Corrupción municipal por más de 626 mdp
Un ejemplo de impunidad a la vista de todos
Rodolfo Herrera Charolet
Las irregularidades en la Administración de San Andrés Cholula no es novedad, es el resultado de años de impunidad y saqueo, que se hicieron costumbre gracias a los acuerdos o el de hacerse de la vista gorda, mientras la población recibe el pan (despensas) y el circo (ferias y eventos artísticos) que se dice calma los ánimos.
Un análisis crítico de los Pliegos de Observaciones y del Probable Daño al Erario Público al 31 de diciembre de 2024, dado a conocer en mi libro "En Cholula, Redes de Corrupción y Poder" fue confirmado por la Auditoría Superior del Estado en sus dos informes realizados del año 2022 y 2023.
En un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión pública en México, el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, emerge como un caso paradigmático de presuntos actos de corrupción derivados del mal manejo de recursos federales y locales. La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) emitió informes que revelan más de 626 millones de pesos en observaciones no solventadas correspondientes a las Cuentas Públicas de 2022 y 2023, distribuidos en aproximadamente 90 pliegos de observaciones. Estos hallazgos no sólo cuestionan la eficiencia administrativa de la gestión encabezada por Edmundo Tlatehui Percino (PAN, 2021-2024), sino que también sugieren un patrón sistemático de irregularidades que podrían configurarse como delitos contra el erario público, con potenciales denuncias penales y sanciones económicas.
Mi análisis crítico, basado en documentos oficiales y reportes independientes, desglosa las anomalías encontradas, enfatizando cómo el desvío presumido de fondos ha impactado negativamente en servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y seguridad, perpetuando un ciclo de opacidad que erosiona la confianza ciudadana y el desarrollo municipal.
Relevancia nacional
La relevancia de este caso trasciende lo local: en un estado como Puebla, donde la ASE ha emitido más de 2,000 pliegos de observaciones en revisiones recientes a entidades municipales, San Andrés Cholula destaca por la magnitud de sus irregularidades, equivalentes a un porcentaje significativo de su presupuesto anual. Según datos consolidados, el daño patrimonial presumido alcanza los 231.9 millones de pesos en 2022 y 394.7 millones en 2023, sumando un total que supera los 626 millones. Esta cifra no es aislada; refleja un problema estructural en la administración pública mexicana, donde la falta de controles internos y la discrecionalidad en adjudicaciones directas facilitan el abuso de poder.
Esta situación se ha calificado esta como una "orgía económico-administrativa", destacando cómo la opacidad ha permitido el enriquecimiento ilícito a expensas de la población vulnerable, en un municipio con altos índices de desigualdad y necesidades en infraestructura básica.
Contexto Histórico y Administrativo: Raíces de la Opacidad en San Andrés Cholula
San Andrés Cholula, ubicado en la zona metropolitana de Puebla, es un municipio con una rica herencia cultural, marcado por su proximidad a sitios arqueológicos como la Gran Pirámide de Cholula. Sin embargo, su administración reciente ha sido empañada por escándalos financieros que datan de períodos anteriores, pero se agudizaron bajo el mandato de Tlatehui Percino. La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla establece que los entes públicos deben justificar el uso de recursos con documentación probatoria, bajo pena de sanciones.
En este marco, la ASE realiza auditorías anuales para detectar desviaciones, y en el caso de San Andrés Cholula, los informes de 2022 y 2023 revelan un patrón recurrente: adjudicaciones directas sin motivación, omisión de licitaciones públicas, falta de evidencia de entregas y ejecuciones ficticias o parciales.
Históricamente, el municipio ha enfrentado observaciones similares. Por ejemplo, en la Cuenta Pública de 2020, la ASE encontró irregularidades por millones de pesos en obras públicas y servicios, lo que llevó a recomendaciones no atendidas. Esta inercia se agravó en 2022-2023, coincidiendo con un incremento en el presupuesto municipal derivado de fondos federales como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Críticamente, esta expansión presupuestaria no se tradujo en beneficios tangibles para la ciudadanía; en cambio, fomenta un entorno propicio para la corrupción, donde servidores públicos presuntamente priorizaron intereses privados sobre el bien común.
El análisis independiente que di a conocer en el año 2023, se anticipó al informe y señalaron que el 69.65% de los recursos captados en 2023 se ejecutaron de manera sospechosa, un porcentaje alarmante que sugiere no solo negligencia, sino un diseño intencional para evadir controles, contratación de empresas sin haberse encontrado en el domicilio que indicaron y la asignación discrecional de recursos.
La figura de Edmundo Tlatehui Percino, exalcalde panista, es central en este análisis. Su administración, que concluyó en 2024, ha sido criticada por fomentar un clima de impunidad, donde la falta de transparencia en contratos y subsidios permitió el desvío de fondos. Reportes de medios como El Valle describen su gestión como un "desmadre administrativo", con observaciones que apuntan a saqueo sistemático.
Esta crítica se extiende a la sucesión política, donde Tlatehui habría influido en la designación de su esposa, Guadalupe Cuautle como sucesora, pese a las evidencias de mal gobierno. En un tono procesal, es imperativo destacar que estas irregularidades no son meras omisiones técnicas, sino presuntos actos de corrupción que violan artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, potencialmente configurando delitos como peculado o abuso de autoridad.
Detalle de Pliegos de Observaciones No Solventados en 2022: Anomalías en Servicios y Obras Públicas
El informe de la ASE para la Cuenta Pública 2022 de San Andrés Cholula consigna nueve pliegos de observaciones principales (PO) y cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), con un total observado de 231,988,125.90 pesos. Estas observaciones derivan de un mal manejo que prioriza la discrecionalidad sobre la fiscalización, generando un probable daño al erario que podría derivar en denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y sanciones económicas por parte del Tribunal de Justicia Administrativa.PO-01: Falta de Evidencia en Servicios Generales (46,099,064.80 pesos)
Este pliego destaca la omisión de documentación justificativa en gastos de servicios generales, lo que impide verificar la rendición de cuentas. Críticamente, esta irregularidad sugiere un esquema de simulación de gastos, donde fondos públicos se destinan sin trazabilidad, posiblemente para enriquecer a proveedores afines. En un municipio con necesidades en mantenimiento urbano, esta falta de transparencia equivale a un sabotaje al desarrollo local, afectando directamente a la población.
PO-02: Información Desordenada en Servicios Generales (104,929,548.18 pesos)
Aquí, la presentación incompleta de registros contables revela una administración caótica o intencionalmente opaca. El monto representa una porción significativa del presupuesto, y la no solventación implica un riesgo de desvío masivo. Esta desorganización no es accidental, sino un mecanismo para eludir auditorías, perpetuando ciclos de corrupción que minan la confianza en instituciones locales.
PO-03: Subsidios sin Justificación (54,039,882.68 pesos)
La ausencia de requisiciones y actas de beneficiarios en transferencias sociales es un claro indicador de ineficiencia planeada. Estos fondos, destinados a ayudas para la población vulnerable, podrían haber sido canalizados discrecionalmente, favoreciendo clientelismo político. En términos críticos, esto no solo daña el erario, sino que agrava la desigualdad social en San Andrés Cholula, donde programas de bienestar son cruciales.
PO-04: Donativos sin Evidencia (1,957,922.24 pesos)
Aunque menor en monto, esta observación resalta la falta de procesos en apoyos a instituciones sin fines de lucro. Críticamente, expone cómo recursos públicos se diluyen sin impacto medible, posiblemente en redes de favoritismo que benefician a aliados del exalcalde.
PO-05 a PO-09: Irregularidades en Obras Públicas (25,723,370.72 pesos en total)
Estos pliegos abordan obras no ejecutadas o incompletas, como tomas domiciliarias (PO-05: 31,809.25 pesos), obra 22105 (PO-06: 14,843,756.13 pesos), y similares. La omisión de finiquitos y actas de entrega sugiere ejecuciones ficticias, un clásico de corrupción en infraestructura. En un municipio con déficits en servicios básicos, estos desvíos representan un perjuicio directo a la calidad de vida, con potenciales sanciones penales por fraude al erario.
Las PRAS (01 a 05) promueven investigaciones administrativas por omisiones en convenios y dictámenes, enfatizando la responsabilidad de servidores públicos. Críticamente, estas promociones podrían escalar a procesos penales si se demuestra dolo, destacando un sistema donde la negligencia se convierte en impunidad.
Análisis Crítico de las Irregularidades en 2022: Patrones de Corrupción Sistémica
El total de 231.9 millones en 2022 no es un incidente aislado; refleja un patrón de malversación que se repite en rubros sensibles. La adjudicación directa sin motivación, común en estos pliegos, viola la Ley de Adquisiciones del Estado de Puebla, facilitando sobreprecios y contratos amañados. Críticos como los de El Valle argumentan que esto es evidencia de un "saqueo organizado", donde fondos federales se desvían para fines partidistas o personales.
El impacto es devastador: en un municipio con alta densidad poblacional, la no ejecución de obras como drenajes o pavimentaciones agrava problemas de inundaciones y movilidad, afectando a miles de habitantes. Además, la falta de rendición de cuentas erosiona la democracia local, fomentando el cinismo ciudadano y reduciendo la participación en procesos electorales.
Comparativamente, otros municipios como San Pedro Cholula han solventado observaciones similares, lo que resalta la ineficacia o desinterés en San Andrés. La ASE ha emitido recomendaciones no atendidas, sugiriendo complicidad interna. En tono crítico, esta administración panista ejemplifica cómo el clientelismo político en Puebla perpetúa desigualdades, con fondos sociales desviados mientras la pobreza persiste en barrios marginales.
Detalle de Pliegos de Observaciones No Solventados en 2023: Escalada en Daño Patrimonial
Para 2023, la ASE identifica 81 pliegos, con un daño presumido de 394,766,842.85 pesos, un incremento que evidencia deterioro administrativo. Estos hallazgos, detallados en un informe de 451 páginas, abarcan desde aportaciones incumplidas hasta adquisiciones fantasma, con un enfoque en adjudicaciones directas irregulares.
CP-PO-01: Aportaciones al CERESO (1,476,953.15 pesos)
Incumplimiento del convenio intermunicipal, generando daño por no pago. Críticamente, afecta la seguridad regional, priorizando la evasión sobre obligaciones públicas.
E-PO-02 a E-PO-04: Materiales Básicos (11,782,301.68 pesos)
Gastos en oficina, equipo y limpieza sin evidencia, sugiriendo compras ficticias. Esto representa un desvío que podría haber financiado campañas o enriquecimiento.
E-PO-05 a E-PO-80: Diversos Rubros (374,062,588.02 pesos en total)
Incluye combustibles (32M), servicios profesionales (39M), eventos (25M), publicidad (18M), ayudas sociales (40M) y bienes muebles (34M). La falta de licitaciones y evidencia apunta a un esquema corrupto masivo, con riesgos de lavado de dinero.
OP-PO-81: Obra en Tonantzintla (4,160,039.26 pesos)
Anticipo sin autorización del INAH, suspendiendo la obra. Críticamente, daña el patrimonio cultural, con responsabilidades penales probables.
Análisis Crítico de las Irregularidades en 2023: De la Negligencia al Saqueo Organizado
El escalamiento a 394.7 millones en 2023 confirma un deterioro sistémico. Medios como El Ciudadano reportan que el 85% de recursos auditados mostró anomalías, con 69.65% ejecutados sospechosamente.
Críticamente, esto indica un "desmadre administrativo" donde la opacidad es norma, facilitando la corrupción endémica. El exalcalde Tlatehui, al no solventar en 30 días, expone a servidores a procesos penales. El impacto social es profundo: fondos para salud y educación desviados agravan la pobreza, mientras eventos y publicidad inflados sugieren propaganda personal.
Comparado con municipios como Cuautlancingo (146M observados), San Andrés destaca por magnitud, llamando a intervención federal.
Consecuencias Legales y Económicas: Hacia la fiscalización.
Los 90 pliegos podrían derivar en denuncias penales por peculado (art. 223 Código Penal Federal), con penas de 2-14 años, y sanciones económicas hasta el doble del daño. La FGE y Contraloría deben actuar, pero la impunidad histórica en Puebla genera escepticismo. Críticamente, sin reformas, este ciclo persiste, minando la democracia.
Los 626 MDP observados en San Andrés Cholula epitomizan corrupción estructural. Esta es la razón por la cual exijo que las investigaciones imparciales y la denuncia penal correspondiente, sean necesarias para restaurar confianza, enfatizando que el erario es sagrado. Solo con una fiscalización verdadera, Puebla avanzará.
¿O no lo cree usted?
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