SOAPAP 2005-2011

 Gestión del Ing. Eduardo Macip Zúñiga al frente del SOAPAP (2005 hasta el 31 de enero de 2011)

Durante la administración del Ing. Eduardo Macip Zúñiga como director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), el organismo enfrentó un crecimiento exponencial de su deuda pública. Esta deuda pasó de niveles relativamente manejables heredados de gestiones anteriores, alrededor de 27 millones de pesos en adeudos menores iniciales según reportes retrospectivos, a más de 3,000 millones de pesos al cierre de su gestión en enero de 2011. 

El incremento se atribuyó principalmente a la contratación y refinanciamiento de créditos con bancos de desarrollo como Banobras y con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Se incluyeron préstamos urgentes por cientos de millones de pesos para cubrir déficits operativos crónicos, obras de emergencia en drenaje pluvial y potabilización, así como el pago de pasivos laborales y subsidios cruzados.

Parte importante de estos recursos se destinó a la modernización de plantas potabilizadoras, a la adquisición de equipo pesado para el mantenimiento de pozos profundos y a la rehabilitación de redes primarias y secundarias en colonias de alto riesgo de inundación y marginalidad, como La Margarita y San Francisco Totimehuacán. Estas acciones se justificaron con el argumento de prevenir contingencias ambientales por descargas residuales al río Atoyac y ampliar la cobertura de servicios en una zona conurbada en rápido crecimiento. Sin embargo, la recaudación tarifaria se mantuvo consistentemente por debajo del 60% de lo facturado. 

Esto generó déficits operativos mensuales superiores a los 20 millones de pesos y obligó a un uso reactivo de la deuda, en lugar de inversiones estratégicas de largo plazo.

La gestión de Macip Zúñiga se extendió desde la transición política de 2005 hasta el 31 de enero de 2011, coincidiendo con el final del sexenio de Mario Marín Torres. Este periodo se caracterizó por una opacidad financiera que generó graves observaciones en las auditorías posteriores. Una auditoría forense realizada por la Contraloría Estatal y complementada con revisiones del despacho Deloitte detectó hasta 72 observaciones, algunos reportes mencionan 76, en la entrega-recepción de 2011. Entre las irregularidades se incluyeron pagos no comprobados por cientos de millones de pesos, convenios que dañaron el patrimonio del organismo, falta de documentación en inversiones realizadas, adjudicaciones directas sin licitación pública, fraccionamiento de compras y pagos por obras no ejecutadas, como la perforación de pozos.

Entre las irregularidades específicas destacaron transferencias y adeudos irregulares con empresas como Radio Principal, S.A. de C.V. (Radio Tribuna). En este caso se aceptó un adeudo por servicios de promoción y publicidad que se pretendió liquidar mediante suministro de agua equivalente a 1.510 litros por segundo en inmuebles habitacionales. También se identificó una deuda oculta de aproximadamente 16.1 millones de pesos derivada de un juicio con la empresa Alta Tecnología en Construcción, S.A. de C.V., por obras no realizadas (8.46 millones por principal más 7.66 millones en gastos financieros). Esta deuda no fue informada a la nueva administración y terminó siendo cubierta por el gobierno entrante de Rafael Moreno Valle. 

La suma total de irregularidades auditadas en el último mes de su gestión, del 1 al 31 de enero de 2011, ascendió a más de 10,814 millones de pesos según la Contraloría. Este monto representaba una proporción significativa del presupuesto estatal y triplicaba aproximadamente la deuda pública acumulada del organismo en ese momento.

Estos hallazgos derivaron en la apertura de un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades (IPADR) por parte del Congreso local en noviembre de 2013. Esto ocurrió tras desecharse el juicio de amparo 675/2013 que Macip Zúñiga promovió ante el Juzgado Cuarto de Distrito y el recurso de queja posterior ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Los recursos fueron declarados improcedentes o infundados al considerar que el pliego de cargos 05972C/2011 no afectaba derechos constitucionales sustantivos. 

El Segundo Tribunal Colegiado confirmó que Macip Zúñiga enfrentaría el proceso sancionador por presuntos manejos irregulares del presupuesto durante su gestión en el sexenio anterior. Esto permitió que la Auditoría Superior del Estado (ASE), a cargo de David Villanueva Lomelí, continuara con la determinación de responsabilidades.

Estos hallazgos generaron un fuerte escándalo en la prensa local y estatal entre 2011 y 2013. Publicaciones en medios como Milenio, e-consulta, La Jornada de Oriente, Reto Diario y El Sol de Puebla denunciaron presuntos manejos irregulares del presupuesto, posible desvío de recursos, compra de pozos que ya pertenecían al gobierno estatal y falta de transparencia en el uso de créditos. 

La auditoría forense y las comparecencias legislativas alimentaron críticas severas por ineficiencia operativa y financiera. Esto exacerbó la percepción ciudadana de una crisis en el suministro de agua potable y saneamiento. Aunque no se reportaron detenciones inmediatas ni sentencias penales concluyentes en todos los casos, el procedimiento sancionador en el Congreso y las observaciones de Deloitte señalaron directamente a Macip Zúñiga, junto con funcionarios como Miguel Ángel Nieva Zárate (Administración y Finanzas), Esteban León Salamanca (Licitaciones) y otros, como responsables principales.

Su salida coincidió con el inicio de la administración de Rafael Moreno Valle, quien heredó un SOAPAP con pasivos superiores a los 3,000 millones de pesos (aproximadamente 800 millones con Finanzas estatales y 2,200 millones con Banobras). Esto sentó las bases para la posterior reestructuración de la deuda y la eventual concesión del servicio a privados años después. 

La gestión se recuerda en fuentes periodísticas y reportes oficiales como un periodo de agravamiento del “albañal financiero” del organismo. El enfoque en mantenimiento reactivo y obras urgentes no compensó las deficiencias estructurales en cobranza y control de costos, contribuyendo al deterioro que obligó a intervenciones posteriores.