En un estado donde la opacidad se ha convertido en cultura polÃtica y los ayuntamientos suelen operar como feudos personales, una pequeña pero significativa reforma legal pasó casi desapercibida: los cabildos ahora deberán sesionar bajo el ojo público.
La LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó recientemente una modificación al artÃculo 70 de la Ley Orgánica Municipal que, aunque simple en apariencia, podrÃa tener implicaciones profundas en la vida pública de los 217 municipios poblanos: las sesiones del Cabildo deberán transmitirse en vivo y estar disponibles en plataformas digitales para consulta pública.
Ya no más acuerdos a puerta cerrada ni actas ocultas tras solicitudes de transparencia ignoradas. La reforma también establece que, en caso de fallas técnicas, los ayuntamientos estarán obligados a grabar y publicar sin edición alguna las sesiones correspondientes. Nada de “problemas de internet” para justificar el apagón informativo.
El Cabildo como espectáculo (y como evidencia)
Con esta reforma, la polÃtica municipal entra a la era del streaming, y eso tiene lecturas diversas. Para unos, representa una conquista democrática que reivindica el derecho ciudadano a fiscalizar en tiempo real los debates, las decisiones y hasta los silencios de sus gobernantes. Para otros, se trata de un gesto cosmético que, como tantos otros, puede ignorarse con total impunidad en los municipios donde la ley es letra muerta.
La disposición también abre la puerta a nuevas dinámicas: la participación con voz, pero sin voto, de las y los presidentes de juntas auxiliares, lo que podrÃa equilibrar mÃnimamente la histórica exclusión de estas figuras del poder formal. Aunque sin capacidad de decisión, su sola presencia en las sesiones ya obliga al Cabildo a verse y saberse vigilado desde lo local.
Pero la pregunta inevitable es: ¿será acatada esta reforma?
Ayuntamientos alérgicos a la transparencia
En municipios como Zacatlán, Ajalpan o Teziutlán, donde las transmisiones de cabildo han sido la excepción y no la regla, la nueva disposición obliga a cambiar viejas prácticas. El argumento del “fallo técnico” ya no bastará. De ahora en adelante, los ediles tendrán que rendir cuentas ante cámaras, micrófonos y archivos digitales permanentes.
Y eso incomoda. Porque en más de un municipio, lo que se discute en Cabildo es la aprobación fast track de contratos amañados, la compra sospechosa de luminarias, los cambios de uso de suelo a la medida de un constructor, o la entrega de concesiones sin licitación.
Poner todo eso en lÃnea —y al alcance de cualquier ciudadano con acceso a internet— es una amenaza para el viejo pacto del silencio.
¿Quién vigila a los que transmiten?
El riesgo, sin embargo, no desaparece. Los videos pueden “perderse”, la grabación puede hacerse incompleta, la transmisión puede colgarse justo cuando se debate un tema espinoso. El mecanismo requiere fiscalización ciudadana y seguimiento de medios independientes, porque el verdadero poder no está en la cámara, sino en quién decide cuándo encenderla y a quién enfoca.
Además, será crucial verificar que no se edite el contenido ni se maquille la realidad con ediciones convenientes. La reforma establece con claridad que los videos deben ser Ãntegros, pero no precisa cómo se verificará su autenticidad o qué sanciones habrá si se manipulan.
Transparencia: ¿avance real o simulación?
La inclusión de las juntas auxiliares y la digitalización obligatoria de las sesiones del Cabildo representan avances en una estructura institucional que suele funcionar en la sombra. Pero todo avance normativo en Puebla corre el riesgo de quedarse en papel si no hay vigilancia, presión pública y voluntad polÃtica de hacer cumplir la ley.
El reto ahora está en los municipios: transmitir no solo lo que les conviene, sino todo lo que ocurre. Grabar sin cortes. Rendir cuentas sin editar. Porque si la polÃtica municipal va a seguir siendo un teatro, al menos que las butacas estén llenas y las cámaras encendidas.
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