Mientras el gobierno del estado busca soluciones técnicas, legales y de largo plazo para garantizar el derecho humano al agua, ciertos grupos como la 28 de Octubre insisten en un modelo de protesta que ya no representa a nadie más que a sí mismos. El episodio reciente en San Miguel Xoxtla no fue un acto de defensa del recurso hídrico: fue una muestra más de oportunismo político, de provocación encubierta bajo banderas sociales y de total desprecio por el estado de derecho.
Encapuchados, foráneos y organizaciones con historial de confrontación llegaron al municipio no a dialogar, sino a imponer. Lo que presentaron como “clausura simbólica” fue en realidad la invasión y daño de infraestructura pública esencial para la comunidad. ¿Qué autoridad moral tienen para hablar en nombre del pueblo cuando se comportan como una minoría radicalizada que no consulta ni construye, sino impone y destruye?
El discurso de “resistencia” es útil cuando se lucha contra un poder opresor. Pero cuando las instituciones —por imperfectas que sean— abren espacios de participación, ofrecen transparencia en sus decisiones y apuestan por procesos legales, recurrir a la violencia no es valentía: es cinismo. No se puede hablar de justicia social con piedras en la mano y pasamontañas en la cara.
La 28 de Octubre y sus aliados han hecho de la protesta una industria. Donde hay obra pública, aparecen; donde hay reorganización de servicios, gritan “privatización”; donde hay problemas complejos, ofrecen consignas, pero nunca soluciones. Rechazan todo lo que huela a autoridad, pero no dudan en cobrar subsidios, ocupar espacios públicos y vivir del conflicto permanente.
El gobierno estatal no está privatizando el agua. Está modernizando los sistemas, corrigiendo irregularidades y buscando sustentabilidad en un entorno donde el desabasto y el mal uso amenazan a todos. El verdadero peligro no está en las reformas, sino en permitir que unos cuantos saboteen el bienestar colectivo con discursos incendiarios que solo buscan mantener vigencia política.
Defender el agua es un deber de todos, pero debe hacerse desde la ley, el conocimiento técnico y el compromiso real con las comunidades. Lo demás —clausuras ilegales, provocaciones mediáticas y activismo estéril— no es lucha social: es chantaje disfrazado de causa.
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