El nuevo secretario de Gobernación del Estado, Julio Miguel Huerta Gómez, debería pensar dos veces si acepta la renuncia de Tamara Libia Díaz Villanueva como coordinadora general Administrativa de la dependencia, porque entonces él o su equipo se quedarán con la bronca de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivadas de los cursos de capacitación del año pasado y con las que seguramente se repetirán el año entrante por los cursos supuestamente impartidos en 2022.
Huerta Gómez debe saber que las anomalías cometidas en 2021 con las capacitaciones contratadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla a la empresa Gubasa Consultores SC, se volvieron a cometer en 2022 con el Instituto Hispalense en Política Criminal y Ciencias de la Seguridad AC.
También que los accionistas de esa empresa consultora y los socios de la mencionada asociación civil son prestanombres de la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, María del Carmen Carabarin Trujillo, y que los empleados de ésta están hasta el gorro de andarles cubriendo las espaldas y de elaborar y revisar sus entregables en jornadas extras de trabajo que nadie les paga.
En 2022 la ASF hizo observaciones a la Comisión de Búsquedas de Personas y a la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de Gobernación del estado por 3 millones 500 mil pesos, y en 2023 las observaciones incluso podrían ser por un monto mayor.
Y es que en 2022 los diplomados y cursos que supuestamente impartió el Instituto Hispalense en Política Criminal y Ciencias de la Seguridad a personal de los 217 municipios del estado en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ascendieron a 3 millones 700 mil pesos.
Antes de que se haga efectiva su renuncia como coordinadora Administrativa de la Segob del estado, Tamara Libia Díaz quiere liberar el pago al Instituto Hispalense con el argumento de que éste ya cumplió con las capacitaciones y entregó los documentos y comprobantes que así lo justifican.
Dicha situación es imprecisa pues todavía hoy jueves el personal administrativo de la Comisión de Búsqueda de Personas fue obligado a revisar las carpetas de los entregables del proveedor, para que antes de que concluya el año le entreguen o transfieran fondos federales por 3 millones 700 pesos.
29 de diciembre de 2022
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