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La corrupción confirmada

 29 de octubre de 2025 | Redacción EPrensa:


Silencio de Rosario Orozco ante la corrupción confirmadaRosario Orozco Caballero, diputada federal por Morena y viuda del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, ha optado por el mutismo absoluto frente a la sanción histórica impuesta a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Finanzas durante la administración barbosista. Esta resolución judicial, emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla, no solo confirma actos de corrupción flagrante en el gobierno de Barbosa, sino que expone el quebranto millonario al erario público derivado de inversiones ilegales en Banco Accendo.
Orozco, quien en el pasado defendió con vehemencia a Castro Corro calificÔndola como un pilar de confianza de su esposo, ha evitado cualquier pronunciamiento en redes sociales, entrevistas o respuestas a consultas periodísticas durante mÔs de 36 horas tras el fallo. Su última expresión pública de apoyo data de enero de 2023, cuando celebró la gestión de la funcionaria ante el Congreso local, destacando las supuestas finanzas sanas del estado.
Este silencio contrasta drÔsticamente con sus declaraciones previas, como las de julio de 2024, donde negó cualquier irregularidad y aseguró que los fondos estaban resguardados, revelando ahora una contradicción evidente ante la justicia que valida el desfalco. La ausencia de reacción de Orozco subraya las grietas en el legado del "barbosismo", donde la protección incondicional a allegados choca con pruebas irrefutables de malversación.***Sanción millonaria e inhabilitación a Castro Corro por el escÔndalo de AccendoMaría Teresa Castro Corro enfrenta una multa astronómica de 362 millones 997 mil 678 pesos, acompañada de una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos, como castigo directo por su rol en el quebranto de 604 millones 996 mil 131 pesos al patrimonio estatal. La inversión prohibida de 600 millones de pesos en Banco Accendo, autorizada en septiembre de 2021 junto con el exsubsecretario José Enrique Girón Zenil, derivó en la quiebra del banco intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sin que se informara oportunamente al Congreso de Puebla.
Esta sanción, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa, califica los hechos como abuso de funciones y desvĆ­o de recursos pĆŗblicos, confirmando la responsabilidad personal de Castro Corro en el mayor desfalco financiero de la era Barbosa. A pesar de la gravedad, la exfuncionaria persiste en un puesto como asesora en la SecretarĆ­a de Administración y Finanzas de la Ciudad de MĆ©xico, ignorando temporalmente las restricciones impuestas. Paralelamente, Girón Zenil recibió una inhabilitación de 15 aƱos y multa de 241 millones de pesos, ampliando el radio de la pesquisa judicial sobre la cĆŗpula financiera del gobierno anterior.***Patrimonio insuficiente: 15 inmuebles y cuentas que no cubren ni el 5% de la deudaEl patrimonio declarado y oculto de MarĆ­a Teresa Castro Corro resulta irrisorio ante la magnitud de la sanción, estimado en apenas 15 millones 234 mil pesos, lo que no alcanza siquiera para saldar el 5% de los 362 millones adeudados al estado. Entre sus bienes figuran once inmuebles registrados —casas, terrenos y departamentos— junto con cuentas en bancos como FONDIKA, HSBC y MetLife, ademĆ”s de fondos de inversión y Afores en Pensionissste, sin saldos precisos que modifiquen el panorama de insolvencia.
MÔs grave aún, la exsecretaria ocultó deliberadamente ocho propiedades adquiridas entre 1996 y 2015 en sus declaraciones patrimoniales de 2019 a 2023, violando la Ley General de Responsabilidades Administrativas y exponiéndose a penas adicionales de prisión de hasta cinco años por falsedad en documentos públicos. Durante la investigación, prosiguió con adquisiciones ostentosas: un departamento valuado en 3.2 millones de pesos en enero de 2022, aún en funciones, y una casa de 5.7 millones en diciembre de 2023. Ni vendiendo todo su acervo declarado u oculto podría Castro Corro enfrentar la deuda, lo que anticipa embargos judiciales y procesos de ejecución forzosa para recuperar el erario perdido en el fallido esquema de Accendo.***Redacción

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