Del luto al asalto: pareja de maestra fallecida intenta despojar a sus hijos en Tehuacán
Por José Herrera / Especial para este medio
TEHUACÁN, PUE. — Aún no terminaban de sepultar a la maestra Liliana Gallardo —víctima de la tragedia en la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca que dejó 21 muertos—, cuando su pareja sentimental irrumpió en el domicilio familiar con la aparente intención de apoderarse de dinero, joyas y bienes materiales. Todo, bajo el argumento de ser el padre del menor de los huérfanos.
La escena, digna de un país donde la orfandad es terreno fértil para el abuso, se desarrolló a plena luz del día en la calle Girasoles, en el municipio de Tehuacán. La hija mayor de la maestra, una joven de 22 años, fue quien impidió el ingreso violento del sujeto, recurriendo a los vecinos y luego al 911.
Testigos señalan que el hombre, identificado como pareja de la docente, intentó ingresar por la fuerza y sustraer pertenencias. La vivienda, que hasta días antes era un hogar con vida, se convirtió de pronto en un botín en disputa.
Elementos de la Policía Municipal se presentaron en el sitio, pero —en una escena que refleja el marasmo legal que sufren las víctimas colaterales— no detuvieron al sujeto. Al no contar con pruebas “suficientes”, el hombre fue retenido brevemente y dejado en libertad.
Mientras tanto, la joven hija acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar formalmente los hechos. En ese acto, comenzó no sólo un proceso legal, sino también una lucha por la dignidad y la defensa de lo poco que queda tras la tragedia.
Una tragedia, muchas omisiones
Liliana Gallardo fue una de las 21 personas que perdieron la vida el pasado 13 de mayo, cuando una pipa de gas, una camioneta Urvan y un autobús de pasajeros colisionaron en el kilómetro 28 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca. El choque, resultado de lo que parece una cadena de negligencias y falta de supervisión vial, ha dejado una estela de impunidad.
El caso de Liliana, sin embargo, va más allá del conteo de víctimas: refleja una violencia estructural que empieza con la precariedad del transporte público en zonas marginadas y termina con la revictimización de los deudos.
Huérfanos sin protección
En la casa que la pareja intentó allanar, viven los dos hijos de Liliana: una joven de 22 años y un menor de siete. Ambos quedaron en el limbo institucional. Ni el DIF ni el gobierno estatal han emitido pronunciamiento alguno. Mucho menos han ofrecido protección legal o acompañamiento psicológico.
El sujeto alega ser padre del menor, lo que podría darle derecho a reclamar parte de los bienes. Pero la disputa aún no llega a tribunales familiares. Mientras tanto, la sombra del despojo crece, y la respuesta estatal es la misma que tras cada desastre: silencio y abandono.
¿Quién responde?
En un país donde el crimen organizado y el oportunismo cotidiano suelen compartir las mismas lógicas de impunidad, casos como este no hacen más que evidenciar el fracaso de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas indirectas.
El intento de despojo a los hijos de una víctima mortal, perpetrado apenas días después de la tragedia, no es un caso aislado. Es síntoma de una crisis profunda: la orfandad no solo es emocional, sino legal, estructural y social.
Y en Tehuacán, como en muchos rincones del país, los muertos no descansan… porque los vivos siguen peleando por lo poco que dejaron.
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