Por José Herrera
3 de agosto de 2025
En un nuevo capítulo de la crisis de despojos inmobiliarios en Puebla, Juana Santos se convirtió en la más reciente víctima del autodenominado Cártel del Despojo, una red criminal que opera en San Andrés Cholula y que ha dejado a al menos nueve familias sin sus hogares en la colonia Gobernadores. A través de un video difundido en TikTok, Juana narró cómo fue desalojada violentamente el 18 de julio de 2025 de su vivienda, ubicada en la calle General Rosendo Márquez, a pesar de contar con documentos en regla y un crédito Infonavit vigente. Junto a ella, otras víctimas, como su esposo Juan Carlos Ruiz, Ligia y Mauricio, han denunciado públicamente esta ola de desalojos ejecutados mediante juicios fraudulentos originados en Oaxaca, que involucran a jueces, notarios y policías. La situación ha desatado indignación y un clamor por justicia ante el gobierno estatal y federal.Detalles del Caso de Juana SantosJuana Santos, en su video viral, relató el desalojo de su hogar el 18 de julio de 2025, cuando un grupo de personas, apoyadas por policías, irrumpió en su vivienda sin mostrar una orden legal clara. Según su testimonio, la orden judicial, emitida por un juez en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, describía el inmueble como un “terreno baldío”, a pesar de que se trataba de una casa habitada, adquirida con un crédito Infonavit que ella y su esposo, el abogado laboral Juan Carlos Ruiz, continúan pagando. “Tenemos todos nuestros documentos en regla: carta libre de gravamen y pagos al corriente. Es indignante que nos desalojen por un juicio del que nunca fuimos notificados”, afirmó Juana.La afectada denunció que el desalojo se llevó a cabo con uso de fuerza y armas, sin permitirles rescatar pertenencias ni defenderse legalmente. “Nos preguntamos cómo puede ser que alguien reclame un inmueble hipotecado, cómo es posible que las autoridades no nos hayan notificado nada y cómo confiar en que esto no es parte de un cártel inmobiliario”, cuestionó. Juana hizo un llamado directo al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que intervengan y detengan estos abusos.Otros Casos en la Colonia GobernadoresEl caso de Juana no es aislado. Su esposo, Juan Carlos Ruiz, fue el primero en denunciar el despojo de su vivienda el 18 de julio, señalando que la orden judicial se basó en un juicio mercantil fraudulento en Oaxaca, donde un supuesto deudor, Ángel Andrés Bustos Flores, ofreció un terreno de 720 metros cuadrados para saldar una deuda de un millón de pesos con una demandante, Emma Dulce Flores Hernández. Sin embargo, este “terreno” resultó ser las viviendas habitadas por las familias afectadas, quienes no fueron notificadas del proceso.Ligia, otra víctima, denunció el 16 de julio que su casa fue tomada por unas 40 personas con apoyo policial, sin permitirle recuperar sus pertenencias ni a sus mascotas. En un video en TikTok, aseguró que el juicio en Oaxaca fue simulado y que los responsables forman parte de una red de corrupción que incluye jueces y notarios.Mauricio, la tercera víctima en hacer pública su denuncia, narró que el 16 de julio fue alertado por un vecino sobre el desalojo de su domicilio, también en la colonia Gobernadores. “Fui notificado por un vecino que estábamos siendo desalojados por una deuda de personas que ni siquiera conocemos”, expresó en un video, destacando que deberá pagar abogados y trámites para recuperar su patrimonio.En total, nueve familias han sido desalojadas de sus hogares en la calle General Rosendo Márquez, todas bajo el mismo esquema: juicios simulados en Oaxaca que adjudican propiedades habitadas como pago de deudas entre terceros, sin notificar a los propietarios legítimos. Las víctimas aseguran que las casas, muchas adquiridas con créditos Infonavit o bancarios, cuentan con documentación legal, lo que evidencia irregularidades en el proceso judicial.Operación del Cártel del DespojoEl Cártel del Despojo, como lo han bautizado las víctimas y el gobernador Alejandro Armenta, opera mediante una red de corrupción que involucra a jueces, notarios y servidores públicos. Según reportes, el juez Paulino Coronel Díaz, del Distrito Judicial de Cosolapa en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, y el juez de exhortos de la zona metropolitana de Puebla, José Cuauhtémoc Blázquez, han sido señalados por facilitar estos desalojos. En el caso de la colonia Gobernadores, los responsables se habrían apoderado de un terreno intestado en la zona hace dos años, desde donde vigilaron a las familias antes de ejecutar los desalojos el 16 y 18 de julio de 2025.El esquema consiste en simular juicios mercantiles donde un supuesto deudor ofrece un “terreno” para saldar deudas, aunque en realidad se trata de casas habitadas. Los propietarios no son notificados, y las órdenes son ejecutadas con violencia, con apoyo de policías y actuarios. Las víctimas denuncian que el juez de Oaxaca describió las propiedades como terrenos baldíos, ignorando las construcciones existentes, y que el juez de exhortos en Puebla no verificó la legalidad de los procesos.El gobernador Armenta ha reconocido la existencia de este cártel inmobiliario, señalando que está infiltrado en el Poder Judicial y la administración pública de Puebla y Oaxaca. “Detrás del Cártel del Despojo hay muchos presuntos delincuentes de cuello blanco”, afirmó en una conferencia el 29 de julio. La Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Idamis Pastor Betancourt, abrió una carpeta de investigación, pero enfrenta obstáculos debido a la falta de cooperación del Poder Judicial de Oaxaca, que alega estar en periodo vacacional.Contexto de Despojos en San Andrés CholulaSan Andrés Cholula ha sido escenario de despojos inmobiliarios desde hace décadas, especialmente en zonas de alta plusvalía como la colonia Gobernadores, cercana a la Vía Atlixcáyotl. Desde los años 90, comunidades originarias han perdido más de 1,200 hectáreas de tierras ejidales debido a expropiaciones y proyectos inmobiliarios, como Lomas de Angelópolis, impulsados por gobiernos estatales y municipales. Organizaciones como Cholultecas Unidos en Resistencia han denunciado que estas prácticas favorecen a grandes empresas y desarrolladores, dejando a las comunidades en desventaja.En 2014, el ayuntamiento de San Andrés Cholula intentó expropiar 17 predios cercanos a la zona arqueológica de Cholula para un proyecto de parque cultural, desatando protestas de vecinos que calificaron la acción como un despojo. Los afectados, como María del Carmen Guevara, denunciaron desalojos sin notificación y con uso de fuerza, similares a los casos actuales.ConvocatoriaLa ola de desalojos en la colonia Gobernadores, que ha dejado a familias como la de Juana Santos, Juan Carlos Ruiz, Ligia y Mauricio sin sus hogares, exige una respuesta urgente de las autoridades. El gobernador Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum deben garantizar que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Oaxaca colaboren para esclarecer estos juicios fraudulentos y sancionar a los responsables, incluyendo jueces y notarios implicados. Es crucial que se proteja el patrimonio de las familias afectadas, que cuentan con créditos Infonavit y documentación legal, y se eviten nuevos despojos. Los habitantes de San Andrés Cholula merecen justicia, transparencia y seguridad jurídica para recuperar la confianza en las instituciones.
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