La Carretera Federal Atlixco, a la altura de San Bernardino Tlaxcalancingo, se convirtió la tarde del jueves en un espacio simbólico de disputa entre la institucionalidad y el hartazgo social. Integrantes del grupo autodenominado Pueblos Originarios levantaron un plantón para exigir diálogo con las autoridades, mientras que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, lamentó la negativa de los manifestantes a trasladar la conversación a un foro oficial.
La edil señaló que existió disposición para atender sus demandas desde espacios institucionales, proponiendo primero Casa Aguayo, sede del Gobierno del Estado, y luego el Centro Integral de Servicios (CIS) de Tlaxcalancingo. Ambas alternativas fueron rechazadas por los representantes del movimiento, quienes afirmaron que mantendrán el bloqueo vial durante toda la noche del 22 de mayo.
El Gobierno Municipal de San Andrés Cholula emitió un comunicado en el que reiteró la postura de Cuautle Torres de mantener abiertos los canales de comunicación, apelando al respeto, la legalidad y la corresponsabilidad como principios del diálogo democrático. No obstante, en los hechos, el cerco físico y político sigue intacto.
La movilización de los Pueblos Originarios no es nueva ni improvisada. Desde hace meses, distintas comunidades han expresado su inconformidad con lo que consideran una falta de reconocimiento y consulta efectiva por parte de los gobiernos municipal y estatal. Las exigencias incluyen desde la defensa del territorio hasta el acceso a servicios, pasando por el reclamo histórico de ser escuchados sin intermediarios.
El trasfondo es más profundo que un simple desacuerdo logístico. La insistencia de los manifestantes en sostener el diálogo en el lugar del plantón revela una desconfianza estructural hacia las instituciones. Y la negativa a acudir a recintos oficiales podría interpretarse no como terquedad, sino como una forma de resistencia ante mecanismos que, desde su perspectiva, reproducen la exclusión.
La alcaldesa, por su parte, enfrenta un dilema común en el ejercicio del poder local: mantener el orden sin desacreditar la protesta, y buscar acuerdos sin que parezcan concesiones unilaterales. Sin embargo, el tiempo apremia. Mientras las posturas se endurecen y la vialidad sigue bloqueada, la ciudadanía observa, esperando que el conflicto no escale y que el diálogo, si ocurre, no llegue demasiado tarde.
La política municipal, especialmente en zonas con fuerte identidad cultural y memoria comunitaria, exige algo más que protocolos: requiere presencia, escucha activa y decisiones que vayan más allá del calendario electoral. El reto de Lupita Cuautle no es sólo encontrar el lugar adecuado para dialogar, sino construir las condiciones de confianza para que ese diálogo sea posible.
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