Respuesta
Institucional y Social:
El
feminicidio de Monzón generó una fuerte movilización social en Puebla, con
protestas de colectivos feministas exigiendo justicia. La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), el gobierno de España, la ONU-DH y otras
instancias condenaron el crimen y pidieron investigaciones con perspectiva de
género. La rápida identificación de los responsables, apoyada por el sistema de
videovigilancia C5, contrastó con las dilaciones posteriores en el proceso
judicial, marcadas por tácticas dilatorias de la defensa, como amparos y
cambios de abogados.
En
mayo de 2025, López Zavala fue sentenciado a seis años de prisión por violencia
familiar, un avance parcial, pero el juicio por feminicidio sigue en curso, con
audiencias aplazadas múltiples veces debido a estrategias de la defensa, como
"enfermedades" de abogados y solicitudes de amparo. Implicaciones Judiciales: El caso de Cecilia
Monzón ha evidenciado las dificultades del sistema judicial mexicano para
garantizar justicia pronta y expedita en casos de feminicidio.
A
pesar de la detención de los implicados en 2022, el juicio por feminicidio,
programado inicialmente para marzo de 2025, ha sido pospuesto múltiples veces
(hasta al menos septiembre de 2025) por cambios de abogados, amparos y alegatos
de "enfermedades". En mayo de 2025, López Zavala fue sentenciado a
seis años por violencia familiar, un paso significativo que fortalece la
acusación de reincidencia en el feminicidio, pero el proceso principal sigue
pendiente.
La
familia Monzón, en voz de Helena Monzón, exige una condena máxima de 60 años
para los responsables. Las dilaciones han generado críticas por revictimización
y han puesto en cuestión la eficacia del Poder Judicial de Puebla, con
extensiones de prisión preventiva hasta septiembre de 2025 y audiencias que
acumulan más de cinco meses sin resolución.
Cecilia Monzón
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