Más de 200 Denuncias por Robo de Propiedades y Manipulación de Identidades

 Cártel del Despojo en Oaxaca: Más de 200 Denuncias por Robo de Propiedades y Manipulación de Identidades

Por José Herrera

3 de agosto de 2025

Una red criminal conocida como el Cártel del Despojo continúa operando en Oaxaca, acumulando más de 200 denuncias por despojos inmobiliarios que involucran robo de identidades, falsificación de documentos y hasta “muertes legales” de personas vivas para arrebatarles sus propiedades. A pesar de la gravedad de los delitos, que incluyen la manipulación de registros públicos y actos de violencia, las autoridades estatales y federales no han detenido a los principales responsables, generando indignación entre las víctimas. Este entramado, que opera desde los gobiernos de José Murat Casab (1998-2004) y Alejandro Murat Hinojosa, ha sido señalado por su colusión con notarios públicos, funcionarios del Registro Civil, el Instituto Catastral y el Registro Público de la Propiedad, afectando tanto a comunidades indígenas como a propietarios urbanos en Oaxaca y, recientemente, en Puebla.Modus Operandi del Cártel del DespojoEl Cártel del Despojo opera con un esquema sofisticado que combina corrupción institucional y violencia. Según reportes, los responsables identifican propiedades de alta plusvalía, ya sea por su ubicación o potencial de desarrollo, como en el Corredor Interoceánico o el Centro Histórico de Oaxaca. Posteriormente, manipulan registros públicos en el Registro Civil, el Instituto Catastral y el Registro Público de la Propiedad, alterando actas de nacimiento, “matando” legalmente a propietarios o “resucitando” a personas fallecidas para transferir escrituras a terceros. Estas acciones son avaladas por notarios públicos, quienes formalizan las operaciones fraudulentas.En algunos casos, el despojo se consuma con violencia, incluyendo extorsión, amenazas, desplazamiento forzado e incluso homicidios. Un ejemplo emblemático ocurrió en 2020 en Santo Domingo Ixcatlán, donde el Registro Civil, en complicidad con el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, declaró “muertos” a 1,013 comuneros mixtecos para despojarlos de sus tierras. Tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2021, el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan de León restituyó sus derechos agrarios, pero los responsables no han sido castigados.Casos Emblemáticos

1. Hermanos Gómez Conzatti: En 2020, Caleb, Ashmar y Herbé Gómez Conzatti denunciaron que funcionarios del Registro Civil alteraron sus actas de nacimiento para despojarlos de propiedades en el Centro Histórico de Oaxaca. El notario público Jorge Merlo Gómez, exdirector del Registro Público de la Propiedad durante el gobierno de José Murat, apareció como propietario de los inmuebles. En 2024, un juez de amparo ordenó restituir sus identidades, pero Merlo permanece prófugo en Italia, y las investigaciones no han avanzado.
2. Santo Domingo Ixcatlán: En 2020, más de mil comuneros fueron declarados “muertos” legalmente, incluyendo 22 beneficiarios de una medida cautelar de la CIDH. Este acto buscaba despojarlos de tierras ejidales, y aunque sus derechos fueron restituidos tras la intervención de la CIDH, no hay detenidos por estos delitos.
3. Colonia Gobernadores, San Andrés Cholula (Puebla): En julio de 2025, nueve familias, incluyendo a Juana Santos, Juan Carlos Ruiz, Ligia y Mauricio, fueron desalojadas de sus viviendas en la calle General Rosendo Márquez mediante un juicio mercantil fraudulento en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. El juez Paulino Coronel Díaz ordenó la entrega de un supuesto “terreno baldío” de 720 metros cuadrados para saldar una deuda de un millón de pesos, ignorando que se trataba de casas habitadas con créditos Infonavit vigentes. Las víctimas denuncian que no fueron notificadas y que el desalojo se ejecutó con violencia y apoyo policial.

Avances y Obstáculos en la JusticiaA pesar de las más de 200 denuncias acumuladas desde 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) han avanzado poco en las investigaciones. En 2023, se detuvo a Jorge Armando Zárate Medina, exdirector del Instituto Catastral de Oaxaca, por ejercicio indebido del servicio público, y a Jorge Merlo Gómez, notario público 135, quien fue capturado en Italia pero no ha sido extraditado. En julio de 2025, el Poder Judicial de Oaxaca abrió una investigación contra el juez Paulino Coronel Díaz por su rol en los desalojos de San Andrés Cholula, pero la FGEO reporta obstáculos debido a la falta de cooperación del Poder Judicial de Oaxaca, que alega estar en periodo vacacional.La Consejería Jurídica de Oaxaca revocó en 2025 tres patentes notariales otorgadas por los exgobernadores Alejandro Murat y Ulises Ruiz, incluyendo la de Merlo Gómez, por su presunta participación en el cártel. Sin embargo, las víctimas, como los hermanos Gómez Conzatti, denuncian que la falta de acción penal y medidas cautelares los deja en situación de vulnerabilidad, enfrentando amenazas y carpetas de investigación fabricadas.Contexto de Corrupción SistémicaEl Cártel del Despojo se consolidó durante el gobierno de José Murat Casab (1998-2004), aprovechando conflictos agrarios y la manipulación de registros públicos. Un caso notable fue la resolución de una disputa por 121 hectáreas entre San Raymundo Jalpan y Cuilápam de Guerrero en 1999, donde tierras ejidales fueron revendidas múltiples veces para proyectos como el Teletón y la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, enriqueciendo a notarios como Merlo Gómez. Esta red, que involucra a exgobernadores, notarios y funcionarios de alto nivel, ha extendido su influencia a Puebla, donde opera bajo el mismo esquema de juicios simulados y violencia.En Oaxaca, entre 2021 y 2022, se abrieron 1,467 carpetas de investigación por despojos, con mayor incidencia en el Istmo de Tehuantepec y Oaxaca de Juárez. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha señalado la colusión de notarios, funcionarios y grupos criminales, que usan métodos violentos para desalojar a propietarios legítimos.ConvocatoriaLa persistencia del Cártel del Despojo, con más de 200 denuncias y casos que afectan a comunidades indígenas y familias en Oaxaca y Puebla, exige una acción inmediata de las autoridades. La FGR y la FGEO deben acelerar las investigaciones, judicializar a los responsables, incluyendo a jueces como Paulino Coronel Díaz y notarios como Jorge Merlo Gómez, y garantizar la extradición de implicados prófugos. El gobernador Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio de las víctimas, como Juana Santos y los comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, y de desmantelar esta red de corrupción que opera con impunidad. La ciudadanía demanda justicia, transparencia y seguridad jurídica para evitar que más familias pierdan su hogar.