2012-07-25 | México, D.F.- El Gobierno federal sancionó a cinco ex altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellos al ex director Néstor Moreno, inhabilitado por 17 años y medio y multado con 69,6 millones de pesos.
Las sanciones se deben a actos de corrupción vinculados con contratos de CFE por un monto total de 116,3 millones de dólares que causaron un daño patrimonial estimado en 5 millones de dólares y un perjuicio económico por 677,000 dólares, indicó en un comunicado la Secretaría de la Función Pública.
Los cinco están implicados en un millonario caso de corrupción que afecta a al menos tres contratos entre la CFE, una empresa pública mexicana, y la multinacional suiza ABB suscritos entre 1999 y 2004, que fue destapado inicialmente en Estados Unidos.
El caso de Moreno salió a la luz después de que la multinacional suiza ABB fuera multada por las autoridades bursátiles de Estados Unidos por corrupción en México.
Luego, en noviembre de 2010, comenzaron las investigaciones en México y el exdirector fue acusado de enriquecimiento ilícito.
Esos supuestos beneficios personales se materializaron en un yate valorado en 1,8 millones de dólares, un Ferrari de casi 300,000 dólares, así como 600,000 dólares y una línea de crédito por 170,000 dólares más.
Cuando el escándalo estalló, Néstor Moreno Díaz huyó de las autoridades y en septiembre del pasado año fue arrestado por la Policía Federal Ministerial en el aeropuerto de la ciudad de Toluca cuando intentaba abandonar México.
Sin embargo, tras su detención, presentó un recurso, fue liberado y desapareció hasta que las autoridades anularon su liberación y dieron con él el pasado 9 de abril.
Los otros sancionados son un ex subdirector y tres exjefes de distintas áreas de CFE, que recibieron una inhabilitación de entre 12 años y medio y 20 años y multas que van desde los 41 millones de pesos hasta los 153 millones (3-11 millones de dólares).
Las sanciones son de índole administrativa y las multas impuestas son en realidad créditos fiscales, que debe cobrar el Servicio de Administración Tributaria. La inhabilitación aplicada les impide ejercer cargos públicos por el período establecido.
Paralelamente, la fiscalía general lleva el mismo caso en materia penal.
