Otorga gobierno
municipal contratos a empresas fantasmas con dinero público
Por Rodolfo Herrera
Charolet
Hay municipios que construyen
obras; otros, como Zacatlán, se especializan en construir simulaciones. Bajo el
mando de José Luis Márquez Martínez (2021–2024), este pintoresco rincón de la
Sierra Norte de Puebla se convirtió en el paraíso de las empresas fantasma y el
infierno de la rendición de cuentas. Porque aquí no se adjudican contratos: se
reparten cheques disfrazados de obras.
Basta rascarle tantito a los
expedientes para que el maquillaje del “progreso” empiece a escurrirse como
pintura barata bajo la lluvia. Calle pavimentada con millones y sin huella de
maquinaria; parques rehabilitados sin una sola cuadrilla trabajando; contratos
asignados con una rapidez tan milagrosa que harían palidecer a los santos
patrones de la burocracia. La legalidad no importa. El papel lo aguanta todo.
Domicilios fantasmas, obras
imaginarias
Ahí está CONINMA, por ejemplo,
pavimentando con $5.2 millones desde un domicilio que no existe. O Blokmart,
cobrando más de $8 millones sin tener una sola pala a la vista. ¿Y qué decir de
JUAZAC? La favorita de la administración, acumulando contratos millonarios sin
que nadie la haya visto poner un solo ladrillo. Todas comparten la misma
fórmula: una oficina que no existe, un capital social mínimo inflado para los
contratos, y un objeto social tan amplio que abarca desde la construcción hasta
la comercialización de chocolates... por si hace falta.
Estas empresas no ejecutan obras:
ejecutan presupuestos. No construyen calles, construyen facturas. Son parte de
una red donde lo único real es el dinero público que desaparece.
La maquinaria invisible del
desvío
¿Dónde están las bitácoras de
obra? ¿Los reportes de supervisión? ¿Los dictámenes técnicos? En Zacatlán, esos
documentos son tan escasos como la ética pública. La ASF debería montar una
oficina permanente aquí. El SAT, instalar una delegación exprés. Y el Órgano de
Fiscalización del estado, salir del letargo y empezar a denjunciar penalmente
el resultado de sus auditorías que se guardan en el silencio.
Los contratos financiados con
recursos federales como FISM y FORTAMUN no están pavimentando calles; están
pavimentando rutas de desvío. Y lo hacen con la complicidad de funcionarios que
adjudican en minutos, sin competencia, sin licitación, sin pruebas. Porque
cuando la corrupción se institucionaliza, lo anómalo se vuelve norma.
Empresas sin rostro, personas sin
empresa
El caso de las personas físicas
contratadas para obras públicas merece capítulo aparte. ¿Cómo explicar que
ciudadanos comunes –algunos desde casas cerradas o en otras entidades– reciban
millones para mantenimiento de caminos y edificios? Fácil: son el eslabón más
desechable de la cadena. Su función es prestar su nombre, emitir una factura, y
desaparecer.
Un municipio atrapado en el
teatro de la simulación
En Zacatlán no se gobierna: se
administra el saqueo. La administración de Márquez Martínez pasará a la
historia, no por transformar el municipio, sino por transformarlo en ejemplo de
cómo simular legalidad mientras se vacía el erario. ¿Y quién investiga? ¿Quién
sanciona? Nadie. Porque este sistema no está roto: fue diseñado para operar
así.
La pregunta ya no es si hubo
corrupción. Es quiénes se beneficiaron y quiénes lo permitieron. El daño está
hecho: calles sin pavimentar, caminos intransitables, servicios fantasmas. Pero
el saqueo dejó rastro. Está en los contratos, en los domicilios falsos, en las
empresas infladas como globos de feria. Y también en la omisión de quienes
debieron fiscalizar y hoy guardan silencio.
Zacatlán, tierra de manzanas y
niebla, se ha convertido en laboratorio del fraude institucionalizado. Y
mientras no se castiguen estos delitos, la historia se repetirá con nuevos
nombres, nuevas empresas, y los mismos métodos.
Que nadie diga después que no se
sabía.
¿O no lo cree usted?
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