Exigencia Institucional de Justicia Integral en el Combate a la Corrupción

 28 de octubre de 2025 | Redacción EPrensa:

Exigencia Institucional de Justicia Integral en el Combate a la CorrupciónEl Gobierno del Estado de Puebla, en aras de consolidar un Estado de Derecho sólido y transparente, debe elevar las sanciones administrativas impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado a la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, hacia el ámbito penal, incorporando imputaciones por delitos graves como peculado, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, enriquecimiento ilícito y daño patrimonial agravado. La reciente resolución, emitida el 30 de septiembre de 2025 por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, que condena a la exfuncionaria a 20 años de inhabilitación absoluta para cargos públicos y una multa indemnizatoria de 362 millones 997 mil 678.99 pesos —equivalente al 60% del perjuicio causado—, representa un avance significativo en la rendición de cuentas, pero resulta insuficiente ante la magnitud del quebranto fiscal que afectó directamente los recursos destinados al bienestar colectivo de los poblanos.*** Quebranto Millonario en Accendo Banco: Desvío de 606 Millones de PesosLa responsabilidad principal recae en la autorización irregular de 606 millones de pesos del Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico-Contenciosas, transferidos entre junio y septiembre de 2021 a fondos de inversión de Accendo Banco, institución cuya licencia fue revocada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) apenas 48 días después del último depósito, debido a graves incumplimientos en liquidez y capitalización. Esta operación, ejecutada pese a alertas previas de la CNBV desde marzo de 2021, generó un daño total de 604 millones 996 mil 131 pesos, incluyendo rendimientos no generados, recursos que pudieron destinarse a salud, educación e infraestructura prioritaria. El Tribunal calificó estas acciones como desvío de recursos públicos y abuso de funciones, violando principios constitucionales de responsabilidad administrativa, y subrayó que tales faltas graves superan ampliamente los umbrales legales para sanciones agravadas conforme al artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.*** Daño Patrimonial Adicional por Contrato con Intecproof SA de CVParalelamente, se impone ampliar las investigaciones al contrato adjudicado a Intecproof SA de CV, empresa jalisciense contratada por 773 millones 692 mil pesos para operar durante 2020, 2021 y 2022 el sistema de fotomultas y monitoreo vial mediante 157 radares de velocidad, cuya plataforma fallida generó pérdidas netas cercanas a 300 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones específicas en la Cuenta Pública 2022 por incumplimientos flagrantes: la empresa no alcanzó la meta contractual de 380 mil fotomultas mensuales, recaudando apenas 550 millones de pesos en tres años frente a pagos fijos de 21.4 millones mensuales, resultando en 29 de 34 meses deficitarios. Irregularidades como duplicación de folios, fallas técnicas persistentes y falta de notificaciones eficaces configuran un daño patrimonial directo, atribuible a la negligencia en la supervisión y ejecución contractual, demandando imputaciones penales complementarias por omisión y favoritismo en la asignación.*** Sanciones Complementarias y Denuncias Penales PendientesEl exsubsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, comparte responsabilidad en el caso Accendo, sancionado con 15 años de inhabilitación y multa de 241 millones de pesos, sumando más de 600 millones en reparaciones ordenadas. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción debe transparentar el estatus de las tres denuncias penales interpuestas por la Secretaría de Finanzas bajo Sergio Salomón Céspedes —dos ante la FGR y una local—, contra Castro Corro, Girón y otros implicados por violaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La Fiscalía General del Estado confirma que las carpetas permanecen abiertas, priorizando la judicialización con elementos probatorios exhaustivos para evitar impunidad y garantizar la recuperación efectiva de los recursos públicos afectados.*** Responsabilidad de Amanda Gómez Nava en Omisiones y EncubrimientoUrge esclarecer el rol de Amanda Gómez Nava, exsecretaria de la Función Pública y titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien validó post-facto los "Lineamientos para la gestión financiera" de Castro Corro después de la quiebra de Accendo y la cancelación de su licencia por la CNBV, ocultando el quebranto y omitiendo observaciones obligatorias pese a su conocimiento pleno. Como contralora, su pasividad permitió la perpetuación del daño, configurando presuntos encubrimientos que demandan investigación inmediata por omisión en fiscalización, con posibles sanciones administrativas o penales en curso ante el Tribunal de Justicia Administrativa.*** Indicios de Enriquecimiento Ilícito y Llamado a la TransparenciaDocumentos registrales revelan adquisiciones inmobiliarias inexplicables de Castro Corro: una casa valuada en 5 millones 790 mil pesos al contado seis meses post-renuncia, más un departamento de 3 millones 250 mil pesos, sumando más de 15 millones en propiedades incongruentes con sus ingresos declarados. El Gobierno de Alejandro Armenta y la Fiscalía deben informar públicamente sobre avances penales contra Castro Corro y Gómez Nava, asegurando que la lucha anticorrupción trascienda lo administrativo para restituir la hacienda pública y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.*** Redacción

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