El nuevo secretario de Gobernación del Estado, Julio Miguel Huerta Gómez, deberĆa pensar dos veces si acepta la renuncia de Tamara Libia DĆaz Villanueva como coordinadora general Administrativa de la dependencia, porque entonces Ć©l o su equipo se quedarĆ”n con la bronca de las observaciones de la AuditorĆa Superior de la Federación (ASF) derivadas de los cursos de capacitación del aƱo pasado y con las que seguramente se repetirĆ”n el aƱo entrante por los cursos supuestamente impartidos en 2022.
Huerta Gómez debe saber que las anomalĆas cometidas en 2021 con las capacitaciones contratadas por la Comisión de BĆŗsqueda de Personas del Estado de Puebla a la empresa Gubasa Consultores SC, se volvieron a cometer en 2022 con el Instituto Hispalense en PolĆtica Criminal y Ciencias de la Seguridad AC.
TambiĆ©n que los accionistas de esa empresa consultora y los socios de la mencionada asociación civil son prestanombres de la titular de la Comisión de BĆŗsqueda de Personas, MarĆa del Carmen Carabarin Trujillo, y que los empleados de Ć©sta estĆ”n hasta el gorro de andarles cubriendo las espaldas y de elaborar y revisar sus entregables en jornadas extras de trabajo que nadie les paga.
En 2022 la ASF hizo observaciones a la Comisión de BĆŗsquedas de Personas y a la Coordinación General Administrativa de la SecretarĆa de Gobernación del estado por 3 millones 500 mil pesos, y en 2023 las observaciones incluso podrĆan ser por un monto mayor.
Y es que en 2022 los diplomados y cursos que supuestamente impartió el Instituto Hispalense en PolĆtica Criminal y Ciencias de la Seguridad a personal de los 217 municipios del estado en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de BĆŗsqueda de Personas, ascendieron a 3 millones 700 mil pesos.
Antes de que se haga efectiva su renuncia como coordinadora Administrativa de la Segob del estado, Tamara Libia DĆaz quiere liberar el pago al Instituto Hispalense con el argumento de que Ć©ste ya cumplió con las capacitaciones y entregó los documentos y comprobantes que asĆ lo justifican.
Dicha situación es imprecisa pues todavĆa hoy jueves el personal administrativo de la Comisión de BĆŗsqueda de Personas fue obligado a revisar las carpetas de los entregables del proveedor, para que antes de que concluya el aƱo le entreguen o transfieran fondos federales por 3 millones 700 pesos.
29 de diciembre de 2022
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