citan a Igor Archundia y Blanca Villeda por caso de MP que no tenía título de abogado


Hace unos días en este espacio se dio a conocer la detención de Juan Alberto Cruz Simón, quien en el sexenio pasado, sin ser abogado, fue agente del Ministerio Público (MP) y en esa condición consignó cientos de averiguaciones previas. Ahora ha trascendido que los ex titulares de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Blanca Laura Villeda y Rodolfo Igor Archundia Sierra, no solamente habrían consentido esa anomalía, sino que el primero de ellos le habría autorizado fungir de esa manera, razón por la cual la defensa del acusado ha exigido que se incluya a los dos ex funcionarios en proceso que se sigue en su contra.
De hecho, este lunes Rodolfo Igor Archundia había sido citado por la defensa de Juan Alberto Cruz Simón para que fuera interrogado en el juzgado octavo de lo penal, pero el ex titular de la PGJ no acudió al llamado.
Juan Alberto Cruz Simón fue detenido el jueves de la semana pasada al haber sido descubierto que fungió como MP sin ser abogado. A lo largo de los últimos días ha presentado una serie de pruebas comprometedoras contra altos funcionarios de la PGJ del sexenio anterior, como son:
Interpuso ante el juzgado varios documentos, entre ellos un oficio en donde la entonces procuradora de Justicia, Blanca Laura Villeda, lo eximió de presentar el examen de oposición para ser nombrado auxiliar del MP en septiembre de 2006, y como meses más tarde fue ascendido a agente del MP consignador, lo que le permitió encargarse de muchos de los asuntos más importantes que la PGJ llevó el sexenio pasado en materia de crimen organizado.
Cruz Simón ha argumentado a su favor que él nunca se ostentó como abogado ni mucho menos que tenía cédula profesional.
Él –argumentó– siempre firmó todos los documentos presentándose como "ciudadano", y nunca antepuso algún grado académico.
Por tanto nunca incurrió, por su parte, en el delito de usurpación de funciones en las más de 500 averiguaciones que tuvo en sus manos –no 400 como se dijo en este espacio– en los casi cuatro años que fungió como agente del MP.
Esos elementos deberían llevar a que entonces, lo procedente, es que se procese a los altos funcionarios de la PGJ que permitieron que se violara el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia que establece la exigencia de que los agentes del MP sean abogados.
Y que ahora, posibilita que docenas de personas que fueron objeto de una averiguación previa consignada por Juan Alberto Cruz Simón reclamen el pago de daños y prejuicios por haber estado sometidos a dicho procedimiento sin una persona facultada para esa labor pública.
Lo más grave de este asunto, es que en los archivos de la PGJ ha aparecido una copia fotostática de un supuesto título de abogado de Juan Alberto Cruz Simón en donde se dice que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana plantel Santa Fe, en la ciudad de México.
Cuando Juan Alberto Cruz Simón en realidad se matriculó en la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de Puebla y hasta la fecha no ha obtenido el grado de licenciado, ya que su examen profesional estaba programado para el día siguiente de que fue detenido por la PGJ.
De acuerdo con el expediente del proceso que se sigue en su contra, no existen elementos para acusar a Cruz Simón de haber sido quien falsificó un título de la Ibero México e ingresó una copia fotostática del mismo al archivo de la Procuraduría de Justicia.
Por ahora las preguntas que quedan en el aire sobre este caso son las siguientes:
¿El actual titular de la PGJ, Víctor Antonio Carrancá Bourget está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso?
¿El actual gobierno estaría en posibilidades, o mejor dicho con voluntad política, de proceder contra Rodolfo Igor Archundia Sierra o Blanca Laura Villeda en caso de que se determine alguna responsabilidad de alguno de ellos?
¿O Juan Alberto Cruz Simón es un chivo expiatorio?
¿Qué se perseguía en el sexenio pasado al dejar que un Ministerio Público fungiera sin tener el grado académico que exige la ley?
¿Quién se benefició de esa situación?
¿Este caso se descubrió por las actuales autoridades por accidente o forma parte del escrutinio que se está haciendo al anterior gobierno?
En los próximos días se podrán desenmarañar estas preguntas.