La diputada local Nayeli Salvatori Cué presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Puebla para tipificar como delito la falsa desaparición de personas. La propuesta busca sancionar con penas de prisión y multas a quienes simulen su propia desaparición o la de terceros con el propósito de obtener beneficios económicos, políticos o de cualquier otra índole.
La iniciativa establece que se considerará falsa desaparición la simulación de hechos que impliquen la ausencia involuntaria de una persona, cuando se demuestre que el reporte fue presentado con conocimiento de su falsedad.
Entre las conductas tipificadas se incluyen la elaboración de denuncias falsas ante autoridades, la difusión de información falsa en medios de comunicación o redes sociales, y la utilización de la supuesta desaparición para presionar a familiares, instituciones o entidades públicas y privadas.La propuesta modifica los artículos 282 y 283 del Código Penal estatal, agregando un capítulo específico sobre delitos contra la administración de justicia relacionados con desapariciones simuladas.
Las penas contempladas van de tres a ocho años de prisión y multas equivalentes a 500 a 2,000 días de salario mínimo, con agravantes cuando la simulación involucre a menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad, o cuando genere movilización de recursos públicos como operativos de búsqueda.
Nayeli Salvatori explicó que la iniciativa responde al incremento de reportes de desapariciones que, tras investigaciones, resultan infundados, lo que genera un gasto innecesario en recursos humanos, materiales y financieros del Estado.
Señaló que estos casos distraen la atención de las autoridades de investigaciones reales y afectan la credibilidad de los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas.La propuesta será turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local para su análisis y dictamen.
De aprobarse, se sumaría a otras reformas en materia penal aprobadas en legislaturas recientes, como las relacionadas con delitos de violencia familiar, extorsión y delitos cibernéticos. La diputada indicó que la iniciativa busca fortalecer el marco legal para disuadir conductas que obstruyan la justicia y generen alarma social infundada.
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