CURP para mascotas: el control burocrático con cara de bienestar animal
Por José Herrera
En Puebla, donde los escándalos administrativos y las carencias básicas conviven a diario con campañas oficiales de relumbrón, el gobierno estatal ha decidido —en nombre del "bienestar animal"— imponer una nueva obligación a los ciudadanos: registrar a sus mascotas antes del 30 de junio de 2025, o enfrentarse a una multa de hasta 3,394 pesos.
La medida, revestida de lenguaje técnico y buenas intenciones, ha sido presentada como parte del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), una base de datos oficial que, según la Secretaría de Medio Ambiente, busca fomentar la tenencia responsable y reducir el abandono. Detrás de la retórica de protección, sin embargo, se abre la puerta a una política de control más cercana al castigo que a la prevención.
El trámite, comparado coloquialmente con la “CURP de mascotas”, obliga a los propietarios a proporcionar información personal y específica sobre su animal: nombre, especie, raza, color, condiciones de salud, método de identificación. Todo esto, a través de una plataforma digital que, en la práctica, excluye a comunidades sin acceso estable a internet, y en un contexto donde los servicios veterinarios públicos son escasos o inexistentes.
Las autoridades aseguran que el padrón permitirá una localización más rápida en caso de extravío, pero el registro en sí no garantiza atención médica, albergue digno ni protección contra el maltrato —problemas estructurales que el estado ha evadido por años. En cambio, sí se garantiza el cobro de multas que oscilan entre los 2,375 y 3,394 pesos, un monto considerable en una entidad donde más del 50% de la población trabaja en la informalidad.
El trámite puede realizarse en línea o de manera presencial, exigiendo requisitos burocráticos como identificación oficial, comprobante de domicilio y documentos que acrediten la “posesión legal” del animal. En una sociedad donde millones de perros y gatos son recogidos de la calle por compasión ciudadana, ¿cómo acreditar la legalidad de un rescate improvisado?
Aunque la Ley de Bienestar Animal fue reformada en 2024 para dar sustento jurídico al RUAC, su implementación parece más alineada con una estrategia de recaudación que con una política pública integral. Lo que no se invierte en centros de atención veterinaria, campañas de esterilización masiva o educación animalista, ahora se pretende compensar con un carné digital que, en palabras oficiales, "formaliza el vínculo entre tutores y animales".
Puebla, pues, no registra aún a cabalidad a sus desaparecidos ni transparenta el uso de recursos públicos, pero sí avanza decididamente en tener controlados —por lo menos en papel— a los perros y gatos de la población. La fecha límite está marcada: 30 de junio de 2025. Y quien no cumpla, que pague. Porque el amor por los animales, dicen desde el escritorio oficial, también se mide en pesos.
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