Puebla: Consejería Jurídica atenderá denuncias de pobladores desalojados por Grupo Proyecta en Malacatepec
Por José Herrera | 14 de mayo de 2025
El gobierno del estado de Puebla instruyó a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Gobernación y solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH Puebla) para atender las denuncias interpuestas por pobladores de Santa María Malacatepec, quienes acusan a la empresa inmobiliaria Grupo Proyecta de realizar un desalojo sin contar con orden judicial.
El pronunciamiento fue realizado por el gobernador Alejandro Armenta durante un acto público, en el que aseguró que el conflicto será revisado por instancias oficiales, aunque evitó pronunciarse sobre posibles sanciones administrativas o legales.
“Le vamos a pedir a la Consejería que atienda el tema (…) al secretario de Gobernación; le vamos a pedir respetuosamente a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que se atienda el tema”, expresó el mandatario, sin comprometer una ruta clara de reparación o investigación.
El pasado lunes, maquinaria pesada ingresó al paraje conocido como los cerros Tepetomapla y La Sombra, donde se encuentra el Campamento en Defensa de la Tierra y el Agua, para demoler estructuras y viviendas improvisadas por los habitantes de la comunidad, quienes mantienen una férrea oposición a la construcción del complejo inmobiliario City Lomas Ocoyucan, promovido por Grupo Proyecta.
De acuerdo con los afectados, el desalojo se ejecutó sin orden judicial ni presencia de autoridades ministeriales, lo que vulnera los protocolos legales en materia de propiedad agraria y desalojos forzosos. Las denuncias también refieren la ausencia de un proceso de consulta comunitaria, a pesar de tratarse de tierras con carácter ejidal.
El conflicto se agrava por la falta de autorización federal para el cambio de uso de suelo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como por presuntas irregularidades en la compraventa de tierras por parte del comisariado ejidal, quien ha sido señalado de actuar en colusión con la desarrolladora.
El caso se ha visto marcado también por la detención del activista Emiliano Zambrano, uno de los principales opositores al proyecto, acusado de abuso sexual por una denuncia promovida por la propia empresa. Organizaciones sociales y el campamento lo consideran un preso político, y han solicitado la revisión de su proceso judicial, que consideran parte de una estrategia de criminalización de la protesta social.
Hasta el momento, Grupo Proyecta no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones de despojo ni sobre el presunto uso de fuerza privada en el operativo.
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