ASE establece daño patrimonial por 161.7 millones en gobierno municipal de Puebla

 ASE establece daño patrimonial por 161.7 millones en la administración de Adán Domínguez

La Auditoría Superior del Estado de Puebla entregó los resultados de la fiscalización correspondiente al ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Puebla, en los que se estableció un presunto daño patrimonial por 161 millones 788 mil 575 pesos atribuible a la gestión de Adán Domínguez como presidente municipal. Los hallazgos derivan de siete observaciones no solventadas relacionadas con el gasto público municipal, las cuales se encuentran en proceso de notificación al ente auditado para su aclaración correspondiente. Este informe forma parte del proceso anual de revisión de las cuentas públicas de los ayuntamientos y se suma a otras auditorías federales y estatales previas sobre la misma administración.
La información detallada indica que el monto principal, equivalente a 106 millones 48 mil 551 pesos, corresponde a servicios de difusión en radio, televisión y otros medios, así como a la creación y difusión de contenido a través de internet, ante la falta de documentación comprobatoria completa que acredite los contratos, la ejecución de los servicios y las pólizas contables. Otras observaciones incluyen 26 millones 851 mil 100 pesos por el servicio integral de mantenimiento de áreas permeables sin reportes fotográficos georreferenciados ni evidencia de las intervenciones realizadas; 8 millones 26 mil 448 pesos por arrendamiento de equipos multifuncionales sin comprobantes de pago ni transferencias bancarias; 6 millones 630 mil pesos en servicios de limpieza de inmuebles municipales; 5 millones 183 mil 640 pesos por prestación de alimentos para personal en capacitación; 4 millones 692 mil pesos en servicios de poda y derribo de árboles; y 4 millones 356 mil 836 pesos por mantenimiento de bancas y trabajos de herrería en espacios públicos. Todas las observaciones permanecen pendientes de solventación.
Entre los antecedentes de hechos conocidos y publicados en prensa se encuentran revisiones anteriores de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado que detectaron irregularidades en la misma administración municipal. En febrero de 2026 se reportaron observaciones por 63.5 millones de pesos en la gestión de Adán Domínguez, mientras que en mayo de 2025 se presentó una denuncia por un daño financiero de 547 millones de pesos atribuible a las administraciones de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez. En septiembre de 2024 se difundieron observaciones por más de 400 millones de pesos y en noviembre de 2025 se detalló un hoyo financiero de alrededor de 550 millones de pesos derivado de pagos pendientes sin respaldo documental.
Las evidencias encontradas en la auditoría de 2024 consisten principalmente en la ausencia de documentación soporte, contratos incompletos, falta de reportes de ejecución y pólizas contables que justifiquen el gasto ejercido. Estas irregularidades fueron comentadas en publicaciones periodísticas previas que señalaron patrones similares en ejercicios fiscales anteriores, incluyendo pagos sin comprobantes bancarios y falta de acreditación de servicios contratados en áreas como comunicación social y mantenimiento urbano.
El comportamiento de los involucrados incluyó, según reportes periodísticos, la presentación de respuestas formales por parte de Adán Domínguez en ocasiones anteriores, donde se indicó que se procederían a aclarar las observaciones. En el contexto más amplio, los antecedentes del morenovallismo comprenden reportes publicados sobre administraciones estatales y municipales vinculadas a Rafael Moreno Valle entre 2011 y 2017, en las que se documentaron observaciones por el uso de empresas para contrataciones y desvíos de recursos en obras públicas, así como deudas públicas heredadas a gobiernos subsiguientes.
Las implicaciones legales derivadas de las evidencias y los hechos establecen que el Ayuntamiento de Puebla debe iniciar los procesos de aclaración dentro de los plazos previstos por la normatividad y, en su caso, proceder al resarcimiento del daño a la hacienda pública. La Auditoría Superior del Estado promovió responsabilidades administrativas sancionatorias, las cuales pueden derivar en procedimientos ante el Ministerio Público o instancias jurisdiccionales en caso de no solventarse las observaciones.
El proceso de fiscalización continúa con la notificación formal al ente municipal y el seguimiento por parte de las autoridades competentes para determinar la procedencia de las aclaraciones o las acciones de resarcimiento correspondientes, en el marco de las disposiciones legales aplicables a la rendición de cuentas públicas en el estado de Puebla.