2012-07-26 | Ciudad de México.- El jefe de la División de Investigación de la PF, Armando Espinosa, informó que Tamaulipas es el estado con mayor número de plagios registrados a nivel nacional y explicó que las víctimas, principalmente, son empresarios a quienes también cobran “derecho de piso” y los intimidan al atacar con armas de fuego sus vehículos.
“La operación del secuestro de la parte norte del país, casi siempre estamos viendo que el estado donde hay más secuestros es Tamaulipas. En Tamaulipas operan grupos, células del cártel del Golfo y del cártel de Los Zetas”, señaló.
Sin embargo, Espinosa de Benito detalló que Tamaulipas no es el único lugar donde los cárteles han diversificado su forma de ingresos, pues también en el sur del país se dedican al secuestro y extorsión.
“Esas personad están operando de la misma forma en el sur del país, en la zona de Veracruz, Tabasco, Chiapas menos. Sabemos que grupos del Golfo y de Los Zetas están en estas zonas, están operando de la misma forma, levantando empresarios, privando de la libertad a empresarios para pedir dinero”, indicó el Jefe de la División de Investigación de la PF.
Espinosa de Benito señaló que esta modalidad de obtener recursos por parte del crimen organizado comienza crecer poco a poco en la zona centro del país, donde cárteles como La Familia y Los Caballeros Templarios adoptaron el ejemplo de Los Zetas.
“En la zona centro ven ahora gente que vive bien, con un buen vehículo, es como operan en la zona. Estamos viendo que también en la zona de Zacatecas, están operando también grupos del cártel de Los Zetas, y en Michoacán, La Familia Michoacana”, detalló.
Esto, explicó el jefe de División se da principalmente en Zacatecas, donde células de los cárteles antes mencionados secuestran a las personas basándose en los vehículos que manejan, la ropa que usan o los lugares que frecuentan.
Reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro
En febrero de 2011 la Procuraduría General de la República (PGR) publicó las reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que entrarán en vigor el lunes 28 de febrero.Dichas reformas, contenidas en los Artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de dicha ley, permiten la prisión preventiva para los procesados por actos ilícitos como secuestro.
Esos artículos establecen distintas sanciones si el delito se comete con violencia, si es secuestro exprés, si causa daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros, si la víctima es menor de 18 años o mayor de 60, o si se trata de una embarazada.
Determinan además castigos si durante o después del cautiverio la víctima es privada de la vida por sus secuestradores, o muere debido a cualquier alteración de su salud a consecuencia del plagio, o por enfermedad previa que no hubiese sido atendida por los partícipes del delito.
En el primer párrafo del Artículo 12 de la Ley General de referencia establece también que la vigilancia policial postpenitenciaria puede establecerse hasta por cinco años después de la liberación del sentenciado.
La dependencia precisó que la reforma está en completa armonía con la vigencia de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dio origen a la mencionada reforma una iniciativa que el 15 de febrero presentaron los senadores de los partidos Acción Nacional, Alejandro González Alcocer; Revolucionario Institucional, Jesús Murillo Karam; y de la Revolución Democrática, Tomás Torres Mercado.
Dicha reforma fue aprobada previamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados los días 17 y 24 de febrero respectivamente, detalló la dependencia federal.
Finalmente destacó que con esas acciones se optimizan las medidas de protección, atención y asistencia a víctimas u ofendidos, al tiempo que se dota a la autoridad de más y mejores recursos para la integración de sus averiguaciones, siempre con pleno respeto a los derechos humanos.
