Será después del próximo 31 de marzo cuando en Puebla se reanudará la operación de las fotomultas, una vez que concluya el cobro del Control Vehicular. La ubicación de los radares no se dará a conocer a fin de que los automovilistas no los esquiven.
De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación de Comunicación Social, en esa fecha también se iniciará el reemplacamiento obligatorio, por lo que será en ese momento cuando se den a conocer los requisitos para cumplir con el trámite.
A finales de 2019, la Secretaría de Administración estatal concretó dos procesos de licitación para contratar a las empresas que operarán los radares y que proveerán las placas metálicas.
Las empresas Intecproof y Placas y Señalamientos Mexicanos ganaron las licitaciones para operar las fotomultas y para proveer placas vehiculares, por montos de 773.6 y 702 millones de pesos, respectivamente.
Buscan evitar que conductores burlen los radares
Con el fin de que los automovilistas no burlen o traten de esquivar los radares que monitorearán la velocidad de los vehículos, los puntos en donde estos serán colocados, no se darán a conocer, según se informó.
La intención de ocultar los monitores es evitar accidentes provocados porque los conductores manejen a exceso de velocidad, como atropellamientos que deriven en muertes.
De acuerdo con los términos de la licitación GESAL-053-824/2019, la empresa Intecproof, que ganó el concurso, deberá monitorear la velocidad de los automóviles y administrar infracciones a través de fotomultas, por medio de 157 radares que deberán aplicar unas 380 mil multas al mes.
Las fotomultas que se aplicaban desde septiembre de 2013 en Puebla, eran operadas por la empresa Autotraffic hasta julio pasado, cuando concluyó su contrato, durante la gubernatura interina.
Entre las características que deberán tener los radares destaca la capacidad de identificar con “toda precisión” a los vehículos que excedan la velocidad permitida con imagen de la placa y de la unidad.
Los dispositivos también deberán tener un rastreo de al menos 25 vehículos simultáneamente y operar 24 horas con cámara a color e infrarroja y GPS.
Al finalizar el contrato, los 157 dispositivos para detección de velocidad serán propiedad del gobierno estatal, debidamente facturados por parte del proveedor con su correspondiente acta de entrega.
La empresa deberá considerar lo necesario para la instalación de los dispositivos y se le facilitarán los permisos necesarios.
El mantenimiento de los equipos también estará a cargo de la proveedora, por lo que tendrá que realizar una revisión física por lo menos una vez al mes.
Según las cláusulas de contratación, el proveedor deberá entregar las fotomultas en el domicilio de los propietarios de vehículos infractores.
En caso de no poder entregar la correspondencia por no encontrarse nadie que la reciba se deberá de indicar la fecha en la que se realizó la visita y depositarse bajo la puerta.
Sobre la instalación de los equipos se indicó en los términos de la licitación que los primeros 20 se instalarán en los 15 días naturales a partir de la emisión del fallo. Los 137 equipos restantes deberán de ser instalados en un lapso no mayor a 105 días naturales a partir de la primera entrega.
