San Andrés Cholula, Pue. – La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) reveló más de 626 millones de pesos en observaciones no solventadas en las cuentas públicas de 2022 y 2023 del municipio de San Andrés Cholula. De esa cantidad, 231.9 millones corresponden a 2022 y 394.7 millones a 2023, distribuidos en alrededor de 90 pliegos de observaciones.
Los informes de la ASE documentan un patrón sistemático de irregularidades bajo la administración de Edmundo Tlatehui Percino (PAN, 2021-2024), quien actualmente enfrenta cuestionamientos por presunto daño al erario público. Las anomalías incluyen adjudicaciones directas sin justificación, falta de documentación comprobatoria, obras no ejecutadas o incompletas, subsidios y donativos sin evidencia de entrega, así como pagos por servicios y materiales sin respaldo.
Entre los pliegos más relevantes de 2022 destacan: falta de evidencia en servicios generales por más de 46 millones, información desordenada por 104.9 millones, subsidios sin justificación por 54 millones y diversas obras públicas con irregularidades por más de 25 millones. En 2023, las observaciones escalaron e incluyeron combustibles, servicios profesionales, eventos, publicidad, ayudas sociales y bienes muebles, además de una obra en Tonantzintla con anticipo irregular.
Estas irregularidades afectan directamente servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y seguridad en un municipio con alta densidad poblacional y necesidades básicas pendientes. Mientras los recursos públicos se cuestionan por posibles desvíos, la población recibe despensas y eventos festivos que, según críticos, buscan calmar el descontento social.
Edmundo Tlatehui Percino es señalado como responsable central de este esquema de opacidad. Su gestión ha sido calificada como un “desmadre administrativo” por diversos medios locales. La sucesión familiar hacia su esposa, Guadalupe Cuautle Torres, actual presidenta municipal, ha generado mayores cuestionamientos sobre continuidad en prácticas poco transparentes.
A diferencia de otros municipios que han solventado observaciones similares, San Andrés Cholula acumula un monto que representa un porcentaje significativo de su presupuesto anual. Expertos y analistas consideran que estos hechos podrían configurar delitos como peculado y abuso de autoridad, con posibles denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y sanciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Este caso evidencia un problema estructural de corrupción municipal en Puebla, donde la discrecionalidad en el gasto y la falta de controles internos facilitan presuntos actos de enriquecimiento ilícito a costa de los ciudadanos. La impunidad aparente erosiona la confianza en las instituciones locales y perpetúa la desigualdad en una de las zonas metropolitanas con mayor herencia cultural del estado.
Hasta el momento, no se ha reportado la solventación total de los pliegos ni acciones concluyentes por parte de las autoridades competentes. La ciudadanía exige investigaciones imparciales, transparentes y sanciones ejemplares para recuperar los recursos públicos presuntamente desviados.
Los informes de la ASE documentan un patrón sistemático de irregularidades bajo la administración de Edmundo Tlatehui Percino (PAN, 2021-2024), quien actualmente enfrenta cuestionamientos por presunto daño al erario público. Las anomalías incluyen adjudicaciones directas sin justificación, falta de documentación comprobatoria, obras no ejecutadas o incompletas, subsidios y donativos sin evidencia de entrega, así como pagos por servicios y materiales sin respaldo.
Entre los pliegos más relevantes de 2022 destacan: falta de evidencia en servicios generales por más de 46 millones, información desordenada por 104.9 millones, subsidios sin justificación por 54 millones y diversas obras públicas con irregularidades por más de 25 millones. En 2023, las observaciones escalaron e incluyeron combustibles, servicios profesionales, eventos, publicidad, ayudas sociales y bienes muebles, además de una obra en Tonantzintla con anticipo irregular.
Estas irregularidades afectan directamente servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y seguridad en un municipio con alta densidad poblacional y necesidades básicas pendientes. Mientras los recursos públicos se cuestionan por posibles desvíos, la población recibe despensas y eventos festivos que, según críticos, buscan calmar el descontento social.
Edmundo Tlatehui Percino es señalado como responsable central de este esquema de opacidad. Su gestión ha sido calificada como un “desmadre administrativo” por diversos medios locales. La sucesión familiar hacia su esposa, Guadalupe Cuautle Torres, actual presidenta municipal, ha generado mayores cuestionamientos sobre continuidad en prácticas poco transparentes.
A diferencia de otros municipios que han solventado observaciones similares, San Andrés Cholula acumula un monto que representa un porcentaje significativo de su presupuesto anual. Expertos y analistas consideran que estos hechos podrían configurar delitos como peculado y abuso de autoridad, con posibles denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y sanciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Este caso evidencia un problema estructural de corrupción municipal en Puebla, donde la discrecionalidad en el gasto y la falta de controles internos facilitan presuntos actos de enriquecimiento ilícito a costa de los ciudadanos. La impunidad aparente erosiona la confianza en las instituciones locales y perpetúa la desigualdad en una de las zonas metropolitanas con mayor herencia cultural del estado.
Hasta el momento, no se ha reportado la solventación total de los pliegos ni acciones concluyentes por parte de las autoridades competentes. La ciudadanía exige investigaciones imparciales, transparentes y sanciones ejemplares para recuperar los recursos públicos presuntamente desviados.
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