2012-05-30 | Cholula.- Diversos dirigentes cholultecas coincidieron en que las autoridades municipales esclarezcan las acusaciones que se han publicado en diversos medios, sobre un supuesto negocio en el que estarían involucrados diversos funcionarios de la administración pública municipal de San Pedro Cholula y el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla.
En días pasados se publicó que utilizando presuntos prestanombres y familiares del subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social;
"José Antonio López Espinosa obtuvo como propiedad un predio de 16 mil metros cuadrados mediante un juicio de usucapión, propiedad de sus tíos, el cual se ubica al sur de la cabecera municipal de San Pedro Cholula, entre la carretera de Nealtican, (llamada carretera a Paso de Cortés) y la desviación a San Agustín Calvario. Posteriormente realizó diversas operaciones con la finalidad de ocultar su nombre y así realizar el negocio inmobiliario. Para tal efecto realizó una donación a sus hermanos José Aurelio y María de Lourdes, quienes vendieron a su sobrina María de Lourdes Beltrán López (María Beltrán) la cantidad de 12 mil metros cuadrados reservándose poco menos de 4 mil. El monto de la operación fue de 150 mil pesos libre e impuestos, operación notarial que se realizó el 8 de julio de 2011 y consta en la Notaría Pública Número 3 a cargo de la licenciada María Emilia Sesma Téllez."
Cita textual publicada en Momento Diario
Al respecto fuentes municipales que pidieron no se publiquen sus nombres, afirman que en la adquisición y traslado de dominio del bien no existe incumbencia del gobierno municipal, en virtud de que es un asunto entre particulares y que lo permite la ley.
En cuanto a las licencias y trámites, se publicó que:
El 26 de julio de 2011, María Beltrán pagó $ 113,790 pesos por el estudio de factibilidad de Agua y Drenaje del predio a lotificar, al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (Sosapach), a cargo del director y cuñado de Dolores Parra, el señor David Castellanos Ortiz quien otorgó el mencionado estudio.
El 27 de julio de 2011, María Beltrán solicitó el dictamen de uso de suelo del predio en cuestión a la Dirección de Desarrollo Urbano y el 3 de octubre solicitó el cambio de uso de suelo de "Rustico" a "Habitacional y Comercial" para utilizar y urbanizar el mismo. Dicha solicitud fue del conocimiento de Dolores Parra, puesto que le fue turnada copia del mismo.
Al respecto la misma fuente gubernamental afirma que en los trámites y cobros respectivos se hacen de conformidad con la ley y tampoco existe contubernio, porque los solicitantes (como cualquier ciudadano) solicitaron dichas licencias y se comprometieron a pagar los derechos que de conformidad con la ley de ingresos corresponde. En cuanto a que David Castellanos Ortiz sea cuñado de la Presidenta Municipal y Director del SOSAPACH, se trata de un nombramiento derivado de la renuncia del anterior director, Juan Espinosa Técual (padre del diputado local Juan Espinosa Torres) quien dejó el cargo a menos de un mes de haberlo asumido y que dicho organismo goza de un órgano directivo que toma las decisiones colegiadas y que son sometidas al cabildo quien autorizó dicho nombramiento y no fue una designación exclusiva de la presidenta municipal.
En cuanto a los cobros por derechos y la introducción de drenaje y agua potable, de conformidad con las autorizaciones otorgadas, deberán de ser pagadas por los usuarios en este caso solicitantes y no tendrá una carga financiera para el organismo. En cuanto a la permanencia o remoción del funcionario, dependerá de que el quejoso pruebe su dicho ante el órgano competente y este órgano determine, si procede o no dicha remoción, hasta la fecha ningún cholulteca o ciudadano mexicano ha interpuesto la denuncia correspondiente, ni ha probado su dicho ante alguna autoridad que tenga la competencia para remover o al menos recomendar dicha remoción.
En cuanto a que la persona autorizada para recibir notificaciones; Víctor Manuel Romero Tecpanécatl quien además es hermano del esposo de Dolores Parra, no existe prohibición en la Ley para que lo pueda realizar, puesto que no está violando reglamentación alguna u disposición que le restringa su actuación personal para recibir notificaciones.
En cuanto a que el autorizado por la lotificadora y promotora inmobiliaria, sea hermano del esposo de la presidenta municipal y quien además es Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, Marco Antonio Romero Tecpanécatl. Al respecto informó que no existe impedimento legal que hermanos, o en este caso cuñados de los servidores públicos estén impedidos para recibir notificaciones de particulares, menos, si dicha persona autorizada no es funcionario del órgano administrativo que lo expide, en este caso Víctor Manuel Romero Tecpanécatl, quien es regidor suplente y no propietario, no se encuentra en funciones y tampoco le está impedido promover en su caso dicha lotificación, en virtud de que dicho acuerdo es entre particulares en el que el Gobierno Municipal es ajeno y tampoco causa una carga financiera al municipio, ni tampoco existe daño patrimonial.
En cuanto a que Víctor Manuel Romero además es Sub Director de Asuntos Penales y Civiles de la Secretaría de Desarrollo Social, quien recibió el alineamiento y el número oficial del predio de María Beltrán. Al respecto el gobierno municipal es ajeno y tampoco existe ley que lo impida.
Por lo que las publicaciones que se han realizado, únicamente narran hechos que están legalmente amparados y en ningún momento existe denuncia formal de ciudadano que pretenda culpar al gobierno municipal de alguna irregularidad, ni tampoco se ha probado su dicho. Sin embargo las publicaciones si se han llevado al terreno de lo público, con el único fin de desprestigiar la actividad que realiza la Presidencia Municipal. Por lo que se descartó que dichas publicaciones pudieran dañar la excelente relación que existe con el Gobierno del Estado, puesto que no se ha cometido delito alguno en dichas autorizaciones y por el contrario se han realizado los cobros que de acuerdo a la ley corresponde. Concluyó la fuente municipal consultada.
