El entrelazado entre el huachicol y las sombras de la victimización en Puebla

El entrelazado entre el huachicol y las sombras de la victimización en PueblaDesde el año 2012, el fenómeno del huachicol en Puebla ha seguido un trayecto marcado por la transformación gradual de actividades económicas legítimas en redes ilícitas, particularmente en la región conocida como el Triángulo Rojo. En ese entonces, agricultores de municipios como Tecamachalco, Palmar y Quecholac comenzaron a abandonar cultivos tradicionales, como el nopal, atraídos por ofertas que prometían ingresos rápidos a través de la extracción ilegal de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos. El proceso iniciaba con inversiones modestas, alrededor de 50 mil pesos por cada toma clandestina perforada en sus terrenos, un esquema que se facilitaba mediante presuntas protecciones estatales, lo que permitía que estas operaciones se expandieran con relativa impunidad. Esta transición no solo alteró el paisaje rural, sino que integró a comunidades enteras en un ciclo de dependencia económica del robo de hidrocarburos, donde la complicidad de funcionarios locales jugaba un rol clave en el sostenimiento de las actividades.A medida que estos mecanismos se consolidaban, figuras emergentes en el ámbito delictivo comenzaron a acumular influencia y recursos, tejiendo redes que combinaban el control territorial con la gestión de propiedades aparentemente legítimas. En este contexto, Antonio Valente Martínez, conocido como "El Toñín", se posiciona como un actor central, con un historial que lo vincula directamente al liderazgo en operaciones de huachicol. Sus actividades lo llevaron a ser señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera como presunto responsable de lavado de dinero derivado de ilícitos, una acusación que él rechaza categóricamente, argumentando que sus bienes provienen de esfuerzos familiares honestos. Entre estos bienes destacan aproximadamente 80 hectáreas en Palmarito Tochapan, Quecholac, registradas a nombre de su madre, Porfiria Valente, mediante escrituras del 2 de marzo de 1981, destinadas a siembras y respaldadas por préstamos por 3 millones 200 mil pesos para un rancho y un negocio de fertilizantes. Martínez insiste en que estos fondos no involucran prestanombres ni recursos públicos, sino el fruto del trabajo en el campo.El desarrollo de esta narrativa personal se complica cuando Martínez acusa a instancias gubernamentales de orquestar una persecución sistemática. En 2018, bajo la administración del entonces gobernador Luis Miguel Barbosa, la UIF habría etiquetado como de procedencia ilícita no solo las propiedades familiares, sino también cuentas bancarias en HSBC y el negocio de fertilizantes, un señalamiento que él describe como fabricado y motivado políticamente. "Mi madre empezó ese negocio. Cuando Barbosa dijo que había negocios de procedencia ilícita, yo, la verdad, sí… me duele", expresa, enmarcando su defensa en un tono de agravio personal. Este reclamo se extiende a incidentes más recientes, como la supuesta agresión a su hija, Guadalupe Martínez, por parte del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, durante una protesta en la autopista Puebla–Orizaba. Martínez alega que su hija no tenía responsabilidad en mediar el conflicto, pese a evidencias de su rol en retirar manifestantes junto a aliados de la familia Mier, lo que añade capas de victimización a su discurso público.En paralelo, el ecosistema del huachicol continúa revelando dinámicas de protección institucional que datan de 2012, donde presidentes del Congreso local, como Pavel Gaspar, han denunciado en 2025 cómo el Estado poblano facilitó el auge de estas prácticas mediante la indiferencia o el respaldo activo a las tomas clandestinas. Este patrón de complicidad ha perpetuado un modelo donde la pobreza rural se entreteje con la delincuencia organizada, dejando un legado de impunidad que afecta no solo a las autoridades, sino a las comunidades que alguna vez dependen de la tierra. Así, el caso de Martínez ilustra cómo las raíces del huachicol, sembradas hace más de una década, germinan en disputas actuales que cuestionan la legitimidad de las acusaciones y las defensas por igual. ***9 de diciembre de 2025 | Redacción EPrensa