Cesar Huerta en la mira de la FEPADE

 César Huerta Méndez, secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado (IEE), enfrenta una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Puebla en el que se le acusa de obstruir el registro de Norma Romero Cortés como candidata independiente a la presidencia municipal de Puebla.

Romero dio un nuevo impulso a la denuncia ayer, con la presentación de un documento oficial del IEE como prueba de que el órgano comicial habría incurrido en irregularidades en la aprobación de candidaturas.

Entrevistada por La Jornada de Oriente, en el programa Las Reporteras, la exaspirante explicó que emprendió la batalla jurídica para que sean sancionados los funcionarios electorales que tuvieron una conducción anómala en el proceso comicial de este año.

Explicó que la prueba presentada ante la fiscalía corresponde a un acta de la Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gasto que data del 15 de mayo pasado, donde la entonces encargada de despacho de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gasto, Iris del Carmen Conde Serapio, culpó a César Huerta de irregularidades en el registro de candidatos.

De acuerdo con Iris del Carmen Conde, César Huerta recibió documentación de los partidos y sus abanderados cinco días después del plazo autorizado por el Consejo General del IEE e incluso dio entrada a un expediente de manera posterior a la aprobación de las candidaturas.

El abogado de Norma Romero, José Alfonso Aguilar García, aseguro que el acta es prueba de una manipulación de los registros que tuvo como objetivo favorecer a algunos actores políticos en el proceso electoral, mientras a la aspirante sin partido le pusieron todas las trabas.

Aseveró que el registro de Romero era procedente debido a que recabó más del 1 por ciento de las firmas de apoyo que señalan los tratados internacionales.

Norma Romero aclaró que la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Puebla no sólo la presentó contra el secretario Ejecutivo, sino también contra los siete consejeros electorales del IEE, pues ellos fueron los que votaron en contra de su participación en el proceso electoral.

Adelantó que parte de su estrategia jurídica comprende llevar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), al detectar en la instancia local un desinterés en investigar la conducta de los funcionarios electorales de Puebla.