La vinculación a proceso por invasión en predio de La Covadonga avanza tras amparo federal
La Décima Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla vinculó a proceso a Jorge N. por los delitos de despojo y contra el orden en el desarrollo urbano. El caso corresponde a la invasión ocurrida el 9 de abril de 2023 en un predio de 8.5 hectáreas ubicado en la zona de La Covadonga, al norte de la ciudad de Puebla. Un grupo de aproximadamente 50 personas armadas ingresó al terreno en esa fecha, lo que motivó la presentación de denuncia por parte de la Fundación Julita y Antonio I.A.P., propietaria del inmueble.Inicialmente, el juez de control no vinculó a proceso al imputado, por lo que la Fundación promovió un amparo ante la justicia federal. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió la protección y ordenó a la Sala del TSJ considerar todas las pruebas aportadas por la Fundación y el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. Tras la resolución federal, se dictó la vinculación a proceso penal contra Jorge N. El juez de control deberá determinar las medidas cautelares aplicables y el plazo para el cierre de la investigación complementaria.El predio invadido forma parte de la ex fábrica textil La Covadonga, en el lindero oriente de la carretera Puebla-Tlaxcala, a la altura del kilómetro 12.5, frente al casco del rancho "La Covadonga", en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza. El terreno cuenta con malla anticiclónica y una superficie de aproximadamente 30 mil 400 metros cuadrados en referencias relacionadas. La denuncia se registró en la carpeta de investigación 7677/2023.En un procedimiento paralelo relacionado con un segundo predio invadido en la misma zona, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo concedió protección a la Fundación Julita y Antonio. Se ordenó al Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, dar curso a una denuncia ciudadana presentada el 24 de julio de 2025 y supervisar o verificar construcciones irregulares en el inmueble. Anteriormente, las autoridades municipales habían negado la inspección al argumentar que se trataba de un conflicto entre particulares sin orden judicial. En julio de 2025 se realizó un operativo municipal en la zona para demoler construcciones por asentamiento irregular, en coordinación con elementos estatales y federales, derivado de un amparo previo.El caso acumula tres años desde la interposición de la denuncia inicial. Aún permanece pendiente el proceso por la invasión de un segundo predio en La Covadonga, donde se reportaron acciones similares en febrero de 2025, incluyendo rompimiento de cercas y lesiones a cuidadores del lugar. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones correspondientes.

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