Conflicto en Calpan

 Crisis Política en San Andrés Calpan: De la Revocación Fallida a Tensiones Persistentes.

Elecciones y Toma de Posesión: Un Inicio Controvertido (Junio 2024)El actual conflicto en San Andrés Calpan tiene sus raíces en el proceso electoral de 2024, cuando Vicente Sánchez Méndez, candidato de Morena, asumió la presidencia municipal tras una victoria ajustada por solo ocho votos contra Víctor Mateo Salinas. Esta elección, registrada ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), posicionó a Bertín Bermeo Morales como suplente y a Lisset Méndez Popoca como síndica municipal, figuras que más tarde jugarían roles centrales en las disputas internas. Desde el inicio de su mandato, Sánchez Méndez enfrentó críticas por su estilo de liderazgo, descrito por opositores como autoritario, lo que sentó las bases para una administración marcada por acusaciones de opacidad y favoritismo. La comunidad, con expectativas de transformación bajo la bandera de la Cuarta Transformación, pronto vio cómo las promesas de equidad y desarrollo se veían empañadas por señalamientos tempranos de irregularidades financieras y exclusión de voces disidentes en el Cabildo. Este estrecho margen de victoria no solo reflejó una división local profunda, sino que también amplificó las tensiones posteriores, convirtiendo el Ayuntamiento en un campo de batalla político donde cada decisión se escudriñaba bajo la lupa de la rendición de cuentas.Denuncias Iniciales de Corrupción y Opacidad (Febrero-Mayo 2025)A partir de febrero de 2025, las críticas contra la gestión de Vicente Sánchez Méndez se intensificaron, con regidoras de diversos partidos —como Marisol Osorio Velázquez del PRD, Nayeli Velázquez Álvarez de Morena y Liliana Caro Velázquez del PT— denunciando la negación sistemática de acceso a estados financieros y detalles de la nómina municipal. Estas acusaciones iniciales pusieron de manifiesto un patrón de opacidad que, según los involucrados, impedía el escrutinio de recursos públicos y fomentaba prácticas irregulares. En paralelo, surgieron señalamientos de un incremento explosivo en la deuda municipal, que pasó de un millón de pesos al inicio del mandato a más de 7.4 millones en menos de un año, un alza del 641 por ciento que no se correspondía con avances visibles en infraestructura o servicios. Este endeudamiento, combinado con la desviación de fondos del Ramo 28 —donde el 82 por ciento del presupuesto se destinó a nómina, excediendo el límite legal del 50 por ciento—, resultó en la paralización de obras públicas y un rezago que afectó directamente a la población rural y urbana. Los regidores argumentaron que estos recursos, destinados a gasto corriente e inversión, se habían utilizado de manera discrecional, priorizando gastos administrativos sobre necesidades urgentes como el saneamiento y el equipamiento comunitario. Estas denuncias tempranas, ignoradas inicialmente por el edil, escalaron hasta generar un clima de desconfianza que culminó en acciones formales por parte del Cabildo, reflejando no solo irregularidades financieras sino también un deterioro en la gobernabilidad local.Protestas por Escasez de Agua y Servicios Deficientes (Marzo-Abril 2025)La indignación ciudadana estalló en marzo de 2025 con manifestaciones espontáneas en las calles de San Andrés Calpan, donde pobladores exigieron soluciones inmediatas a la crónica escasez de agua potable que afectaba barrios enteros y actividades ganaderas. En una marcha marcada por gritos de protesta y amenazas de ocupar la presidencia municipal, los habitantes confrontaron directamente a Vicente Sánchez Méndez, cuestionando su "incompetencia" para resolver fallas en la distribución del recurso hídrico. Los inconformes destacaron cómo, pese a sus esfuerzos comunitarios por desazolvar pozos clave —un pretexto oficial para el desabasto—, el suministro no mejoró, dejando sin agua no solo hogares en la cabecera sino también áreas dependientes de captación en humedales del Iztaccíhuatl, amenazados por la desaparición de glaciares locales. Esta crisis, agravada por la falta de captación pluvial y la ineficiente gestión de pipas, impactó la economía rural con pérdidas en la crianza de ganado y actividades cotidianas, exacerbando la fractura social. Momentos de tensión se vivieron cuando familiares del edil intercambiaron palabras con los manifestantes, subrayando la polarización en el municipio. En abril, las protestas continuaron con denuncias de hostigamiento en redes sociales contra los quejosos, quienes negaron rumores de intentos de toma de instalaciones y reiteraron su demanda por promesas incumplidas. Estas acciones colectivas no solo visibilizaron la negligencia administrativa, sino que también presionaron al Ayuntamiento a mejorar temporalmente el servicio, aunque de manera insuficiente, alimentando el malestar que se extendería a las esferas políticas internas.Sesión Extraordinaria del Cabildo y Revocación de Mandato (27 de Mayo de 2025)El punto de inflexión llegó el 27 de mayo de 2025, cuando el Cabildo de San Andrés Calpan convocó a una sesión extraordinaria para revocar el mandato de Vicente Sánchez Méndez, aprobando la medida por mayoría de votos en ausencia del edil, quien fue notificado pero no asistió. Los regidores, respaldados por la síndica Lisset Méndez Popoca, argumentaron faltas graves como nepotismo —con al menos nueve familiares en la nómina, incluyendo sobrinas como Diana y Melissa López Sánchez en el DIF municipal, primos como Idamis Álvarez Castellanos en Deportes y José Luis Hernández Sánchez como operador de maquinaria, y otras figuras como Ana Karen Méndez Vicente en la biblioteca y Diana Vicente Jiménez en Obras—; desvío de más de 2.3 millones de pesos; y opacidad en el manejo de recursos. Durante la sesión, que se extendió por horas en un ambiente cargado de tensión, también destituyeron a la contralora Reyna Marcos Flores por negarse a entregar informes financieros sin aval del Congreso, nombrando en su lugar a Rafael Cortés Mendoza. Inmediatamente, se tomó protesta a Bertín Bermeo Morales como presidente interino, quien asumió las funciones ejecutivas para garantizar la continuidad administrativa. Esta acción, vista como un "cabildazo" por críticos, buscaba restaurar la gobernabilidad y priorizar el interés colectivo, pero generó controversia inmediata al invadir facultades exclusivas del Congreso estatal, según el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal. La comunidad, testigo de meses de irregularidades, aplaudió el movimiento como un paso hacia la accountability, aunque la validez jurídica quedó en entredicho, marcando el inicio de un proceso que expondría las fisuras profundas en la estructura municipal.Respuesta Institucional y Rechazo de la Revocación (Finales de Mayo-Junio 2025)La Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla reaccionó de inmediato el 27 de mayo de 2025, emitiendo un comunicado que invalidaba la destitución por carecer de sustento legal, recordando que solo el Congreso puede revocar mandatos de ediles electos por voto popular. La dependencia exhortó al diálogo institucional para evitar conflictos mayores y confirmó que Sánchez Méndez continuaba como autoridad legítima, invitando al Cabildo a no adelantarse en cambios. El 28 de mayo, el Congreso, a través de la Comisión de Instructora presidida por Marcos Castro Martínez, anunció que requeriría pruebas concretas para justificar la revocación irregular, calificándola como un exceso prohibido por la ley. El 29 de mayo, el Cabildo formalizó su solicitud ante el Pleno legislativo, turnada a comisiones para análisis, pero el 3 de junio, el diputado Julio Huerta Gómez, presidente de Gobernación y Puntos Constitucionales, declaró la improcedencia por ausencia de elementos jurídicos o penales, viéndolo como un conflicto interno sin manifestaciones ciudadanas. Para el 4 de junio, regidores inconformes, liderados por la síndica Lisset Méndez Popoca, anunciaron recurrir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y otras instancias para investigar, enfatizando que el objetivo era la gobernabilidad frente a un "dictador" que ataba las manos del Cabildo. El 9 de junio, Castro Martínez reiteró la improcedencia, exigiendo causales claras. Estas respuestas institucionales no solo preservaron el statu quo, sino que también expusieron la fragilidad de los mecanismos locales de control, recomendando a Sánchez Méndez mayor coordinación para impulsar el desarrollo municipal.Denuncia por Violencia Política de Género (Julio-Agosto 2025)En medio de la escalada, la síndica Lisset Méndez Popoca presentó el 1 de julio de 2025 una denuncia formal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra Vicente Sánchez Méndez por violencia política de género, bajo el expediente SCM-JDC-235/2025. La queja detallaba actos públicos de denostación y humillación que limitaban su participación en sesiones de Cabildo, incluyendo lenguaje despectivo y exclusión sistemática, enmarcados en un patrón de represalias contra mujeres en el Ayuntamiento. Turnada el 30 de julio al magistrado Luis Enrique Rivero Cabrera para análisis en la Sala Regional de la Ciudad de México, la denuncia buscaba sanciones y medidas restitutivas para fortalecer la paridad de género. Previamente, Méndez Popoca había alertado sobre irregularidades como nepotismo y audios comprometedores con palabras altisonantes, reencauzados a instancias locales. Este caso, que resonó en julio con afirmaciones del alcalde de "gobernabilidad plena" pese al proceso, resaltó la intersección entre corrupción y discriminación, visibilizando cómo las dinámicas de poder en Calpan invisibilizaban roles femeninos y perpetuaban desigualdades en la toma de decisiones municipales.Tensiones Persistentes y Temores por Seguridad (Junio-Octubre 2025)A lo largo de junio y julio de 2025, las declaraciones de funcionarios como el director de Turismo Abner Daniel Méndez Sánchez insistieron en que Sánchez Méndez despachaba con normalidad, calificando el "cabildazo" como anticonstitucional y asegurando gobernabilidad, mientras el Cabildo acumulaba 27 días sin resolución congresual. Para octubre, las tensiones culminaron el 16 de 2025 con regidoras y la síndica —incluyendo Cándida Liliana Caro Velázquez y Mercedes Guadalupe Canto Lorenzo— denunciando amenazas y malos tratos del alcalde, pidiendo intervención a la Secretaría de Gobernación municipal. En su primer informe de gobierno, se impidió que una regidora tomara la palabra, exacerbando temores por su integridad física, con vigilancia policial indebida y prohibiciones a personal para interactuar con ellas. Estas acciones, vistas como represalias por pedir cuentas sobre corrupción, nepotismo y desvíos, han generado un clima de miedo que las afectadas atribuyen a un abuso de autoridad. La comunidad, testigo de esta espiral, demanda mediación estatal para restaurar la confianza y priorizar el servicio público sobre disputas internas.Implicaciones Actuales y Llamado a la Estabilidad (Octubre 2025)Hasta octubre de 2025, la crisis en San Andrés Calpan persiste sin resolución definitiva, con Sánchez Méndez en el cargo pese a las múltiples denuncias, y el Cabildo fragmentado entre lealtades y demandas de accountability. La revocación fallida ha expuesto vulnerabilidades en la Ley Orgánica Municipal, destacando la necesidad de reformas para agilizar procesos de remoción y fortalecer la participación ciudadana. La Segob mantiene mesas de diálogo para mediar, pero la ausencia de avances concretos —como auditorías completas o sanciones— alimenta el descontento, con llamados a una intervención federal si las irregularidades escalan. Este caso no solo ilustra las tensiones en gobiernos locales de Morena, sino que también subraya la urgencia de mecanismos robustos contra la corrupción y la violencia de género, asegurando que el mandato popular se ejerza con transparencia y equidad para beneficio de los habitantes de Calpan.