🛡️ Entra en vigor la Ley de Ciberseguridad en Puebla: ¿protección o control digital?
Con bombo legal y trasfondo político, este viernes entró en vigor la nueva Ley de Ciberseguridad del Estado de Puebla, tras su publicación en la edición vespertina del Periódico Oficial. Impulsada por el exdiputado y actual coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, la iniciativa promete proteger a los poblanos del ciberacoso, el fraude electrónico y el espionaje digital. Pero detrás del discurso protector, no faltan voces que advierten sobre una posible tentación autoritaria: vigilar al ciudadano bajo la bandera de la seguridad digital.
El Congreso del Estado aprobó esta legislación apenas 24 horas antes, en una sesión ordinaria donde el consenso legislativo contrastó con el escaso debate público. La ley, que incluye una batería de reformas al Código Penal del estado, busca tipificar delitos como el ciberasedio, el espionaje digital y el grooming cibernético, es decir, el contacto manipulador con menores vía redes sociales con fines sexuales.
Entre lo necesario y lo peligroso
La ley plantea sancionar severamente a quien acceda a sistemas informáticos sin autorización para obtener información personal, lo cual podría interpretarse como una medida justa ante el creciente número de hackeos, doxxeo y robo de identidad.
Sin embargo, organizaciones civiles consultadas señalan que el articulado deja ambigüedades peligrosas, especialmente en lo referente al concepto de "ciberasedio", que castiga insultos u ofensas digitales cuando se realizan de manera constante y provocan un daño emocional.
“¿Qué significa ofender de forma constante? ¿Quién evalúa la emocionalidad de la víctima? ¿Y qué pasa si la víctima es un servidor público?”, cuestiona una abogada penalista consultada off the record.
No es casual que la nueva ley haya sido promovida por un personaje clave del actual gobierno estatal. José Luis García Parra, quien presentó la iniciativa como diputado, ocupa hoy una de las posiciones más cercanas al gobernador, como coordinador del gabinete. En otras palabras: legisló desde el Congreso para después ejecutar y vigilar desde el Ejecutivo.
Criminalización de la crítica… ¿a un clic?
Las reformas al Código Penal abren la puerta a que mensajes considerados “constantes” y “ofensivos” puedan ser perseguidos como delito. Esto ha generado preocupación entre periodistas, activistas y ciudadanos digitales que usan redes sociales para denunciar actos de corrupción, abuso de autoridad o mal uso de recursos públicos.
En un estado como Puebla, donde la represión digital ya ha sido documentada en gobiernos anteriores con espionaje político y uso discrecional de datos personales, esta ley puede transformarse en un arma de silenciamiento en vez de una herramienta de justicia.
Una ley en tiempos de vigilancia
México es uno de los países con mayor índice de violencia digital, sobre todo contra mujeres, niñas y periodistas. En ese sentido, una legislación en ciberseguridad es necesaria y urgente. Pero también lo es garantizar que no se use con fines políticos, ni se convierta en un pretexto para perseguir a voces incómodas.
Por lo pronto, la ley ya fue publicada. En el papel, promete proteger. En la práctica, tocará a la ciudadanía organizada y a los tribunales evitar que esta protección se convierta en vigilancia institucional.
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