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Informe Ejecutivo de Incidentes de Alto Impacto en Tianguismanalco

Informe Ejecutivo de Incidentes de Alto Impacto en Tianguismanalco: entre el hartazgo ciudadano y la impunidad oficial


Una serie de hechos violentos, linchamientos frustrados y escándalos de narcomenudeo sacuden al municipio poblano de San Juan Tianguismanalco y sus alrededores. Bajo el mando del presidente municipal Juan Pérez Moral, quien asumió su segundo periodo en medio de denuncias de fraude electoral en 2018, el panorama de seguridad ha ido en deterioro, marcado por homicidios, impunidad y pérdida de confianza institucional.

El primer foco rojo fue la toma de protesta de Juan Pérez en el Hotel Lastra de la ciudad de Puebla, en septiembre de 2018, tras una elección envuelta en acusaciones de irregularidades. La población manifestó su inconformidad con protestas que auguraban inestabilidad política.

El 21 de agosto de 2019, el asesinato de Adrián N., alias “El Chirris”, hermano del edil, estremeció al municipio. Su cuerpo fue hallado en un taxi de la flotilla del alcalde, en la carretera Atzitzihuacán–San Juan Amecac. El crimen nunca fue esclarecido.

En diciembre de 2024, el homicidio de José Eladio Dorado, de 74 años, derivó en disturbios e intentos de linchamiento. Aunque la versión oficial apuntó a un asalto, testigos señalan que fue un fratricidio motivado por un conflicto agrario. La turba casi lincha a un hombre ajeno a los hechos.

Un mes después, el 16 de enero de 2025, Abraham Alejandro Luna, señalado como ladrón, fue golpeado y rescatado por autoridades tras otro intento de justicia comunitaria. Aunque se le hallaron objetos robados, la fiscalía tuvo que intervenir tras una agresión masiva que puso en riesgo su vida.

El 15 de marzo de 2025 se desmanteló una banda de robo de motocicletas, conocida como “Los Amos”, que operaba en Nealtican, San Nicolás de los Ranchos y Tianguismanalco. Se aseguró una casa con mercancía robada.

Una semana después, el 21 de marzo, elementos de la Policía Estatal Forestal fueron retenidos y casi linchados en San Baltazar Atlimeyaya, luego de decomisar carbón en una zona donde su extracción es tolerada por la Semarnat. Sólo el diálogo de la Secretaría de Gobernación evitó una tragedia.

El 29 de marzo, dos vigilantes de fraccionamientos, Alfonso Velázquez y Juan Carlos Peñuela, fueron sorprendidos con cocaína mientras bebían en la vía pública. El alcalde ordenó su liberación inmediata, pese a las evidencias.

Finalmente, el 26 de abril, tres personas fueron agredidas y casi linchadas tras ser sorprendidas con autopartes robadas. Una turba las condujo a una zona montañosa. Sólo un operativo de rescate impidió su muerte. Incluso la delegada regional de Gobernación fue retenida momentáneamente. El saldo: tres heridos hospitalizados y dos bodegas aseguradas.

La violencia recurrente, la impunidad institucional y el desgaste del tejido social son ya el sello de una administración que navega entre la desconfianza y el caos.

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