Congreso de Puebla cierra paso al matrimonio infantil: alcaldes ya no podrán autorizarlo
En una decisión que intenta cerrar viejos resquicios legales convertidos en grietas por donde se colaba la costumbre sobre la ley, el Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma que impide a los alcaldes avalar matrimonios entre menores de edad. El decreto no solo ajusta la legislación local al marco federal, sino que también representa un acto de justicia largamente postergado para la infancia poblana.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Celia Bonaga, quien al subir a tribuna fue clara: “Aún hay comunidades donde el matrimonio infantil se tolera bajo el amparo de los usos y costumbres”. Dicha expresión, más que un dato aislado, revela una realidad incómoda: la legalidad convivía en silencio con prácticas que violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El cambio legislativo elimina la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, misma que facultaba a los presidentes municipales a suplir el consentimiento de los padres o tutores para autorizar el matrimonio de menores. Una atribución que, aunque controvertida, seguía vigente como herencia de tiempos donde la autoridad local era juez, parte y conciencia moral del pueblo.
Con esta derogación, Puebla se suma de manera más firme al cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe categóricamente el matrimonio infantil. La reforma no es un mero ajuste técnico; es una declaración política y ética frente a una práctica que, aunque marginal, subsistía gracias a la complicidad de la costumbre, la ignorancia jurídica y el silencio institucional.
No se trata solo de una victoria legislativa, sino de un mensaje claro: los derechos de la infancia no son negociables. Con esta medida, los 217 municipios del estado tendrán que ajustarse a una nueva realidad donde la ley no solo se escribe, sino que se hace cumplir, incluso cuando choca con prácticas ancestrales o intereses locales.
Si bien la modificación al marco legal no garantiza, por sí sola, la desaparición del matrimonio infantil, sí establece un cerco más estricto para que ninguna autoridad municipal pueda avalar ni justificar lo injustificable. El paso ahora, como siempre, está en la aplicación, la vigilancia y la denuncia.
En una entidad donde el arraigo cultural suele pesar más que el papel firmado, este tipo de reformas representan un avance importante. No basta con prohibir: hay que educar, informar y prevenir. Pero el primer paso, indispensable, ya está dado.
0 Comentarios