad federal. El mandatario aseguró que urge que las autoridades hagan su trabajo para frenar la impunidad, hasta ese momento, el 7 de agosto, desconocía que una agente de la Policía Judicial Federal (competencia suya y de sus subordinados) estuviera involucrada. En las propia declaración del Presidente y retomando su llamado, el gobierno federal debe hacer su trabajo para frenar la impunidad, confesando expresamente, que no lo está haciendo.
Esta historia continuará
