El viernes 20 de marzo, el gobierno municipal de Puebla presentó ante Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional –con base en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- con el fin de que el máximo tribunal del país sea quien defina si el gobernador del estado de Puebla tiene o no facultades para remover y nombrar a la titular de la Policía Municipal.
22 de marzo de 2020
Un comunicado del ayuntamiento poblano indica que solicitó la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal; con esto, el Gobierno Municipal y el Gobierno del estado deben dejar a las corporaciones policiales en el estado que se encuentran, es decir, a la baja de la incidencia delictiva.
Hacer lo contrario significaría violar la Constitución federal en su artículo 115 e imponer por la fuerza la decisión de alguno de los 2 órdenes de gobierno, añade el comunicado.
De acuerdo con ese mismo artículo, se solicitó también que este órgano judicial declare inconstitucional el nombramiento de delegados por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución Mexicana.
El gobierno de la ciudad de Puebla se mantiene abierto en todo momento a la investigación objetiva y sin fabricación de pruebas de la corporación policial municipal, bajo el principio del combate a la corrupción y la dignificación de los cuerpos policíacos, conlcuye.
No doblegarán al Ayuntamiento
Colaboradores de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco sentenciaron que no permitirán que el gobierno del estado doblegue mediante la fuerza al ayuntamiento de Puebla, tampoco una persecución política o intimidaciones a los policías municipales.
Ante la acusación del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, por supuestos vínculos con grupos criminales, integrantes del gabinete de la presidenta municipal se dijeron abiertos a una investigación, pero sin que esta represente una persecución en contra de la comuna.
Este domingo, el ayuntamiento de Puebla anunció que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional para que sea esa instancia la que determine si es válida o no la intención del gobierno estatal por asumir el control de la seguridad pública en la capital.
No votamos por las peores prácticas del morenovallismo
Mediante un video difundido en redes sociales donde participan funcionarios municipales, Catalina Pérez Osorio, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, señaló que el uno de los principios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es combatir la persecución política, en referencia a la intención del gobierno estatal.
“… la Cuarta Transformación en Puebla tiene como principal bandera combatir la persecución política típica del morenovallismo, los poblanos no votamos para seguir padeciendo las peores prácticas de regeneración nacional. Estamos abiertos a investigaciones, pero no permitiremos que mediante la fuerza se pretenda doblegar al ayuntamiento de Puebla…”, expresó en el mensaje difundido este domingo.
A su vez el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, reiteró que excolaboradores de Rafael Moreno Valle intentan apropiarse de la Policía Municipal, con la designación que hizo el gobierno estatal de Carla Morales Aguilar como delegada de seguridad en la capital.
“Una persona que forma parte de un grupo que vulneró la seguridad y la paz de nuestro país”, dijo el encargado de la gobernabilidad en la ciudad.
Liz Aceves, secretaria General de la comuna, sentenció que no se aceptará ningún tipo de intimidación en contra de los policías, después de que circularon versiones acerca de que sería este lunes, cuando por la fuerza, el estado se haría cargo de la seguridad en el municipio.
Por otra parte, Aceves recordó que se solicitó la intervención de la SCJN en el conflicto con la administración estatal y en ese sentido se pronunció por una resolución “responsable y pacífica”. “…todo por la razón, nada por la fuerza”, acotó.
La funcionaria también se pronunció porque se investigue a los integrantes de la Secretaría de Seguridad pero sin ningún tipo de intimidación o de fabricación de pruebas
Da entrada la SCJN a controversia
Bajo el expediente 46/2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Ayuntamiento de Puebla con el fin de que defina si el gobernador del estado de Puebla tiene o no facultades para remover y nombrar al titular de la Policía Municipal.
El viernes 20 de marzo, el gobierno de la capital presentó una demanda de controversia que pide además la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal, como se anticipó este fin de semana.
Al invocar el artículo 115 constitucional, pide que no se imponga por la fuerza la decisión de alguno de los dos órdenes de gobierno y que se declare inconstitucional el nombramiento de delegados de seguridad “por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución mexicana”.
Cabe señalar que la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, se opone al nombramiento de Carla Morales Aguilar como delegada del gobierno del estado para hacerse cargo de la seguridad del municipio y señaló que detrás suyo están personajes de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
En contraparte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta sostiene que el nombramiento ya fue hecho y pide que se acate, aunque esperará el fallo de la Suprema Corte.
En medio de esta disputa, el mandatario señaló que su intención por renovar al mando de la seguridad es porque los actuales funcionarios protegen a integrantes de la delincuencia organizada.
Aunque el fin de semana se especuló sobre la renuncia de Lourdes Rosales a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, este lunes se indicó que se mantiene en su cargo.
No doblegarán al Ayuntamiento
Colaboradores de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco sentenciaron que no permitirán que el gobierno del estado doblegue mediante la fuerza al ayuntamiento de Puebla, tampoco una persecución política o intimidaciones a los policías municipales.
Ante la acusación del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, por supuestos vínculos con grupos criminales, integrantes del gabinete de la presidenta municipal se dijeron abiertos a una investigación, pero sin que esta represente una persecución en contra de la comuna.
Este domingo, el ayuntamiento de Puebla anunció que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional para que sea esa instancia la que determine si es válida o no la intención del gobierno estatal por asumir el control de la seguridad pública en la capital.
No votamos por las peores prácticas del morenovallismo
Mediante un video difundido en redes sociales donde participan funcionarios municipales, Catalina Pérez Osorio, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, señaló que el uno de los principios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es combatir la persecución política, en referencia a la intención del gobierno estatal.
“… la Cuarta Transformación en Puebla tiene como principal bandera combatir la persecución política típica del morenovallismo, los poblanos no votamos para seguir padeciendo las peores prácticas de regeneración nacional. Estamos abiertos a investigaciones, pero no permitiremos que mediante la fuerza se pretenda doblegar al ayuntamiento de Puebla…”, expresó en el mensaje difundido este domingo.
A su vez el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, reiteró que excolaboradores de Rafael Moreno Valle intentan apropiarse de la Policía Municipal, con la designación que hizo el gobierno estatal de Carla Morales Aguilar como delegada de seguridad en la capital.
“Una persona que forma parte de un grupo que vulneró la seguridad y la paz de nuestro país”, dijo el encargado de la gobernabilidad en la ciudad.
Liz Aceves, secretaria General de la comuna, sentenció que no se aceptará ningún tipo de intimidación en contra de los policías, después de que circularon versiones acerca de que sería este lunes, cuando por la fuerza, el estado se haría cargo de la seguridad en el municipio.
Por otra parte, Aceves recordó que se solicitó la intervención de la SCJN en el conflicto con la administración estatal y en ese sentido se pronunció por una resolución “responsable y pacífica”. “…todo por la razón, nada por la fuerza”, acotó.
La funcionaria también se pronunció porque se investigue a los integrantes de la Secretaría de Seguridad pero sin ningún tipo de intimidación o de fabricación de pruebas
Da entrada la SCJN a controversia
Bajo el expediente 46/2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Ayuntamiento de Puebla con el fin de que defina si el gobernador del estado de Puebla tiene o no facultades para remover y nombrar al titular de la Policía Municipal.
El viernes 20 de marzo, el gobierno de la capital presentó una demanda de controversia que pide además la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal, como se anticipó este fin de semana.
Al invocar el artículo 115 constitucional, pide que no se imponga por la fuerza la decisión de alguno de los dos órdenes de gobierno y que se declare inconstitucional el nombramiento de delegados de seguridad “por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución mexicana”.
Cabe señalar que la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, se opone al nombramiento de Carla Morales Aguilar como delegada del gobierno del estado para hacerse cargo de la seguridad del municipio y señaló que detrás suyo están personajes de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
En contraparte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta sostiene que el nombramiento ya fue hecho y pide que se acate, aunque esperará el fallo de la Suprema Corte.
En medio de esta disputa, el mandatario señaló que su intención por renovar al mando de la seguridad es porque los actuales funcionarios protegen a integrantes de la delincuencia organizada.
Aunque el fin de semana se especuló sobre la renuncia de Lourdes Rosales a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, este lunes se indicó que se mantiene en su cargo.
