Los casi 10 ex funcionarios del estado de Puebla que lograron dejar la prisión en este 2023 y que fueron detenidos en la gestión del fallecido gobernador Miguel Barbosa, es por el cambio de medidas cautelares que el sistema judicial mexicano les permite y no por ineficiencia o impunidad, así lo afirmó el fiscal general Gilberto Higuera Bernal.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) expuso que dichas liberaciones son producto de que los presuntos delincuentes tienen acceso al cambio de medidas cautelares que les permiten salir de la cárcel para llevar sus procesos en libertad.
Incluso responsabilizó de esto a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, a partir de dos casos, ordenó a México eliminar la figura de arraigo y modificar la prisión preventiva por considerarla violatoria de las garantías individuales además de un sobreuso, dice la Corte IDH, durante el actual mandato presidencial.
“Aunque en todo este universo de casos (liberaciones) se tenga la percepción que signifique impunidad yo les aseguro que no es así, esto deviene de cambios de las medidas cautelares”.
Incluso el fiscal señaló que ahora para evitar este tipo de situaciones, actualmente la Fiscalía de Puebla promueve la aplicación de prisión preventiva justificada y ya no la oficiosa.
Figura jurídica que, a diferencia de la oficiosa, busca garantizar que las personas imputadas no se aparten de la acción en su contra o “manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social”, según los inscrito en la Constitución Mexicana.
Por lo cual aseguró que las investigaciones ejecutadas por la Fiscalía, se rigen bajo el profesionalismo.
“No dudo que como institución hemos hecho un trabajo profesional, que haya casos que una persona que tenga a cargo estas investigaciones pueda tener yerros tampoco los descartamos, somos humanos”.
Cabe señalar que la observancia de la prisión preventiva oficiosa solamente es aplicable para delitos considerados por el Código Penal Federal como ‘graves’, tales como el homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, enriquecimiento ilícito y hasta de uso de programas sociales con fines electorales.
A pregunta expresa, el fiscal Gilberto Higuera Bernal afirmó que los cambios internos a lo largo de estadía en las diferentes Fiscalías Especializadas buscan promover la mejora y la calidad en las investigaciones.
“Las leyes son muy claras respecto a cómo se debe hacer el trabajo de investigación de delitos y yo aquí lo he compartido con ustedes y los cambios que en esta institución hemos hecho de manera permanente tienen que ver con esa finalidad, de hacer un trabajo profesional”.
Afirmando con eso, que en los casos correspondientes la FGE ejercerá los medios de impugnación disponibles en los casos en los que no exista una concordancia con las resoluciones judiciales.
Agregó que antes de su llegada al organismo de procuración de justicia y hasta julio del año 2019, éste era insuficiente para hacer un trabajo de calidad.
“No es presunción, es intención, es propósito”, argumentó al mencionar que, a partir de la citada fecha, se han integrado 510 mil carpetas de investigación.
FGE Puebla ordena a personal oponerse a libertad condicional
Cabe señalar que a mediados de mes de junio el propio fiscal anunció una disposición emergente para no conceder suspensión provisional de proceso o cambio de medidas cautelares, lo que responde a la necesidad de evitar que la libertad condicional se convierta en un canal de impunidad para delincuentes.
Lo anterior luego de publicarse un oficio en el que se asienta que se detectó un incremento en las liberaciones condicionales registradas en los últimos meses y no corresponden al objetivo inicial de la figura de suspensión provisional de proceso.
¿Quiénes son los exfuncionarios encarcelados por Barbosa y que han salido libre?
Entre los ex alcaldes, ex magistrados y demás ex funcionarios públicos liberados en los últimos años, se encuentran principalmente:
-Rodolfo Chávez Escudero, quien se desempeñó como director de Carreteras de Cuota de Puebla, acusado de haber firmado y adjudicado de forma directa cuatro contratos por 20 millones de pesos.
-Alejandro Martínez Fuentes, ex presidente municipal de Quecholac, acusado de presunto uso ejercicio indebido de funciones.
-José Guillermo Aréchiga Santamaría quien fungió como titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte acusado de corrupción y otorgamiento irregular de concesiones.
-Sergio Quiroz Corona, ex regidor de Cholula acusado del delito de despojo.
