Quiero hacer una aclaración con respecto a la nota que algunos medios de comunicación publicaron, donde se señala que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula llevará a cabo un proceso administrativo en mi contra.
Quiero señalar que en el Recurso de amparo a nombre de las Sra. María Eustacia Blanca Rodríguez Torres, con número de expediente 148/13, por actos reclamados a la orden de despojo contra la propiedad de la quejosa y por algunos procesos administrativos en contra de la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, como la negativa de otorgarle el número oficial y hacerle firmar documentos con fecha atrasada, situación que no pudo probar, lo que se sobresee por el Juez Cuarto de Distrito en materia de amparo
civil y administrativa y de trabajos y juicios federales en el Estado de Puebla, con fundamento en la normativa de la Ley de Amparo, y la quejosa interpone recurso de queja el 19 de diciembre de 2013 en contra de la resolución del Juez Cuarto ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
De igual forma señalo que el expediente 148/13 se dejó en Asuntos en Trámite de la Sindicatura Municipal que aparece en el anexo 32 de la entrega a recepción de la administración 2011-2014 a la actual administración encabezada por José Juan Espinosa Torres, firmado por su servidora y por el actual presidente, y que la defensa legal quedó en manos de la actual Síndico municipal, la Lic. Estela Chilaca, a partir del 15 de febrero de 2014.
El Ayuntamiento actual, a través de sus abogados o delegado de la Síndico Municipal, acepta pagar los daños y expide un cheque por una cantidad aproximada de $31,821.67 M.N., a nombre de la quejosa María Eustacia Blanca Rodríguez Torres, el cuál no acepta y manifiesta su inconformidad por lo que el Juez ordena que se nombren 3 peritos valuadores, el de la demandante, el del Juez y el del Ayuntamiento, para dictaminar a través de un avaluó el valor del daño.
Cabe señalar que el Ayuntamiento no presentó su perito en la fecha indicada por el Juez y este determina que se tome el avalúo del Juez, en virtud de que contiene todos los requisitos legales, por la cantidad de 1,885,057.00 desechando el de la quejosa, que es más alto, pero sin los fundamentos necesarios.
Por lo anterior se demuestra que el Ayuntamiento perdió el amparo por negligencia de su asesor jurídico, delegado de la síndico y la síndico municipal, como representante legal del ayuntamiento actual, ya que no presentaron en tiempo y forma el dictamen del perito presentado y no como lo declaró el asesor jurídico del actual ayuntamiento, el Lic. Jesús Morales Garduño culpando a su servidora y a la Síndico Municipal que ejerció durante mi periodo, en virtud de que este juicio se dejó en trámite como se demuestra en los formatos de entrega a recepción, de la sindicatura municipal con número de Foja 0002729 firmadas por su servidora y el presidente actual.
Es importante señalar que todo lo anterior se puede revisar en la página del Consejo de la Judicatura Federal, ya que esta información es pública y puede ser consultada por cualquier persona.
Por lo anterior pido que el asesor jurídico Morales, Garduño, deje de tomar facultades que no le corresponden y de acusar y denunciarme sin fundamento, ya que no es la primera vez que lo hace, como es sabido que presentó una denuncia en contra en contra de mi persona ante la Procuraduría General de la República, por desvío de recursos por 24 millones de pesos, sin tener la facultad de hacerlo, hasta que la Auditoría Superior de la Federación hiciera la denuncia correspondiente, si encontraba cargos en mi contra, situación que no fue así en virtud que la Auditoria Superior de la Federación, entrego en el mes de abril del presente año un oficio donde me comunica la solventación de las observaciones del FISM 2013 que anexo a este documento.
Quiero reiterar que no está en mi ánimo generar confrontaciones, sin embargo exijo que si el actual Ayuntamiento, a través de su asesor jurídico presenta una denuncia, lo haga dentro de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, y dentro de la legalidad que le corresponde al Ayuntamiento, ya que de no ser así, me veré en la necesidad de denunciarlo por daño moral.
Por último señalo que la Contraloría Municipal, así como la Estatal deben tomar cartas en el asunto en contra de los servidores públicos que perdieron el recurso de queja y que se les finque las responsabilidades legales por daño patrimonial y negligencia profesional.
Atentamente.
C. Dolores María del Carmen Parra Jiménez.
Gobierno de Cholula deberá pagar 1.8 millones de pesos como indemnización a quejosa.
El ayuntamiento de San Pedro Cholula deberá pagar 1.8 millones de pesos como indemnización a María Eustacia Blanca Rodríguez Torres, quien afirmó ser víctima de despojo en el gobierno de Dolores Parra Jiménez.
El consejero jurídico de la comuna, Jesús Morales Garduño, explicó que en 2013, a la vecina de Momoxpan se le quitó, con lujo de violencia, su predio de 480 metros cuadrados en las inmediaciones del Río Rabanillo para construir un colector pluvial.
El pasado 27 de septiembre la comuna fue notificada de la resolución del amparo 580/2015 donde el juez cuarto de distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo, Alfredo Aragón Jiménez, determinó que debe pagarse el valor de la propiedad afectada.
Morales Garduño detalló que los funcionarios de la pasada administración incurrieron en una serie de errores jurídicos, que incluyen la falsedad de declaraciones, además de aportar pruebas falsas. Según la agraviada presentó diversas denuncias ante la Procuraduría General de justicia del estado por los delitos de intento de homicidio, linchamiento, intento de despojo, y otros tras los hechos ocurridos el 17 de mayo de 2013, en contra de Parra Jiménez.
El asesor jurídico de la comuna, dijo que se interpondrán las denuncias correspondientes en contra de la ex presidenta, así como en contra de la ex síndico Guadalupe Quiroz Castillo, por el daño patrimonial causado a las finanzas municipales. Además que se buscará que cumplan con la reparación del daño. A la par, se solicitará a la Secretaría de Finanzas un crédito, ya que no se cuenta con los recursos para realizar el pago, el cual en caso de no hacerse podría considerarse como desacato a una autoridad judicial, que devendría en la disolución del gobierno en el municipio, así como la responsabilidad penal en contra del edil.
El ayuntamiento ya tuvo un acercamiento con la afectada con la intención de establecer un convenio para el pago en parcialidades, a lo cual se negó. Morales Garduño explicó que ya no hay otra instancia a la que el ayuntamiento pueda apelar la sentencia. El gobierno municipal intentó en un inicio hacer al gobierno del estado corresponsable de la situación, sin embargo, los tiempos y los errores jurídicos del pasado lo impidieron.
Dijo que este es el segundo caso de daño patrimonial por parte de funcionarios del gobierno de San Pedro Cholula; el primero fue el caso del ex consejero jurídico, a quien se le acusa por un monto de 1.2 millones de pesos y ya pesa sobre él un embargo, así como una orden de aprehensión.
“Fue resultado de omisiones intencionales que provocaron un daño al patrimonio municipal, en ese caso era un supuesto adeudo que existía con un despacho externo de cobranza, trámite legal que en su momento no atendieron de forma intencional, lo que a todas luces es un daño al erario”, explicó.
Dijo que el ex funcionario ya tiene conocimiento del tema y corre el tiempo legal para que subsane el daño por el monto correspondiente.
