Educación bajo sellos

Educación bajo sellos: clausuran Universidad Cuauhtémoc en Puebla

Por José Herrera

El viernes 27 de junio amaneció con un sello en la puerta y una pregunta en el aire: ¿Qué está pasando dentro de la Universidad Cuauhtémoc de Puebla? Los emblemas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal aparecieron sin previo aviso en la entrada del campus ubicado en la 15 Poniente, colonia Belisario Domínguez. Y aunque el comunicado oficial fue rápido en aparecer, las razones de fondo siguen en penumbras.

Según la versión institucional, se trata de una “suspensión temporal” para desahogar información requerida por la SEP. Lo demás es silencio. La universidad asegura que los estudiantes no se verán afectados, que el ciclo escolar se concluirá, que todo se resolverá "de manera positiva". Pero el cierre de una institución privada de educación superior por parte de la autoridad federal no es, en ningún sentido, un acto menor.

La opacidad como regla

La Cuauhtémoc no es una universidad improvisada. Tiene presencia en varios estados del país, goza de prestigio comercial —que no necesariamente académico— y mantiene una clientela estudiantil que paga por servicios educativos bajo la promesa de certidumbre, continuidad y validez oficial. ¿Por qué, entonces, la SEP decidió cerrar sus puertas? ¿Qué observaciones son tan graves como para justificar una suspensión presencial?

El rector Patricio Orea González, en tono conciliador, habla de transparencia, calidad y certeza. Pero omite los detalles esenciales. La falta de información alimenta la sospecha: ¿se trata de un tema administrativo, fiscal, académico? ¿Se detectaron irregularidades en planes de estudio, acreditaciones, revalidaciones? ¿Qué ocurrió realmente dentro de la institución para que la SEP interviniera con sellos y no con un simple oficio?

Universidades como negocio, educación como simulación

La clausura de la Universidad Cuauhtémoc revela un problema estructural: la mercantilización de la educación superior privada en México. En muchas instituciones, los títulos se venden como membresías de gimnasio, con pagos mensuales, servicios disfrazados de formación y planes de estudio que apenas cumplen con lo mínimo. Todo amparado en convenios con autoridades complacientes y procesos de supervisión escasos o simulados.

La SEP, hasta ahora, ha mantenido una política ambigua: permite operar a universidades de dudosa calidad hasta que el escándalo es inevitable. Y cuando actúa, lo hace tarde, sin informar, y dejando a los estudiantes en un limbo legal y académico.

¿Quién responde por los estudiantes?

Aunque la universidad afirma que “los estudiantes no se verán afectados”, la realidad es otra. ¿Qué ocurre con las clases suspendidas? ¿Con las prácticas profesionales? ¿Con los exámenes finales? ¿Qué garantía tienen los alumnos de que su ciclo escolar será reconocido, que sus documentos tendrán validez, que el servicio por el que pagaron —y no poco— será entregado íntegramente?

Hasta ahora, ni la SEP ni la universidad han ofrecido una ruta clara de solución. Lo que abunda son comunicados tibios, declaraciones evasivas y una comunidad académica atrapada entre la burocracia estatal y los intereses privados.

Un llamado a revisar el modelo

La clausura de la Universidad Cuauhtémoc no debería verse como un caso aislado, sino como síntoma de un sistema enfermo: instituciones educativas convertidas en empresas, autoridades que supervisan con complicidad o desdén, y miles de jóvenes reducidos a clientes sin defensa.

Si la SEP quiere recuperar legitimidad, debe explicar públicamente las razones de su intervención, sancionar a los responsables (si los hay), garantizar el derecho de los estudiantes a la educación, y —sobre todo— abrir el debate sobre la calidad, transparencia y ética de las universidades privadas en México.

Porque más allá del sello en la puerta, lo que está en juego no es una matrícula ni un rectorado: es la credibilidad del sistema educativo y el futuro de quienes aún creen que estudiar sirve para algo más que recibir un título.