Persiste la tortura perpetrada por procuradurías: Soto
2012-11-26 | Puebla, Pue.- Los centros de arraigo que tienen las policías, las procuradurías de los Estados y hasta la PGR son inconstitucionales y se han convertido en verdaderos centros de tortura reveló el juez federal, Carlos Alfredo Soto Morales del Sexto Circuito de la segunda región.
Señaló que su postura ha sido causa de controversia en el poder judicial, ya que divide opiniones la existencia de esos centros de arraigo que ni siquiera están dentro de instalaciones de las procuradurías, sino que son lugares secretos u hoteles donde suelen ocurrir actos de tortura donde se obtienen declaraciones forzadas.
En juicios que ha tenido a su cargo a lo largo de su ejercicio profesional, en ocasiones los indiciados señalan haber sufrido tortura, pero que no pueden demostrar porque por estar encerrados y no pueden recurrir a un servicio médico. Además de que los agentes o policías, evitan dejar secuelas y por eso los declarantes difícilmente pueden comprobar que han sido presionados o agredidos.
Su teoría es que aunque la Constitución permite la existencia de estos lugares, por el exceso de trabajo y otras razones, los arraigados llegan a tener encierros por más de 80 días, tiempo suficiente para sanar lesiones y tiempo prolongado para el mal trato.
Por esa tesis ha logrado deshacer acusaciones en contra de personas acusadas de delitos graves, por lo que tanto la parte acusadora como la defensa, tienen que reponer los procesos. No se trata de dar ventaja a nadie, solo de respetar la ley.
Carlos Alfredo Soto también está en contra del fuero militar, ya que considera que cuando un elemento del ejército incurre en algún delito debe ser juzgado por autoridades civiles, ahora que ya se aprobó esa reforma en el Poder Judicial con el caso de Rosendo Radilla, ha logrado en Guerrero ganar un juicio a favor de una familia que perdió a uno de sus miembros ( Bonfilio Rubio Villegas ) durante un tiroteo en un autobús a manos de un soldado, quien enfrenta un juicio de homicidio culposo.
La justicia dice el juez debe aplicarse como lo ordena la Constitución General y nadie aunque sea militar puede estar por encima de la ley.
Durante una conferencia que impartió en la Universidad Iberoamericana como parte del foro Por la Paz, la Justicia y la Seguridad Ciudadana que ha llevado a cabo durante este año, donde se busca generar la cultura del respeto y de los derechos humanos.
El juez Alfredo Soto Morales, Denisse Garrido del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” y Celine Armenta catedrática de la misma Universidad quienes participaron en las conferencias donde se analizó los casos de tortura e impunidad que ocurren en el sistema de justicia mexicana.
Por su parte la abogada del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, denunció que son las mujeres y los indígenas, quienes son las figuras favoritas de la impunidad y de la violencia.
Consignan a policías por tortura y homicidio
2012-02-16 | Puebla, Pue.- Los siete policías municipales de Tehuacán adscritos al Grupo Táctico, incluidos dos comandantes, fueron consignados tras 30 días de arraigo por el delito de tortura, informó de manera oficial la Procuraduría General de Justicia.
Este miércoles fueron ingresados al Cereso de Ciudad Serdán, el comandante Alejandro Varela Casiano, encargado del grupo táctico; el comandante Miguel Ángel Gómez Montero encargado de turno, al igual que los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán Iván Ríos Pineda, José Manuel Delgado Reyes, Eulalio Rojas Hernández, Leonel Tarango Ramos y José Armando Tequihuaxtle Hernández.El domingo 15 de abril, se reportó la muerte de Julián Sánchez Rodríguez, de 38 años, quien junto con otra persona, horas antes había sido detenido al interior del bar La Iguana, en la colonia Aquiles Serdán, por estar escandalizando.
Sin embargo, de las investigaciones realizadas durante el arraigo, los primeros cinco policías que fueron arraigados declararon que por órdenes de sus mandos, golpearon al ahora occiso y a su acompañante, luego de cubrirles la cabeza para que no los identificaran a ellos o el lugar donde los estaban torturando.
La golpiza ordenada por los dos comandantes habría sido para obtener información relacionada con claves que la víctima y el agraviado tenían en sus teléfonos celulares.
La investigación del caso continúa abierta para determinar si hay más policías involucrados, además de que el agraviado está recibiendo apoyo a través de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito por la afectación psicológica que padece.
