En San Lorenzo Almecatla, una comunidad donde los padres aún creen en la escuela como el último bastión de esperanza para sus hijos, la corrupción no llegó en camionetas blindadas ni con escoltas. Se instaló poco a poco, en las aulas, en los salones sin ventiladores, en las bancas rotas que nunca se repararon, en los presupuestos que desaparecieron sin que nadie rindiera cuentas. Ahí, en la primaria “Tierra y Libertad”, el saqueo fue silencioso, doméstico, disfrazado de gestión escolar.
La exdirectora María Guadalupe García Hernández y el comité de padres de familia son señalados por padres y madres de haber operado un esquema de desvío de recursos públicos destinados a mantenimiento, mobiliario y apoyos escolares. No hablamos de millones, hablamos de lo que para muchas familias representa un esfuerzo doloroso: cuotas voluntarias que se volvieron obligatorias, cooperaciones opacas, justificantes fantasmas.
La denuncia no es nueva. Tampoco es exagerada. Ha sido presentada ante la Secretaría de Educación Pública del estado, ante la coordinación de zona, ante la presidencia municipal. Y sin embargo, nada. La respuesta ha sido una mezcla de silencio burocrático y evasión. Lo que debería investigarse como un delito se trata como un malentendido entre vecinos.
Las cuentas no cuadran, las actas no aparecen, los justificantes están incompletos o simplemente se niegan a mostrarlos. Una madre, con la voz rota por el hartazgo, lo dijo claro: “Nos entregan papeles que no dicen nada. Y cuando pedimos una auditoría, nos tratan como si fuéramos nosotros los problemáticos”.
La gestión de la exdirectora fue, según testimonios, una administración donde la rendición de cuentas brilló por su ausencia. Bajo su cobijo, el comité operó sin contrapesos. Cada ciclo escolar se recolectaba dinero, pero las mejoras nunca llegaron. No hay ventiladores nuevos, no hay equipo de cómputo, no hay bancas ni pizarrones. Pero sí hay desconfianza, sí hay hartazgo, sí hay un sentimiento generalizado de burla e impunidad.
La SEP estatal, con su discurso de calidad educativa, ha guardado un silencio ensordecedor. Ni una sola auditoría, ni una sola suspensión preventiva. La omisión —lo sabemos bien— también es corrupción. Porque permitir que se roben lo poco que tiene una primaria rural es tan grave como desviar millones desde un escritorio de gobierno.
En Puebla, parece que mientras el robo se mantenga en lo "doméstico", nadie se inmuta. Los poderosos roban millones y son premiados con candidaturas. Los pequeños cacicazgos escolares desvían recursos y son protegidos por la inercia institucional.
Pero en San Lorenzo Almecatla, algo está cambiando. Ya no se tragan el discurso de “es un asunto interno”. La comunidad exige una auditoría externa, sanciones claras y la destitución del comité involucrado. No están pidiendo favores: exigen justicia. Porque la educación pública —la de verdad, la que se defiende con uñas y dientes— no puede construirse sobre los cimientos podridos de la complicidad.
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