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Funcionarios de Semarnat y Conagua, detrás del conflicto por el agua en Xoxtla

 Funcionarios de Semarnat y Conagua, detrás del conflicto por el agua en Xoxtla


Por José Herrera
29 de mayo de 2025

La protesta que culminó con el bloqueo de la autopista México-Puebla a la altura de San Miguel Xoxtla no fue un estallido espontáneo, sino la consecuencia directa de una serie de decisiones gubernamentales tomadas sin consulta previa y con evidente opacidad. Funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aparecen ahora como operadores clave en una estrategia para desviar agua desde un pozo local hacia la zona metropolitana de Puebla, sin el consentimiento de la comunidad.

El conflicto estalló cuando los pobladores se enteraron de que el pozo número 4, perforado en su territorio, sería destinado al abastecimiento de otras zonas, entre ellas fraccionamientos en expansión en los límites de Cuautlancingo y Coronango. Esta decisión, aseguran, nunca fue consultada y representa un despojo del recurso hídrico en beneficio de intereses ajenos.

Operación desde el gobierno federal

Entre los nombres que surgieron como operadores del conflicto destacan dos funcionarios federales: René Sánchez Galindo, actual director jurídico de la Semarnat y personaje recurrente en polémicas relacionadas con la gestión ambiental durante la administración de Claudia Rivera Vivanco en la alcaldía de Puebla; y Beatriz Torres Turcios, delegada estatal de Conagua en Puebla.

Ambos fueron señalados por los manifestantes como responsables de impulsar el proyecto de extracción, junto con un reducido grupo de actores que se han movido entre el activismo ambiental y la gestión opaca de los recursos comunitarios. Uno de ellos es el veracruzano Renato N., un personaje que, pese a no tener vínculos con Xoxtla, ha estado presente en las reuniones y asambleas convocadas por los inconformes, según testimonios recabados por Proceso.

Los pobladores acusan también la participación de Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores Ramos, antiguos miembros del extinto comité privado de agua de la localidad. Este último fungió como tesorero del organismo, señalado por prácticas poco transparentes en el cobro del servicio.

La mecha que encendió el cierre

La molestia acumulada derivó en una asamblea comunal realizada el lunes 27 de mayo, donde se exigió a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz Pérez que firmara un documento para cancelar cualquier acuerdo con Semarnat o Conagua. La alcaldesa se negó, argumentando que el proyecto cuenta con respaldo legal, lo que provocó el enojo de los asistentes.

Ante el aumento de tensión, Ortiz Pérez tuvo que ser resguardada por elementos de la Policía Municipal y trasladada al Palacio Municipal, donde permaneció mientras la protesta escalaba. Horas más tarde, alrededor de 300 personas bloquearon los dos sentidos de la autopista, paralizando el tránsito vehicular durante más de seis horas.

Los manifestantes denuncian que el pozo número 4 es parte de una red de abastecimiento que beneficia a inmobiliarias y nuevos desarrollos habitacionales sin atender primero las necesidades de los habitantes de Xoxtla, quienes afirman enfrentar escasez intermitente de agua desde hace meses.

Intereses oscuros tras el agua

La intervención de actores federales ha encendido las alertas sobre un modelo de gestión hídrica que favorece intereses empresariales a costa de las comunidades. La extracción del líquido vital sin consulta previa, la falta de transparencia en los contratos y la participación de operadores políticos con antecedentes de manipulación social constituyen el telón de fondo de una crisis que apenas comienza.

Mientras tanto, el gobierno estatal y la delegación de Conagua han optado por el silencio. Ni Semarnat ni la Conagua han emitido posicionamientos públicos sobre el uso del pozo número 4, ni han respondido a los señalamientos de intromisión directa en los asuntos del municipio.

El conflicto en Xoxtla es un nuevo capítulo en la lucha por el agua en Puebla, una entidad donde el crecimiento urbano, los intereses inmobiliarios y la negligencia gubernamental se han convertido en una bomba de tiempo que hoy explota en las calles y carreteras.

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