Ni milpa, ni moches: la guerra moral de Armenta
El gobernador quiere barrer la corrupción desde el maÃz hasta el mármol
Por Rodolfo Herrera Charolet
Puebla, 15 de mayo de 2025
El gobernador Alejandro Armenta no está improvisando. Ni es un iluminado de último minuto. Lo que plantea con su iniciativa “Ni milpa, ni moches” no es una ocurrencia de campaña ni una frase pegajosa para redes sociales: es el primer golpe —directo, seco, necesario— contra esa costumbre ancestral de hacer polÃtica como quien administra una finca heredada: con moches, con cuotas, con complicidades bajo la mesa.
SÃ, la corrupción en México tiene raÃces tan hondas como una ceiba, y el gobernador lo sabe. Lo ha visto. Lo ha vivido. Y por eso ha decidido cortarla desde el tallo: en la tierra donde se gestan las candidaturas, donde florece la ambición, donde se ofrecen cargos públicos como si fueran piñatas en manos de patrocinadores. No es moralina, es diagnóstico. Y es también una advertencia.
“Las campañas se han convertido en refugio de los quebrados”, dijo Armenta. Y no miente. Hay quienes llegan al poder no para servir, sino para cobrarse lo que invirtieron: bardas, espectaculares, desayunos con lÃderes de colonia. Esos son los que buscan sembrar su milpa en cada oficina pública, esperando que les crezca el contrato, la adjudicación, la nómina inflada.
El gobernador pone el dedo en una llaga que muchos conocen, pero pocos se atreven a mencionar. “Ni milpa, ni moches” no es sólo una ley: es una raya trazada con tinta indeleble sobre la cartografÃa clientelar de la vieja polÃtica. Una frontera ética en un sistema habituado a la transa como moneda de cambio.
Y Armenta no está solo. Lo acompaña una ciudadanÃa harta. Molida. Cansada de que los mismos de siempre lleguen con sonrisas de domingo a pedir el voto, para luego atrincherarse en oficinas donde todo se cobra, todo se negocia y nada se transparenta. Esa indignación no es nueva. Pero esta vez, alguien ha decidido articularla en reformas, en leyes, en castigos.
Porque la falta de transparencia también es corrupción. Y en los municipios es una epidemia con licencia para operar. Ocultan contratos, maquillan cifras, desaparecen licitaciones y facturan fantasmas. La opacidad es rentable. Y lo saben.
Por eso, la iniciativa del gobernador contempla penas más severas contra funcionarios municipales que simulen rendición de cuentas, o peor: que administren el silencio como forma de poder. Se acabó la impunidad para los cÃnicos con fuero, los que se escudan en el “a mà no me toca” mientras reparten el pastel entre amigos y parientes.
Los ejemplos están frescos, hirviendo aún en la opinión pública. El caso de los hermanos González Vieyra en Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires —una familia que convirtió al municipio en sucursal privada— es apenas la punta de un iceberg que lleva años flotando entre nosotros, pestilente e intocable.
O el expediente abierto contra el presidente de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, señalado por cobros de piso, robo de mercancÃa y distribución de drogas. Un alcalde prófugo. Un pueblo rehén de sus propios gobernantes. ¿Hasta cuándo?
Pero si hay una familia que merece capÃtulo aparte es la de los González Vieyra, caciques de viejo cuño. Ramiro Margarito, patriarca de San Nicolás Buenos Aires, y sus hijos —Uruviel y Giovanni— montaron su propio sistema feudal con logo de partido. Movimiento Ciudadano les abrió la puerta y ellos convirtieron los municipios en botines.
El 7 de marzo, la realidad les cayó encima. Operativos simultáneos de la Sedena, Marina y FGR. Ranchos, armas, droga, aves exóticas. Todo lo que sabÃamos, pero que nadie tocaba. Todo lo que se habÃa tolerado, hasta que la paciencia del Estado se agotó.
En 2016, Uruviel adjudicó obras millonarias a empresas de su padre. En 2021, los desvÃos alcanzaban los 60 millones de pesos. Y, como suele pasar, todo estaba documentado… pero ignorado. Hasta ahora.
Porque “Ni milpa, ni moches” también es eso: un mensaje para los clanes que creen que el municipio es una herencia, una tiendita donde se venden permisos, contratos y votos. Se acabó, dice Armenta. Aunque duela. Aunque tiemblen los padrinos. Aunque empiecen a girar —por fin— las órdenes de aprehensión.
Este programa, anunció el gobernador, se aplicará en los tres niveles de gobierno. Con ello, se busca una sacudida moral que toque desde el subsecretario hasta el velador. “Vamos a barrer la escalera de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba”. La frase suena bÃblica, sÃ, pero contiene una lógica revolucionaria: la limpieza empieza desde la cúspide.
Habrá quienes duden. Quienes digan que es más de lo mismo. Que ya hemos visto cruzadas anticorrupción disfrazadas de cortina de humo. Pero en un paÃs donde el cinismo se ha institucionalizado y donde denunciar un moche puede costarte el empleo o la vida, que un gobernador dé la cara y proponga cárcel para los corruptos —de verdad, sin eufemismos— no es poca cosa.
La iniciativa incluye sanciones ejemplares, reformas alineadas con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero más allá del tecnicismo jurÃdico, lo que importa es el mensaje: el poder ya no será un negocio. El que quiera sembrar, que se vaya al campo, no a la administración pública.
Armenta quiere que lo recuerden no por los espectáculos ni por las giras, sino por haberle declarado la guerra a un sistema podrido. Por haber sacado la podadora donde otros sacaron la chequera. Y eso, en un paÃs de simulaciones, es un acto de valor. No basta con decirlo. Hay que sostenerlo. Con leyes, con expedientes, con detenciones. Con voluntad.
Porque en Puebla —como en muchas partes del paÃs— la polÃtica dejó de ser vocación para convertirse en negocio de familia. Y si esta cruzada tiene éxito, no sólo caerán algunos nombres: caerán estructuras, redes, pactos. Eso es lo que está en juego.
Y eso no es una nota de coyuntura. Es el inicio de una reconfiguración moral. La polÃtica, como el campo, necesita rotación de cultivos. Y sobre todo, necesita limpiar la tierra.
¿O no lo cree usted?
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