Lupita Daniel, entre la opacidad y la impunidad: la tormenta en SOSAPAC Cuautlancingo
En Cuautlancingo, la crisis del agua no sólo se vive en las tuberías secas y las protestas ciudadanas, sino también en los despachos donde la opacidad y la ineficiencia han marcado el paso de quienes debían resolverla. María Guadalupe Daniel Hernández, ex alcaldesa y ex directora del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo (SOSAPAC), dejó un tendal de inconformidades y problemas sin resolver antes de ser finalmente destituida.
Lejos de asumir responsabilidades, Daniel Hernández optó por victimizarse públicamente, acusando persecución política y señalando a colaboradores del actual presidente municipal, Omar Muñoz, de boicotear su trabajo. Sin embargo, las constantes protestas de los ciudadanos y las manifestaciones en al menos cuatro juntas auxiliares de Cuautlancingo, exigiendo su remoción, reflejan el hartazgo acumulado por un desabasto crónico y una administración incapaz de ofrecer soluciones.
En un intento de deslindarse de la realidad, Daniel Hernández calificó a los inconformes de “ignorantes” y atribuyó las manifestaciones a un “montaje”, señalando incluso al exregidor Joaquín Alfaro como promotor de la inconformidad. Esta declaración no sólo exhibe un desprecio por la legítima exigencia social, sino también una desconexión alarmante con las necesidades y derechos básicos de la población.
Por si fuera poco, la exdirectora admitió públicamente la existencia de “aviadores” en la nómina, empleados que cobraban sin presentarse a laborar, situación que ella misma autorizó durante seis meses. La revelación de tres cheques quincenales por 29 mil pesos en total para esos “fantasmas” en diferentes áreas evidencia la falta de control y la posible complicidad en irregularidades administrativas dentro de SOSAPAC.
Daniel insistió en que el problema del agua trasciende al ámbito municipal, apuntando al nivel estatal y nacional. Pero esta generalización no exime a su gestión de la responsabilidad directa en la incapacidad de atender la crisis hídrica local. Más aún cuando se niega a reconocer que una administración pública debe responder con eficiencia y transparencia, sin caer en pretextos y señalamientos a terceros.
En medio de este escenario, la exfuncionaria anuncia acciones legales por lo que califica como violencia política de género y denuncia una presunta falsificación de su firma en documentos para actos de corrupción. Sin embargo, hasta ahora, la sociedad y las autoridades aguardan respuestas concretas sobre la gestión opaca, el desabasto persistente y la falta de rendición de cuentas.
Cuautlancingo merece mucho más que excusas, ataques y simulaciones. La historia reciente deja claro que bajo la dirección de Lupita Daniel, el sistema de agua potable naufragó entre la desidia, la corrupción y la arrogancia. Queda pendiente la pregunta fundamental: ¿Quién responderá por los daños ocasionados a la comunidad?
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