Violencia Vicaria en Hidalgo: Madres Luchan por Recuperar a sus Hijos en un Sistema Judicial Lento y Fallido

 Violencia Vicaria en Hidalgo: Madres Luchan por Recuperar a sus Hijos en un Sistema Judicial Lento y Fallido

14 de Octubre de 2025

Pachuca, Hidalgo.— Los juzgados familiares y penales de Hidalgo se han transformado en verdaderos campos de batalla donde madres y padres libran disputas interminables por la custodia de sus hijos, marcadas por acusaciones de violencia familiar que, en ocasiones, resultan infundadas o manipuladas. En este contexto, emerge con fuerza la violencia vicaria: una forma sutil pero devastadora de agresión en la que los hijos se convierten en instrumentos de control y venganza contra la madre. Dos mujeres, Verónica Yetzín Domínguez Ortiz y Fernanda Remes Oropeza —esta última, hija del alcalde de Poza Rica, Veracruz—, denuncian ser víctimas de este tipo de violencia. Ambas coinciden en que el sistema judicial, en lugar de salvaguardar el interés superior del menor, prolonga los procesos sin ofrecer soluciones concretas, dejando a las familias sumidas en un limbo emocional y legal.La violencia vicaria no es un fenómeno aislado en México. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó su reconocimiento como una modalidad de violencia de género, lo que abre la puerta a una mayor visibilización y sanción. Sin embargo, en Hidalgo, las madres afectadas enfrentan un rezago judicial que puede extenderse meses o años, agravando el sufrimiento de los menores involucrados. Estas historias no solo ilustran el dolor personal de las protagonistas, sino que exponen fallas estructurales en el Poder Judicial estatal, como la falta de protocolos especializados y la ausencia de sanciones efectivas para el incumplimiento de resoluciones.¿Qué es la Violencia Vicaria? Un Tipo de Agresión que Usa a los Niños como ArmaLa violencia vicaria se define como aquella en la que un progenitor —generalmente el padre— utiliza a los hijos como medio para infligir daño emocional, psicológico o físico a la madre, con el fin de controlarla o castigarla por la separación o por desafiar su autoridad. Este término, acuñado en España tras el caso de la feminista Chantal Maillet en 2016, ha ganado relevancia en México, donde se estima que afecta a miles de mujeres anualmente. En Hidalgo, aunque se reformó el Código Penal en 2022 para incluirla como agravante de la violencia familiar, las activistas critican que la ley no es lo suficientemente robusta, ya que no la tipifica como delito independiente con penas más severas.Expertos en género señalan que esta violencia opera de manera insidiosa: comienza con alienación parental —donde el agresor manipula a los niños para que rechacen a la madre—, pasa por la sustracción ilegal de menores y culmina en la obstrucción de visitas o convivencias ordenadas por el juez. El impacto en los niños es profundo: trastornos de ansiedad, depresión y ruptura de vínculos afectivos que pueden perdurar de por vida. En México, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportan que el 97% de los delitos contra infancias quedan impunes, y la violencia vicaria agrava esta crisis al priorizar disputas adultas sobre el bienestar infantil.En Hidalgo, el problema se agrava por la sobrecarga de los juzgados. De enero a septiembre de 2025, se ingresaron 17 mil 194 asuntos en materia familiar, un volumen que genera demoras de hasta tres meses por simple trámite. Las madres víctimas, como Verónica y Fernanda, no solo pierden contacto con sus hijos, sino que enfrentan estigmatización: se les acusa de "alienadoras" o de fabricar denuncias falsas, invirtiendo la carga de la prueba a su contra.El Caso de Verónica Yetzín Domínguez Ortiz: Siete Meses sin Ver a su Hija de 11 AñosVerónica Yetzín Domínguez Ortiz, una madre originaria de Tulancingo, Hidalgo, lleva siete meses sumida en la incertidumbre más absoluta. Desde febrero de 2025, litiga en el Juzgado Primero de lo Familiar de Pachuca por la custodia de su hija de 11 años, una niña que ahora permanece oculta bajo la guarda provisional otorgada a su padre. Todo inició con una denuncia infundada de maltrato infantil presentada por el progenitor, acusaciones que Verónica califica de "falsas y manipuladas" para deslegitimar su rol maternal."Tiene cinco meses que no sé dónde está mi hija. No la lleva a las convivencias. Yo tengo visitas los sábados, pero desde mayo no la presenta", relata Verónica con voz entrecortada, en una entrevista exclusiva. El proceso está paralizado por el rezago judicial: el Consejo de la Familia emite informes semanales de incumplimiento, pero no impone sanciones reales, como multas o arrestos temporales. Verónica denuncia alienación parental evidente —su hija ha sido condicionada para rechazarla—, y calcula que al menos diez madres más en el mismo juzgado enfrentan situaciones idénticas.A pesar de solicitar que se escuche el testimonio de la menor para evaluar su bienestar, la jueza Beatriz Hernández —a cargo del expediente— rechazó la petición, argumentando que "revictimizaría a la niña". Esta decisión, común en estos casos, ignora recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza la voz de los menores mayores de siete años. Paralelamente, el padre enfrenta una denuncia por violencia intrafamiliar que languidece sin judicializarse, un patrón que Verónica atribuye a la lentitud del Ministerio Público."Llevo años peleando por mi hija. Solo quiero saber dónde está. No hay justicia pronta y efectiva", lamenta Verónica, quien ha invertido ahorros en abogados y terapias para sobrellevar el duelo. Su historia resuena con otros casos en Hidalgo, como el de Ana Luz Ángeles García, quien desde 2024 desconoce el paradero de su hija Isabella, sustraída por su padre pese a una custodia materna. Estos testimonios subrayan la urgencia de capacitar a jueces en perspectiva de género y violencia vicaria, como exige la reciente sentencia de la SCJN.El Testimonio de Fernanda Remes Oropeza: Sustracción Ilegal y Nepotismo en la Disputa por sus Tres HijosFernanda Remes Oropeza, hija del alcalde de Poza Rica, Fernando "El Pulpo" Remes Garza —figura controvertida en Veracruz por casos de corrupción y violencia política—, enfrenta un calvario similar que trasciende lo personal y toca fibras políticas. Madre de tres niños de 11, 9 y 8 años, Fernanda denunció la sustracción ilegal de sus hijos por parte de su expareja el 19 de mayo de 2025, tras un divorcio en el que acordaron custodia compartida: los menores con ella de lunes a viernes, y con el padre los fines de semana."Sin embargo, el 19 de mayo, luego de que su expareja recogiera a los menores en la escuela, no volvió a verlos", detalla Fernanda. Cuatro días después, el 23 de mayo, recibió notificación de que el padre buscaba custodia total, impidiéndole todo contacto previo. A pesar de resoluciones judiciales a su favor —incluyendo órdenes de convivencia—, estas no se cumplen, lo que Fernanda atribuye a irregularidades en el juicio de divorcio y presunto nepotismo que favorece al agresor.Además, enfrenta una denuncia penal por "robo a casa habitación", que califica de "dolosa y fabricada": "Quiso convertir un tema familiar en un asunto penal. Hoy tengo una carpeta de investigación abierta, donde mi agresor me acusa de robar objetos de su vivienda, cuando solo fui a recoger pertenencias de mis hijos". Este recurso, común en disputas de custodia, transforma la justicia familiar en un arma de doble filo, exponiendo a las madres a procesos paralelos que las desgastan emocional y económicamente."Mi lucha no es personal, es por justicia imparcial, por proteger a mis hijos y por visibilizar la violencia vicaria que vivimos muchas mujeres", enfatiza Fernanda, cuya posición familiar no ha mitigado el abuso, sino que lo ha complicado con rumores de influencias externas. Su caso evoca otros en Veracruz y Hidalgo, donde la proximidad a figuras políticas no garantiza protección, sino mayor escrutinio público. Desde entonces, Fernanda ha buscado apoyo en colectivos feministas, pero el sistema la obliga a esperar meses por audiencias, mientras sus hijos crecen alejados de su influencia diaria.Fallas del Sistema Judicial Familiar en Hidalgo: Procesos Lentos y Ausencia de SancionesLos casos de Verónica y Fernanda no son excepciones, sino síntomas de un sistema familiar en Hidalgo plagado de deficiencias. Los procesos judiciales se eternizan por sobrecarga: en 2025, Pachuca acumuló 3 mil 975 asuntos familiares, el distrito con mayor volumen. La falta de medidas cautelares efectivas —como localizadores GPS para menores o intervención inmediata de psicólogos— permite que los agresores obstruyan visitas sin consecuencias. Además, la ausencia de sanciones por incumplimiento de órdenes (multas mínimas o suspensiones de derechos) incentiva la impunidad.Expertos recomiendan reformas urgentes: creación de juzgados especializados en violencia vicaria, con jueces capacitados en género, y protocolos para auditar denuncias falsas sin revictimizar a las madres. En Hidalgo, la ley de 2022 fue criticada por colectivos como el Frente Nacional de Mujeres por no consultar a víctimas, resultando en una norma "deficiente" que no ha generado sentencias condenatorias significativas. Mientras tanto, los expedientes de Verónica y Fernanda acumulan polvo, y la vida de sus hijos transcurre en un limbo que amenaza su desarrollo integral.Datos Judiciales Alarmantes: Violencia Familiar, el Delito Más Frecuente en HidalgoLas cifras oficiales pintan un panorama alarmante. De enero a septiembre de 2025, Hidalgo registró 17 mil 194 asuntos en materia familiar y 5 mil 527 causas penales en el sistema acusatorio. Pachuca lidera con 3 mil 975 casos familiares y 1 mil 896 penales. Entre los delitos más judicializados destacan la violencia familiar, con 1 mil 238 causas, e incumplimiento de obligaciones alimentarias, con 635 asuntos.La tendencia es ascendente: en el primer semestre de 2025, se iniciaron 3 mil 589 carpetas por violencia familiar, un aumento del 5% respecto a 2024. De enero a mayo, las denuncias subieron hasta 2 mil 857, con picos en febrero (609 casos). Municipios como Pachuca (599), Tizayuca (427) y Mineral de la Reforma (327) concentran el grueso. A nivel nacional, el 97% de delitos contra infancias quedan impunes, y en Hidalgo, de 2022 a 2025, solo ocho condenas por violencia familiar en regiones como Zacualtipán y Atotonilco el Grande, pese a cientos de denuncias.Estas estadísticas no solo reflejan un colapso operativo, sino una crisis de género: la violencia familiar, penada con uno a seis años de prisión, rara vez llega a sentencia, perpetuando el ciclo de abuso.

Delito	Causas Judicializadas (Ene-Sep 2025)	Tendencia 2024-2025
Violencia Familiar	1,238	+5% (3,589 carpetas primer semestre)
Incumplimiento de Obligaciones Alimentarias	635	Estable
Asuntos Familiares Totales	17,194	+10% anual
Causas Penales Totales	5,527	+8%

En resumen, mientras Verónica y Fernanda claman por sus hijos, Hidalgo urge una transformación profunda en su justicia familiar. La violencia vicaria no solo destroza núcleos familiares, sino que socava la confianza en las instituciones. Es imperativo actuar: por una justicia que priorice a los niños y empodere a las madres, no las revictimice.