Con 92 votos en el pleno del Senado de la República este miércoles se abrogó la Ley sobre Delitos de Imprenta impuesta en 1917 por Venustiano Carranza, lo que supone un fin a los ilícitos de injuria y criminalización hacia la actividad periodística, así como a la autocensura.
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El Senado aprobó este dictamen que ya había sido avalado en noviembre del 2020 en San Lázaro, lo que permitió que fuera turnada al Ejecutivo Federal.
La “obsoleta” Ley sobre Delitos de Imprenta surgió en un contexto de guerra e inestabilidad –señala el dictamen–, lo que explicaba su contenido autoritario. Si bien posee un carácter provisional, ha tenido una vigencia superior a los 100 años, lo que indica el porqué de sus normas incompatibles con el orden jurídico actual.
Delitos abrogados en Ley sobre Delitos de Imprenta
Los delitos que quedaron abrogados o suspendidos tienen que ver con las amenazas existentes desde la esfera política hacia periodistas y medios de comunicación; algunos de ellos los mencionamos a continuación.
Delitos por:
1. Emitir expresiones o manifestaciones maliciosas de manera verbal, por señales, imprenta, dibujo, fotografía, circulada por correo, teléfono o mensajes donde se exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o demerite su reputación y/o intereses.
2. Emitir expresiones o manifestaciones maliciosas hechas (por alguno de los medios expuestos arriba) contra la memoria de un difunto y que se realicen buscando lastimar el honor o estima de los descendientes y herederos de la persona a quien se señala.
3. Realizar informes o reportazgos que refieran hechos falsos o que sean alterados buscando dañar a una persona, así como apreciaciones no ameritadas racionalmente por los hechos.
4. Cuando con una publicación prohibida expresamente por la ley se comprometa la dignidad o estimación de una persona, exponiéndola al odio, ridículo o a sufrir daños en su reputación.
No habrá penalización por injurias al presidente
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, recordó la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados en la que se buscaban sanciones por injurias hacia el presidente de la república, por lo que consideró “inadmisible” toda regresión a los derechos fundamentales.
“Frente a cualquier intento de establecer penalidades a la injuria o a la expresión contra alguna autoridad, nosotros lo que estamos haciendo es derogar esta ley, para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, absurdas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución”, indicó.
Por otro lado, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, indicó que la importancia de este proyecto recae en que el dictamen busca que “la palabra surja libre”, lo que, como consecuencia, garantizaría el derecho a la libertad de expresión, así como el de la libertad a la información pública, por ello el Senado abrogó la ley añeja sobre Delitos de Imprenta establecida en 1917.
